La jueza debe decidir si investiga los vínculos del novio de Ayuso con Quirón
Alberto González facturó más de un millón de euros al gigante sanitario, que es el principal beneficiario de la Sanidad en Madrid.
El caso sobre el presunto doble fraude fiscal y falsificación de documentos en el que se investiga a Alberto González Amador puede ampliarse para investigar los negocios entre el novio de Ayuso y el gigante de la sanidad privada Quirón.
La empresa, que a su vez es el gran beneficiado en materia sanitaria en la Comunidad de Madrid, tiene vínculos laborales con el comisionista y la acusación popular de PSOE y Más Madrid ha pedido que se amplíe la investigación para analizar esta contraprestaciones.
Según ese escrito, al que ha tenido acceso El HuffPost, se pone el foco en la “relación esencial” que existe entre Quirón Prevención y las dos empresas con las que la pareja de Ayuso cometió el fraude fiscal que este lunes estaba dispuesto a reconocer para evitar la cárcel. Se trata de Maxwell Cremona y Masterman & Whitaker. Con ambas facturó miles de euros a Quirón y llegó a multiplicarse por cuatro cuando comenzó su relación sentimental con Ayuso.
El escrito insiste en que las empresas de Alberto González "son prácticamente filiales” de Quirón Prevención, hasta el punto de que en algunas actividades “se presentan como parte la propia Quirón Prevención”. En el documento figura que llegan a “compartir” trabajadores y colaboradores, o que el propio González Amador se presenta en algunos documentos, tal y como desveló este medio en exclusiva, como director
internacional de Prevención en Quirón Salud, en unas jornadas ante el Gobierno de
República Dominicana y tenía una dirección de correo electrónico corporativo de Quirón Prevención.
La principal empresa con la que entonces operaba Alberto González Amador es Maxwell Cremona. La creó en el año 2016 y su razón social era dedicarse a consultoría y auditoría de otras empresas del sector energético. Sin embargo, con la pandemia, al igual que otras muchas empresas, modificó su actividad para facturar por los certificados que avalan que un producto cumple la normativa internacional en materia sanitaria. Ese certificado abría la puerta, por ejemplo, a que unas mascarillas fueran útiles o inservibles.
Tras facturar casi un millón de euros entre 2020 y 2021 a Quirón Prevención, a finales de 2020 compra la sociedad Masterman & Whitaker, una sociedad sin trabajadores, que la Agencia Tributaria tacha de sociedad fantasma con la que factura otros 327.000 euros a Quirón. Esta sociedad, por cierto, era propiedad de la mujer de Fernando Camino, relacionado con el gigante sanitario.
Será la jueza la que deberá tomar ahora la decisión de investigar o no tras retrasar sine die la declaración de Alberto González, prevista para este lunes.
Las intenciones de Alberto González eran presentar un documento de preacuerdo con la Fiscalía y la Abogacía del Estado, en el que se informaba a la jueza de que todas las partes habían alcanzado un acuerdo por el que la pareja de Ayuso y dos de sus socios se declaraban culpables de haber elaborado un entramado de facturas falsas que ayudaron a Alberto González Amador a defraudar impuestos al erario público.
“Los hechos narrados son constitutivos de dos delitos contra la Hacienda Pública en relación con el Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 2020 y 2021 del artículo 305.1 y 6 en concurso medial cada uno de ellos con un respectivo delito de falsedad en documento mercantil”, indicaba señalando también como culpables a su socio y testaferro mexicano, Maximiliano Niederer y al administrador de las empresas andaluzas, David Herrera Lobato, de quienes Alberto González Amador había obtenido “facturas que no reflejaban servicios reales para documentar así gastos que fueran deducible para el obligado tributario”. Al primero se le imponían siete meses de cárcel y una multa de 123.000 euros; al segundo, dos meses y la obligación de pagar 29.400 euros.
