Las claves de la ley de amnistía y el pacto cerrado por el PSOE y Junts

El acuerdo firmado entre PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez incluye una amnistía, sin nombres, que abarcará el periodo comprendido entre 2012 y 2023 e incluirá casos de la denominada lawfare o judicialización de la política, tal y como había venido reclamando la formación independentista catalana.

Así lo recoge el texto de ese acuerdo que han suscrito en Bruselas el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y el secretario general de Junts, Jordi Turull. 

La ley de amnistía ha sido el principal escollo para el acuerdo, y finalmente, ambos partidos la defienden "para procurar la plena normalidad política, institucional y social como requisito imprescindible para abordar los retos del futuro inmediato".

Estos son los detalles del pacto:

1) Los dos partidos se han comprometido a que la ley incluya tanto a los responsables como a los ciudadanos que, antes y después de la consulta de 2014 y del referéndum de 2017, han sido objeto de decisiones o procesos judiciales vinculados a estos eventos.

A ese ámbito temporal se ha referido Cerdán en la rueda de prensa que ha ofrecido en la capital belga para informar del acuerdo que ha rubricado con Junts. El secretario de Organización socialista ha explicado que ese párrafo implica que la futura amnistía cubre a todas las personas relacionadas "directa o indirectamente" con el procés independentista "entre 2012 y 2023". Pero ha recalcado que, tal y como se puede comprobar en el texto del acuerdo, éste no incluye nombres.

2) El pacto señala que "las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas".

El expresident Carles Puigdemont ha venido exigiendo que la ley de amnistía se aplicara a estos casos que, según ha denunciado, implican " un uso estratégico de las leyes para perjudicar a disidentes". Esta es una exigencia que puede abrir la puerta a que la amnistía también abarque a personas que han cometidos delitos que no están comprendidos directamente en el proceso independentista, como la presidenta de Junts, Laura Borrrás o el colaborador del expresident Puigdemont, José Luis Alay.

3) Junts ha propuesto en el acuerdo con el PSOE para la investidura de Sánchez la celebración de un referéndum de autodeterminación sobre el "futuro político de Cataluña", mientras los socialistas señalan que defenderán el "amplio desarrollo" del Estatut de 2006.

En el texto  figura la puesta en marcha de un "mecanismo internacional" entre ambas organizaciones para "acompañar, verificar y realizar seguimiento de todo el proceso de negociación y de los acuerdos" a los que lleguen, más allá de lo recogido en el propio pacto de investidura.

En ese marco, las dos formaciones señalan que concretarán "la metodología de la negociación" y los contenidos de los acuerdos a negociar, según consta en el documento difundido por el PSOE.

Junts ha avanzado que propondrá, en la primera reunión de negociación este mismo mes de noviembre, la celebración de un referéndum de autodeterminación sobre el futuro político de Cataluña "amparado en el artículo 92 de la Constitución".

Al respecto, el PSOE señala que "defenderá el amplio desarrollo, a través de los mecanismos jurídicos oportunos, del Estatut de 2006, así como el pleno despliegue y el respeto a las instituciones del autogobierno y a la singularidad institucional, cultural y lingüística de Cataluña".

4) En el pacto firmado este jueves, el PSOE y Junts sostienen que "la situación política actual permite alcanzar un acuerdo para abrir una nueva etapa y contribuir a resolver el conflicto histórico sobre el futuro político de Cataluña, incluso partiendo de posiciones divergentes". De hecho, ambos partidos reconocen "sus profundas discrepancias y son conscientes de la complejidad y de los obstáculos del proceso que se disponen a emprender".

5) Junts "considera legítimo el resultado y el mandato del referéndum del 1 de octubre, así como la declaración de independencia del 27 de octubre de 2017" pero el PSOE "niega toda legalidad y validez al referéndum y a la declaración, y mantiene su rechazo a cualquier acción unilateral.

No obstante, constatan que pueden alcanzar "acuerdos importantes sin renunciar a las respectivas posiciones" y, además, en el pacto firmado coinciden en buena parte del diagnóstico sobre la situación de Cataluña en los últimos años.

Ambos partidos indican que con la aprobación de un nuevo Estatut, la sociedad catalana "buscaba tanto el reconocimiento de Cataluña como nación como la solución a las limitaciones del autogobierno y a los déficits acumulados". Y añaden que tras la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010 en contra del Estatut "se han ido repitiendo mayorías absolutas parlamentarias independentistas en el Parlament en las sucesivas elecciones autonómicas, así como movilizaciones masivas de signo independentista".

Asimismo, tanto el PSOE como Junts comentan que el intento del Gobierno de impedir el referéndum del 1 de octubre de 2019 "dio lugar a unas imágenes que nos impactaron a todos dentro y fuera de nuestras fronteras".

Además, el PSOE y Junts recuerdan que en los años sucesivos se aprobaron diferentes propuestas por parte del Parlament y del Govern catalán "en materia fiscal, así como la solicitud de delegación de la competencia para la autorización de referendos o la organización de una consulta al amparo de una ley autonómica".

"Lamentablemente, los gobiernos de entonces no favorecieron la negociación política y ninguna de estas propuestas, hechas desde la lealtad y el marco legal vigente, fue considerada", sostienen.