Nueve años de Ley Mordaza: dos millones de multas y una reforma incumplida

En el año 2015, el gobierno de Mariano Rajoy aprobó en el Congreso de los Diputados gracias a su mayoría absoluta la Ley de Seguridad Ciudadana, apodada y conocida por todos como 'Ley Mordaza'. Una norma, creada para dotar de nuevos poderes y capacidades a los cuerpos policiales, que generó una gran polémica al verse como un ataque a los derechos de manifestantes - como los de libertad de expresión y de reunión - en plena explosión de movilizaciones sociales contra los recortes llevados a cabo por el Ejecutivo del PP. 

La norma comenzaba a regular como sanciones administrativas conductas que antes, en su mayoría, se recogían en el Código Penal como meras faltas. Entre sus puntos clave se encuentran, por ejemplo, las multas por manifestarse sin permiso, por negarse a disolver una concentración o por provocar altercados, que van de los 600 a los 600.000 euros. Además, las manifestaciones no comunicadas pueden ser multadas hasta con 600.000 euros para quienes las organicen.

Pero hay más: tratar de parar un desahucio se puede castigar con hasta 30.000 euros y ocupar inmuebles como una sucursal bancaria o colgar pancartas en edificios lleva consigo una sanción de hasta 600 euros. Incluso, la obstrucción a la autoridad en el ejercicio de sus funciones, por ejemplo cuando se intenta evitar un desahucio, supone una infracción grave que puede ser sancionada con hasta 30.000 euros. 

Desde su misma aprobación, la ley de Seguridad Ciudadana ha sido también muy criticada por organizaciones de derechos humanos por que contempla las devoluciones en caliente de inmigrantes o por legalizar el uso de las pelotas de goma por parte de antidisturbios para disolver protestas. 

El PSOE votó en contra de la aprobación de esta ley, presentó un recurso de inconstitucionalidad y prometió derogarla en el caso de llegar al poder. Nueve años después, sin embargo, la norma sigue vigente y el Gobierno no parece tener entre sus planes su reforma integral.

El pasado martes, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anunciaba a bombo y platillo que los dos socios del Ejecutivo habían acordado acabar con la ley mordaza. Sin embargo, con el paso de las horas, ese sonado audiencia fue perdiendo fuerza. Los socialistas puntualizaron que la derogación no era tal y que sólo se modificaría su artículo 36, el referido a la toma y difusión de imágenes por parte de los medios de comunicación durante la cobertura de actuaciones policiales, el único que fue declarado inconstitucional.

Además, en paralelo, PSOE y Sumar acordaron la supresión de varios delitos del Código Penal. El primero, contemplado en el artículo 525, es el delito contra los sentimientos religiosos o escarnios públicos. También se derogarán los delitos por injurias contra la Corona, tipificados en los artículos 490.3 y 491; así como contra el Gobierno de la nación, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional y el Ejército, en el artículo 504.

Pero al margen de la modificación del artículo 36, la 'Ley Mordaza' seguirá vigente. Una norma que, entre 2015 y 2022, ha servido para imponer casi dos millones de multas (1.817.478). La mayoría de ellas han sido por desobediencia, resistencia o por faltas de respeto a la autoridad. Interior también impuso en 75 días del estado de alarma por la pandemia del coronavirus cerca de 1,1 millones de multas, que después fueron anuladas por el Constitucional. 

Sánchez prometió derogarla desde su misma aprobación. En 2015, en un programa de televisión, le dijo a un ciudadano que "no tuviera duda" de que la iba a derogar. Habló, incluso, de que esta norma "recorta los derechos a la manifestación de millones de españoles". 

Su opinión, aparentemente, no cambió tras llegar a la Moncloa en 2018. "Vamos a avanzar en derechos derogando la Ley Mordaza, porque ninguna sociedad realmente libre persigue la libertad de expresión", dijo en un acto al poco de ser presidente.

El acuerdo de gobierno entre PSOE y Unidas Podemos recogía el compromiso de aprobar una nueva ley de seguridad ciudadana "para garantizar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica". Y es cierto que se estuvo muy cerca, pero los socios de Gobierno lo impidieron. ERC y Bildu no querían una "reforma light" de la norma y pidieron expresamente acabar con el uso de las pelotas de goma, las sanciones por desobediencia a los agentes o las devoluciones en caliente. El adelanto electoral de Sánchez tras las eleccioens autonómicas y municipales de mayo de 2023 enterraron cualquier oportunidad de culminar con éxito la propuesta de reforma.

En esta legislatura, el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Sumar recogía lo siguiente en el bloque referido a "democracia y justicia": "Reformaremos, y derogaremos, aquellos aspectos de la normativa vigente que limita los derechos de reunión y libertad de expresión (la «ley mordaza» y el Código Penal). En concreto, garantizaremos el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica. Introduciremos un sistema de sanciones restaurativas y reparadoras, que contemple la capacidad económica de los sancionados. Esta nueva legislación estará basada en una concepción progresista y garantista de la seguridad ciudadana y jurídica, y priorizará la garantía de derechos y la protección de la ciudadanía, y en particular regulará, entre otros, el derecho de reunión y manifestación, la identificación y registro corporal, la utilización de técnicas preventivas y disuasorias, así como la identificación de los agentes. Garantizará asimismo la libertad de información y la transparencia informativa". 

¿Por qué, entonces, el PSOE parece resistirse a derogar la ley mordaza? "Yo creo que es por presión de la Policía y del ministerio del Interior", asegura a El HuffPost Inés Díaz, responsable del área jurídica de Greenpeace. Su ONG, multada de forma recurrente por sus acciones reivindicativas, se ha unido recientemente a otras ocho organizaciones de la sociedad civil para denunciar que la criminalización de la protesta ha aumentado en estos nueve años al aplicarse medidas que limitan la capacidad de la ciudadanía para defender sus derechos. 

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en efecto, se han mostrado reiteradamente en contra de tocar ni una sola coma de la ley. Este martes, poco después de que Yolanda Díaz hablara, los principales sindicatos policiales salieron en tromba exigiendo conocer los detalles de este pacto y el alcance que puede tener una posible derogación de esta norma. "Los policías y guardias civiles tendrán más difícil, y en ocasiones casi imposible, llevar a cabo su labor, y quienes sufrirán las consecuencias serán los ciudadanos, que se verán perjudicados, ya que la voluntad de unos pocos será suficiente para recortar sus derechos y libertades", señalaban desde Jupol. 

Para Greenpeace, sin embargo, no puede darse la prometida "regeneración democrática" que promueve Sánchez si no se permite la libre protesta en España. "Uno de los pilares de la democracia es poder manifestarnos. Y si tienes una ley que limita la protesta con sanciones de 600 euros, estás cercenando de forma clara la voluntad de poder expresarse. Y esto no permite que haya un buen clima democrático", añade Inés Díaz.

Afectados por las sanciones hay muchos. El sindicato de Vivienda de Carabanchel ha denunciado a través de sus redes sociales que suma más de 40.000 euros en multas "por el simple hecho de luchar por la vivienda de nuestras vecinas frente a los desahucios y la persecución por parte de los cuerpos represivos y de los propios políticos profesionales". Según Amnistía Internacional, el grupo vecinal No a la Tala en Madrid también acumula 20.000 euros en multas por negarse a la tala de más de 1.000 árboles en sus vecindarios. Casi la misma cantidad que tiene que pagar el grupo Defendemos Palestina por sus protestas en 2023 ante la visita de la Embajadora de Israel a la Universidad Complutense.