La ley de amnistía alarga su negociación, pero el Gobierno no cambiará su posición

El Congreso seguirá negociando la ley de amnistía. Después de que los siete diputados de Junts votasen en contra del texto propuesto por el Gobierno por incluir los delitos de terrorismo relacionados con el proceso independentista y porque, tal y como justificó Miriam Nogueras, no podían dejar a todo el independentismo catalán expuesto a las "arbitrariedades de la cúpula judicial", en referencia a los últimos movimientos del juez García Castellón, quien responsabiliza a Carles Puigdemont de delitos que se quedarían fuera de la medida de gracia.

Después de que el PSOE rechazara las enmiendas claves para que los postconvergentes  diesen luz verde a la ley de amnistía, la formación del expresidente catalán (huido a Bélgica desde 2017) se sumó a la bloque del 'no' de derecha y ultraderecha para hacer caer con sus 179 votos una norma que volverá a negociarse en la Comisión de Justicia. 

Ahora, todos los grupos dispondrán de un plazo máximo de un mes para introducir nuevas modificaciones en la proposición, aunque este plazo podría acortarse a 15 días por el trámite de urgencia que se sigue en la Cámara Baja. Sin embargo, estas dos semanas representan para el Gobierno, una vez más, asomarse al abismo de la legislatura, en la que los votos de Junts son claves para sacar adelante cualquier iniciativa legislativa.

Por delante quedan dos semanas en las que el habitual cruce de reproches entre los grupos parlamentarios escalará hasta que alguno de ellos encuentre la forma justificar el cambio en sus posturas. A pesar de que Junts confía en sacar adelante sus enmiendas, el Gobierno ha sido tajante y ha entonado un rotundo de aquí no nos vamos mover.

"La ley de amnistía entro impecable y constitucional a esta Cámara y así saldrá", aseguraba Félix Bolaños después del revés de Junts a la ley de amnistía. Quedan por delante tres años y medio de derechos, empleo y convivencia, señalaba el ministro en un mensaje con el que el Gobierno ha querido zanjar especulaciones sobre si la legislatura está en riesgo y con el que intentan aplacar el golpe de la formación de Puigdemont.

En la misma línea se ha pronunciado el líder del PSC, Salvador Illa, quien ha descartado en una entrevista de la Cadena SER que el PSOE vaya a acceder a las exigencias de Junts, señalando que el partido ha dado muestras de "responsabilidad" no poniendo en riesgo "una seguridad jurídica que es imprescindible" y seguirá siendo "un criterio fundamental".

Por el contrario, la otra formación independentista catalana con representación en el Congreso, Esquerra Republicana, que votó a favor de la ley, ha considerado que Junts se ha metido en un callejón del que se verá obligado a salir en la Comisión de Justicia porque el PSOE no puede hacer más cambios.  "No se puede permitir que el poder legislativo legisle al sonido que marcan algunos jueces, que un día se inventan una cosa, y al día siguiente se inventan otra", ha subrayado la vicepresidenta del Govern, Laura Vilàgra, quien ha reivindicado el valor de una ley que considera "robusta, legítima y bien trabajada" y de la que, a su juicio, se podrían beneficiar todos los afectados.

No opina lo mismo Carles Puigdemont, quien ha pedido una ley de amnistía más sólida y sin fisuras para frenar la "pulsión patriotera" de jueces y fiscales. "Es lo que hemos intentado todas estas semanas, hasta el final; nadie podrá decir que no hemos tenido voluntad de llegar a un acuerdo. Pero no lo hemos conseguido", señalaba en un mensaje publicado en 'X' después de que Junts votase en contra de la tramitación de la ley.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado esta noche en un mensaje publicado en la red social 'X' que "en cualquier democracia normal, una derrota parlamentaria de este calibre hace dimitir a un gobierno. Sánchez ha sido humillado públicamente, pisoteado, con una ley de amnistía que vendían como impecable mientras todos sus socios insultan a los jueces. España y los españoles no se merecen esto".

La votación sobre la amnistía era la segunda ocasión en la que el Gobierno de coalición formado por el PSOE y la plataforma Sumar se enfrentaba a su débil mayoría parlamentaria, sustentada en varias formaciones independentistas, regionalistas y nacionalistas. Hace apenas quince días, el Ejecutivo de Sánchez salvó el primer escollo en la primera gran votación de la legislatura con un acuerdo de último minuto con Junts para votar a favor de varios decretos con medidas anticrisis y judiciales, entre ellos uno que desbloqueaba 10.000 millones de euros de fondos europeos.

Con el foco en los presupuestos

El Gobierno no ve en riesgo la legislatura, si bien este rechazo ha puesto el foco en los presupuestos de 2024, siguiente gran proyecto de ley para el que el Gobierno necesita todos los apoyos de la investidura.

Los presupuestos de 2023 ya están prorrogados desde el 1 de enero, después de que el último Consejo de Ministros del pasado año estableciera los criterios de aplicación de esa prórroga conforme a lo contemplado en la Constitución respecto a la continuidad automática de las cuentas del Estado en ausencia de unas nuevas.

Aunque el proceso para la elaboración de los presupuestos de 2024 ya está en marcha, las dificultades que se está encontrado el Gobierno de coalición para legislar ponen el foco político en la posibilidad de que las cuentas se mantengan prorrogadas más tiempo del inicialmente previsto.