El pacto de PP y Vox en Aragón incluye derogar la ley de memoria, reformar la ley trans y desproteger la lengua

PP y Vox han rubricado este viernes su acuerdo para conformar un gobierno de coalición en Aragón que hará presidente al popular Jorge Azcón mientras los de Abascal asumirán dos consejerías: la de Agricultura y Ganadería y la de Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia, esta última con rango de vicepresidencia. 

El pacto se ha firmado en la Sala Goya del Palacio de La Aljafería con la ausencia destacada de Jorge Azcón, que ha delegado la rubrica en su portavoz parlamentaria, Ana Alós. Dicha alianza se basa en un acuerdo programático de 80 puntos que contempla, entre otros asuntos, derogar la ley de memoria, la censura parental en las escuelas, reformar la ley trans autonómica o aprobar una rebaja de impuestos en Sucesiones y Patrimonio. 

"El pacto es un fiel reflejo de la mayoría de cambio surgido en las urnas el 28-M. Aragón tendrá un gobierno fuerte y estable basado en la defensa de la libertad, el desarrollo socioeconómico, una fiscalidad justa, la cohesión territorial, la mejora de los servicios sociales, la protección de la mujer y de la familia y la conservación de nuestras culturas y tradiciones", ha señalado Alós.

Concretamente, el acuerdo alcanzado señala explícitamente la derogación de la Ley de Memoria Democrática de Aragón y la reforma de la Ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social, Los puntos a modificar de dicha ley trans no se especifican en el acuerdo, aunque Alós ha advertido de que su partido presentó 11 diferentes enmiendas que ahora servirán de base para acometer esos cambios. 

En materia económica, el pacto habla de una rebaja de medio punto los cinco primeros tramos del IRPF (hasta los 50.000 euros), una reducción del impuesto de Sucesiones y Donaciones estableciendo una bonificación del 99 % entre padres, hijos, abuelos y cónyuges y una reducción gradualmente del impuesto actual entre hermanos, tíos y sobrinos mediante bonificación en la cuota. 

Ambos partidos abogan también por que se elimine el impuesto sobre Patrimonio, pero evitan bonificarlo de manera generalizada como en Madrid o Andalucía. En concreto, elevará el mínimo exento a los 700.000 euros y se bonificará al 100 % el patrimonio formado por inversiones en empresas, activos productivos de bienes o servicios generadores de empleo.

En materia educativa, PP y Vox señalan de forma explícita que sacarán "la ideología de las aulas permitiendo que los padres elijan la educación de sus hijos" y asumen la aprobación del veto parental respecto a los contenidos extraescolares en los colegios. “Los padres elegirán libremente y en su caso autorizarán el contenido de las actividades extracurriculares”, detallan.

Con respecto a Igualdad y lucha contra la violencia de género, ambos partidos refrendan su "compromiso absoluto en la lucha contra la violencia machista", pero a su vez también aseguran que "promoverán políticas que persigan erradicar la violencia doméstica o intrafamiliar (...) garantizando la igualdad entre todas las víctimas". Una manera de asumir los postulados de Vox de que en el ámbito familiar o doméstico hay violencias contra todo tipo de personas, incluyendo las mujeres. Sobre los asuntos de Igualdad, de los que no se hace referencia en el documento, Alós ha señalado que el nuevo Ejecutivo "aplicará todas las medidas necesarias para garantizar la protección de la mujer" y no ha querido adelantar si dichas competencias dependerán del propio Azcón, como ha ocurrido en Extremadura.

Lo que sí avanza el documento es que el nuevo gobierno situará a la familia en el centro de todas las políticas públicas, eliminando cualquier traba normativa que lo impida, para lo que la Consejería de Ciudadanía y Derechos Sociales (que es la que tenía la secretaría de Igualdad en la anterior legislatura) pasará a ser o Consejería de Bienestar Social y Familia y se creará la Dirección General de Familia, Infancia y Fomento de la Natalidad. Además, se modificará el Reglamento de las Cortes para incluir la perspectiva de familia en la elaboración de las leyes que se aprueben.

La diversidad lingüística tampoco será apoyada en Aragón. El pacto adelanta la supresión de la Dirección General de Política Lingüística y traslado de funciones a la Dirección General de Cultura y Patrimonio, eliminación de las ayudas a entidades sin ánimo de lucro en materia de política lingüística y revisión del texto de la Ley de uso, protección y promoción de las lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón.

Finalmente, sobre el asunto del trasvase del Ebro, el acuerdo sólo habla del desarrollo de las obras de regulación hidráulica “necesarias para garantizar la reserva hídrica estatutaria, la modernización y ampliación de regadíos, el suministro industrial y de boca y el uso eficiente de los recursos hídricos en las próximas décadas”. Un asunto espinoso puesto que el presidente de Vox, Santiago Abascal, defendió en campaña "una Política Hidrológica Nacional, de la interconexión de cuencas y a tantos trasvases como sean necesarios para que no falte el agua en absolutamente ningún lugar de España”. El PP de Aragón, por su parte, siempre se ha negado a un trasvase del Ebro debido a los problemas de sequía que tiene la región y a que no están construidos todos los embalses incluidos en el Pacto del Agua.