Las claves de la reubicación solidaria de los niños, niñas y adolescentes migrantes

En la eterna batalla cultural de la extrema derecha, la disputa por el significado de las palabras juega un papel clave. Por escrito, una palabra puede no ser más que un conjunto de letras, pero todas juntas, leídas, habladas y, sobre todo, utilizadas en el contexto político, pueden llegar a retorcerse para terminar siendo hirientes, para dejar de ser palabras y convertirse en armas. Es lo que sucede, por ejemplo, con la palabra mena, un vocablo que en realidad nació como un acrónimo neutro que se usaba en el ámbito legal y social. Menores Extranjeros No Acompañados. Y ya.

Pero durante años, la extrema derecha ha distorsionado tanto el acrónimo que hoy en día mena es casi un insulto, una forma de identificar y estigmatizar a los migrantes, sean menores o no, como delincuentes. Según el reciente Informe Anual realizado por el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia, más de la mitad de los discursos de odio que se vierten en las principales redes sociales tienen como diana a los menores migrantes no acompañados.

Aunque la objetividad no debería llevar a engaño, en estos momentos no es lo mismo decir mena que hablar de niños y niñas que no han tenido más alternativa que dejar su país para, solos, sin la compañía de referentes o familiares adultos, tratar de alcanzar España con el anhelo de una vida mejor. Niños, niñas y adolescentes que tan solo codician la garantía de los derechos más básicos.

Este miércoles, el Ministerio de Infancia y Juventud se reúne con todas las Comunidades Autónomas en la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia para abordar la reubicación solidaria de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados que han llegado a Canarias, Ceuta y Melilla, aunque sobre todo a las Islas. Solo en este primer semestre se calcula que más de 5.500 niñas, niños y adolescentes llegaron a las Islas Canarias sin la compañía de ningún adulto.

No es la primera vez que la Comisión lo trata. Sucedió en 2022 y en 2023. El pasado mes de octubre, de hecho, se aprobó un traslado solidario de 340 menores migrantes. El problema es que muchas Comunidades Autónomas lo han bloqueado. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los Gobiernos autonómicos están en manos de un Partido Popular que no solo imita el discurso anti inmigratorio de Vox sino que depende de ellos para gobernar. No todas las Comunidades gobernadas por el PP, no obstante, tienen la misma posición. En Galicia, su presidente, Alfonso Rueda, aunque ha utilizado también el despectivo término de “avalancha”, ha asegurado que serán “solidarios” con el “reparto” de menores migrantes. Claro que Rueda no necesita a Vox para gobernar.

Desde hace unos días, los de Santiago Abascal y él mismo se han dedicado a amenazar con romper los pactos en las Comunidades en las que gobiernan de manera conjunta si el PP acepta la acogida de los niños, niñas y adolescentes.

Además del “traslado solidario”, la Comisión Sectorial de este miércoles debatirá además lo que se conoce como “solución canaria”, es decir, una modificación de la Ley Orgánica de Extranjería que, según el Gobierno canario, “garantice la solidaridad con una distribución equitativa” de los menores migrantes. Es decir, que todas las Comunidades Autónomas, en función de sus capacidades, asuman de manera solidaria la acogida de menores y no solo los lugares a los que llegan, Canarias, Ceuta y Melilla. “Lo que está a prueba”, afirmaba el presidente canario, Fernando Clavijo, “es si somos un país capaz de dar respuesta a una crisis humanitaria o si seguimos viviendo de espaldas al fenómeno migratorio dejando sola a Canarias”.

Tal y como explican desde el Gobierno isleño, “la base del acuerdo para la reforma de la Ley de Extranjería”, pactado entre Canarias y el Estado, “reconoce su aplicación solo en los territorios que se encuentran en situación de emergencia migratoria, en estos momentos Canarias, Ceuta y Melilla”. “En la situación actual”, señalan, “supondría la salida de las islas a otros territorios de aproximadamente 2.500 menores no acompañados en un plazo máximo de 12 meses, atendiendo a los criterios vigentes, fijados por la Comisión Sectorial de Migración en 2022, así como de los que leguen siempre que se supere el cupo”. “El criterio para definir la situación de saturación de un territorio será cuando esté por encima del 150% de su capacidad”, detallan.

