La "gran empresa pública de vivienda": un anuncio, muchas dudas y solo una certeza

La respuesta rápida sería un no se sabe, al menos no todavía. Nadie tiene muy claro en qué consistirá la “gran empresa pública de vivienda” del Gobierno que anunció Pedro Sánchez durante su discurso en el Congreso del PSOE; una compañía, dijo el presidente del Ejecutivo, “capaz de construir y gestionar viviendas desde la Administración General del Estado”. Esto, lo que avanzó Sánchez, es el qué, pero falta el cómo y el cuándo. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, respondió de alguna manera al cómo este martes en La Hora de La 1. La empresa será en realidad una reconversión del SEPES, la Entidad Público Empresarial de Suelo que “ahora abarcará también vivienda”. La nueva empresa, ha explicado la ministra, abordará “de manera integral todas las capacidades que tiene la Administración General del Estado, desde el suelo a la urbanización, construcción de viviendas, incluso a la movilización y su gestión”. ¿Y cuándo se culminará esta reconversión? De manera “inminente”, en cuanto Hacienda, Economía y Vivienda concluyan la fórmula jurídica.

La idea del Gobierno es dotarse de “un instrumento” más fortalecido que el SEPES, de manera que desde un solo lugar pueda gestionarse todo el patrimonio y los activos en propiedad del Estado; un instrumento capaz de promover la construcción de “1.500.000 viviendas asequibles” gracias a la colaboración público-privada. “Tenemos que promover mucha vivienda [...] en colaboración con las empresas de construcción. Estamos ante un problema de vivienda que tiene que ver con la oferta”, ha señalado la ministra Isabel Rodríguez, quien además ha apuntado que la propuesta del Gobierno “es la opuesta” a lo que hizo, por ejemplo, la exalcaldesa de Madrid Ana Botella, es decir, “desprenderse del patrimonio para dárselo a los fondos buitres”.

La “inspiración” del Gobierno para esta empresa pública de vivienda es, entre otras y según ha comentado Rodríguez, el Área Metropolitana de Barcelona (AMB). Allí se creó el Instituto Metropolitano de Promoción de Suelo y Gestión Patrimonial (IMPSOL), una entidad pública-empresarial, y Habitatge Metròpolis Barcelona (HMB), una sociedad anónima para promover vivienda de alquiler asequible participada en un 50% por el sector público (un 25% el AMB y otro 25% el Ajuntament de Barcelona) y en otro 50% por el sector privado. Actualmente, IMPSOL cuenta ya con 5.800 viviendas construidas y comercializadas, 5.367 en venta y 433 en alquiler. El objetivo de HMB es, por su parte, construir en los próximos seis años un total de 4.500 viviendas de alquiler asequible.

Todo esto responde, no obstante, a una intención del Gobierno, pero aún falta concreción. Las dudas son varias, como la cosa competencial. Solo las Comunidades Autónomas y las entidades locales, esto es, los Ayuntamientos, tienen competencias para la promoción de vivienda pública, no así el Estado. Sin embargo, Sánchez anunció que esta nueva empresa sería “capaz de construir y gestionar viviendas desde la Administración General del Estado”. ¿Cómo? No se sabe, aunque es difícil pensar que pueda hacerlo sin la colaboración con las Administraciones realmente competentes.

Por otra parte, hay algo que trata de hacer el Gobierno que entra en colisión directa con su objetivo de promover el mayor número de viviendas posible, y es la pretensión de vender la promotora inmobiliaria de la SAREB, Árqura Homes, al mejor postor. Nos referimos a una de las mayores operaciones inmobiliarias en España. Quien se haga con Árqura Homes tendrá la propiedad inmediata de suelos con capacidad para 16.000 viviendas por valor de más de 800 millones de euros. Los fondos de inversión, claro, están muy interesados. ¿Pero por qué el Gobierno, que quiere ampliar el parque público de vivienda, vende la inmobiliaria de la SAREB en lugar de destinarla a amplificar justamente esa oferta? Hace unos días, Sumar, socio del PSOE en el Gobierno, presentó en el Congreso una Proposición No de Ley para frenar esta venta. Se trata, dicen, de “una operación que podría tener consecuencias irreversibles”.

“Esta operación pone en riesgo la oportunidad histórica de gestionar un parque público de viviendas que podría convertirse en un instrumento eficaz para ampliar la oferta de alquiler social y asequible”, defienden desde Sumar. Es por ello por lo que reclaman “suspender de manera inmediata la venta por parte de la SAREB de su inmobiliaria Árqura y su cartera de 16.000 viviendas” para incorporar estas propiedades “al parque público de vivienda de las Comunidades Autónomas y de las entidades locales”.

El problema de la SAREB tiene que ver con el motivo que justifica su propia existencia, el rescate bancario. El objetivo de la SAREB era el de comprar vivienda a los bancos para poder salvarlos de la quiebra. Es decir, endeudarse para lanzar un flotador a la banca tras la crisis. A partir de ahí, el banco malo, con una participación mayoritaria del Estado, se ha dedicado a malvender las viviendas para tratar de solventar una deuda que, según ya han admitido, será imposible de saldar en su totalidad. Además de frenar la venta de su promotora, Sumar propone también “replantear el objeto social de la SAREB, priorizando la promoción de vivienda pública y asequible”.

En estos momentos, la entidad cuenta con un inventario compuesto por más de 38.000 viviendas, 24.617 parcelas y 28.700 obras en curso, “recursos - para la formación de la ministra de Trabajo - con el potencial de contribuir de manera decisiva a la ampliación del parque público de vivienda y alivio de la crisis habitacional”. Esta mañana, la ministra de Vivienda deslizaba la posibilidad de que la nueva empresa de vivienda asumiera los activos de la SAREB, pero sin mayor certeza. No se sabe qué parte de ese patrimonio podría pasar a formar parte del parque público, tampoco si eso significaría la paralización de la venta de Árqura Homes.

Pero quizás la gran pregunta sería... ¿Servirá esta empresa anunciada por Sánchez para regular o bajar unos precios de la vivienda que siguen marcando récord? Para Javier Gil, investigador en el Grupo Estudios Críticos Urbanos, no. “No va a solucionar nada del problema de la vivienda”, asegura convencido. Lo que tocaría hacer, en su opinión, es “corregir la disociación que hay entre los precios de la vivienda y los alquileres con la economía del país y los hogares; una disociación fruto de políticas que han favorecido la financiarización de la vivienda y la rentabilidad de la vivienda en alquiler, la función de la vivienda como un activo económico y financiero y no como un hogar. Ahora necesitamos políticas que corrijan todo esto. Una empresa no va a solucionar nada. El Gobierno trata de presentar que hace algo pero sin enfrentar de verdad las causas del problema”, lamenta Gil. Si el Gobierno quiere una promotora de vivienda, mantiene Gil, también doctor en Sociología, ya tiene una, la de la SAREB que ahora pretende vender “a fondos de inversión. Ya la tienes ahí, usa los recursos que tienes, no crees nada nuevo”.

Mientras, frente a tantas dudas, una única certeza: el precio de la vivienda no para de crecer. Según un informe publicado este lunes por el portal inmobiliario Idealista, el precio de los alquileres marcó en noviembre máximos históricos en seis comunidades, trece provincias y 24 capitales. Otro portal inmobiliario, Fotocasa, calcula que el precio de la vivienda todavía un 7% más en 2025, tanto en compra como en alquiler.