La opa del BBVA sobre Banco Sabadell abre una brecha en el PP
Mazón y Fernández consideran que es perjudicial para sus territorios, pero Ayuso pide al Gobierno no meterse "en las decisiones de los bancos".
El PP vuelve a caer en los dobles discursos y en la indefinición, esta vez a cuenta de los bancos. El partido liderado por Alberto Núñez Feijó no ha transmitido de forma clara cuál es su postura u opinión sobre la decisión del BBVA de lanzar una opa hostil para tratar de absorber al Banco Sabadell.
Mientras desde Génova se intenta usar esta operación para atizar al Gobierno por considerar que ha "sobreactuado" en su rechazo a la opa justo cuando solo faltan tres días para las elecciones en Cataluña, líderes territoriales como Isabel Díaz Ayuso o Carlos Mazón muestras posiciones totalmente contrarias al respecto.
El presidente valenciano fue el primer barón en pronunciarse para situarse “absolutamente en contra” de la opa sobre el Banco Sabadell porque, según remarcó, “es una operación en contra de la provincia de Alicante, en contra de la Comunidad Valenciana y en contra del consumidor”. “No tiene ningún sentido, no aporta absolutamente nada nuevo y forma parte, ya no solamente de un fondo contra el que ya nos hemos manifestado, sino de unas formas absolutamente soberbias e intolerables”, señaló. De esta manera, Mazón se alineaba con las tesis esgrimidas por el Gobierno para rechazar esta operación.
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, expresó su rechazo "tanto en la forma como en el fondo" por los "efectos lesivos" que puede tener, y remarcó que el Gobierno tiene "la última palabra" a la hora de autorizar la operación.
El candidato del PP a la presidencia de la Generalitat catalana, Alejandro Fernández, también señaló por redes sociales su temor a que esta posible opa "afecte negativamente a las pymes catalanas y a la libre competencia". "No me gusta", dijo de forma rotunda en X, antes Twitter.
Sin embargo, durante una visita este viernes a Cataluña, Ayuso se ha desmarcado de las posiciones de sus compañeros y ha rechazado cualquier injerencia del Gobierno en esta cuestión. "Como presidenta la Comunidad de Madrid no me voy a inmiscuir en las decisiones de las empresas privadas ni tampoco de los bancos; tienen que seguir funcionando los mecanismos de control que operan en estas circunstancias y no podemos hacer más desde la política (...) "No se puede jugar ni entrometerse en la banca ni en la empresa solamente para que al Gobierno de Sánchez se le dé unas horas más de respiro. No podemos funcionar así en España ni lanzar esa imagen al mundo y a la inversión de que el Gobierno funciona con un 'exprópiese' cada vez que le interesa electoralmente", ha resaltado Ayuso.
Fuentes de Génova evitan entrar en la polémica sobre las diferentes posturas de sus barones y se limitan a decir que el PP "respeta los acuerdos a los que puedan llegar empresas privadas". "Lo importante es asegurar que el resultado de una operación comercial no perjudica los intereses generales de los puestos de trabajo, así como los derechos de los clientes y usuarios de las entidades. Entendemos la preocupación que puede suscitar cualquier operación que no se ajuste a esta forma de proceder entre administraciones, instituciones, pymes y ahorradores", señalan.
Lo que sí critican al Gobierno es haber conocido con anterioridad suficiente la hipotética fusión y no haberla censurado "hasta la víspera del fin de la campaña en Cataluña". "Por ende, no es creíble esta sobreactuación repentina del Ejecutivo", se limitan a decir. No señalan, de forma oficial, si consideran razonable que el Gobierno intente impedir una opa que, tajantemente, rechazan 'pesos pesados' de su partido como Mazón o Fernández.
El Gobierno tiene la última palabra sobre una fusión
Cabe señalar que el Gobierno no puede impedir la oferta de compra que el BBVA ha hecho a los accionistas del Banco Sabadell con el objetivo de tomar el control de la entidad catalana, pero sí tiene la última palabra a la hora de aprobar una fusión posterior.
Gracias a la ley de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito -aprobada en 2014 por el Gobierno de Mariano Rajoy e impulsada por el entonces ministro de Economía, Luis de Guindos-, el Ministerio autoriza en última instancia una fusión.
Según destaca EFE, no existen precedentes en los que haya habido una oposición y los expertos prefieren no aventurar sobre qué argumentos podría esgrimir el Ejecutivo para rechazar la operación en esa fase final.