Teniendo en cuenta lo dicho con anterioridad, que gran parte de las Comunidades están en manos del PP, y que una reforma de la Ley de Extranjería, al ser Orgánica, precisa de mayoría absoluta en el Congreso, el Gobierno precisa del apoyo de los de Feijóo. El Partido Popular tendrá que escoger entre apostar por una solución humanitaria o por mantenerse al lado de Vox. Cabe señalar que en Junts tampoco apoyarían que Cataluña forme parte de la reubicación ni la reforma de la Ley de Extranjería. Arguyen su postura en que están en plenas negociaciones para asumir materias de inmigración.

Este martes, en rueda de prensa, sin especificar qué decisión tomarán hoy en la Comisión, el portavoz del PP, Borja Sémper, criticó las amenazas de Vox, que “no funcionan con Alberto Núñez Feijóo”, e insistió en que el Gobierno debe dotar de recursos materiales y económicos para garantizar la acogida en las autonomías. A este respecto, a finales de 2023, el Gobierno ya anunció un paquete de 35 millones de euros para “la acogida entre todas las Comunidades Autónomas de 400 niños, niñas y adolescentes llegados a Canarias y Ceuta”.

La ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, espera del encuentro “un gesto positivo y de colaboración por parte de las Comunidades Autónomas, fundamentalmente de las del Partido Popular”. Rego ha decidido convocar a los consejeros y consejeras en las Islas para que puedan ver in situ “las condiciones de los niños y las niñas”, una idea que ha apostado por reforzar: “Son niños y niñas que están solos y solas, sin sus padres. La infancia tiene derechos y los poderes públicos tenemos la obligación de garantizarlos”.

La ministra ha criticado que la posición de los de Feijóo haya cambiado ya que el traslado que proponen “es la misma propuesta que se hizo en 2022 y aceptó el PP”. “Lo que ocurre”, ha expresado, “es que no han cumplido lo acordado después de que se les haya transferido los recursos por parte del Estado”. “Del 2022, hay todavía un 40% de plazas vacantes con los fondos ingresados del Estado, y de 2023, un 85% de plazas que no se han cubierto también con los fondos ingresados del Estado”.

Aunque Rego confía en que las autonomías terminen apoyando la reubicación solidaria, ha considerado que “necesaria” la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería, que permitiría que “los traslados sean inmediatos”.

La Ruta Canaria, la más mortífera

Este año, según el Monitoreo del Derecho a la Vida de los primeros cinco meses de 2024 que realiza el colectivo Ca-Minando Fronteras, está siendo el más mortífero. Del total de 5.054 personas (50 eran niños y niñas) que han muerto en la Frontera Occidental Euroafricana, 4.808 lo hicieron solo en la ruta canaria.

La ruta atlántica, explican en el informe, “sigue siendo la más letal y peligrosa de todas”: “Esta incluye las salidas de Mauritania, Senegambia (Senegal y Gambia) y desde las costas situadas entre Dajla y Tan Tan, con destino a las Islas Canarias”. Desde la organización explican que, en total, “desde enero a finales de mayo, 33 personas han muerto al día en las rutas migratorias hacia el Estado español”, el “dato de fallecimientos diarios más alto de la serie histórica”.

Uno de los motivos que explican este aumento en las cifras es, según Ca-Minando Fronteras, el acuerdo bilateral firmado entre Mauritania y España en 2024, que “pone el foco únicamente en el control migratorio para evitar las salidas de embarcaciones de las costas mauritanas, pero no ha establecido protocolos de colaboración para defender la vida de personas en riesgo”.

Entre otras cosas, denuncian, además, “una gran arbitrariedad en la activación de los servicios de rescate y en la toma de decisión de los medios que se utilizan para salvar la vida de las personas en movimiento”. “No se activan los medios de búsqueda y rescate necesarios, a pesar de tener posiciones exactas donde está sucediendo un naufragio”, señala el monitoreo aparte de las malas condiciones de las embarcaciones o las largas travesías que recorren.

Durante todo el año 2023, según el informe anual del Defensor del Pueblo y con datos facilitados por el Ministerio del Interior, de las 56.582 personas que llegaron a España, 39.910 lo hicieron a Canarias, 24.000 personas más que en 2022.

En su informe, el Defensor del Pueblo certifica la situación de presión que sufre el servicio de acogida canario y las malas condiciones en las que sobreviven los niños, niñas y adolescentes no acompañados llegados a Canarias. Considera que “la distribución territorial del crédito destinado a apoyar a las comunidades autónomas en la acogida” supondría “una indudable mejora respecto a la situación anterior”.