La Comisión de Venecia del Consejo de Europa avala la ley de amnistía
El organismo europeo pide, en un informe preliminar, a los legisladores que tomen todo "el tiempo necesario" para su correcta tramitación, si bien deja varios 'toques de atención'. El Gobierno no ha tardado en celebrar la noticia.
La Comisión de Venecia, órgano consultivo perteneciente al Consejo de Europa, ha avalado la futura ley de amnistía. Según afirma en un informe preliminar emitido este viernes, esta norma no afectaría a la separación de poderes, si bien plantea tres recomendaciones en su futura redacción y que "se ajuste a la Constitución".
El texto remarca la necesidad de que los legisladores se tomen "todo el tiempo necesario", afeando su tramitación de urgencia. Se trata, no obstante, de un primer texto que no es en ningún caso la postura definitiva del organismo, añaden fuentes del Consejo de Europa recogidas por Europa Press.
Así, el informe preliminar se someterá a debate los próximos 15 y 16 de marzo, donde se prevé que habrá discusión y posible cambios vía enmiendas para afrontar la definitiva aprobación en el pleno.
La noticia la ha celebrado especialmente El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, 'cara' de la pelea legislativa del PSOE en esta materia. En un rápido mensaje en la red social X, ha querido remarcar que "lo dijimos nosotros y ahora también la Comisión de Venecia: la amnistía es una herramienta para la reconciliación". "Y además cumple con los estándares internaciones. Es impecable y es positiva", ha escrito.
Algunos 'toques de atención'
No obstante, la Comisión de Venecia hace tres recomendaciones en cuanto al ámbito material y temporal de aplicación del proyecto de ley de amnistía. Por un lado, recomienda definir "de forma más precisa el ámbito material y temporal" de aplicación de la norma, "para hacer más previsibles los efectos de la ley". En segundo lugar pide que se establezca un "nexo casual más estrecho" entre las consultas ilegales del 9 de noviembre y el 1 de octubre de 2017, "su preparación o sus consecuencias" y los actos de malversación y corrupción. En un tercer punto, el organismo recomienda eliminar los criterios de la sentencia firme para la exclusión de los delitos de terrorismo.
La Comisión de Venecia señala que las amnistías "deben ajustarse a la Constitución" y que el control de constitucionalidad "se realizará a través de los órganos y procedimientos previstos el derecho internacional, en particular el derecho de los derechos humanos". Señala además que la cuestión de constitucionalidad debe resolverla el Tribunal Constitucional.
La Comisión de Venecia inició el estudio de la Ley de Amnistía que pactaron el PSOE y las formaciones independentistas después de una petición que realizó el Senado, a instancias del PP, que posee mayoría absoluta en dicha Cámara Alta. De hecho, una delegación de la Comisión de Venecia visitó España los días 8 y 9 de febrero para reunirse con grupos parlamentarios de Congreso y Senado, el Gobierno, expertos constitucionales y asociaciones judiciales, entre otros, para recabar información sobre la iniciativa.
En esta visita, los miembros de la comisión se centraron en los trámites de la proposición de ley, tanto en el Congreso y el Senado, pero no entraron a valorar su contenido, ni pidieron detalles sobre lo relativo a delitos de terrorismo.
De hecho, uno de sus miembros dejó claro a los diputados que su función no es valorar la idoneidad de la futura ley sino únicamente analizar si se han seguido los procedimientos técnicos adecuados durante su tramitación.
De momento, la ley permanece en el camino legislativo, tras el 'no' dado por la mayoría del Congreso en primera votación, debido al rechazo de Junts. La formación de Carles Puigdemont no apoyó el texto del PSOE precisamente por la desprotección que podría suponer para su líder, por lo que al no ver atendidas sus enmiendas, tumbó la ley.
Esta ha vuelto casi a la casilla de salida, a la Comisión de Justicia del Congreso. Sin embargo, dada la dificultad de la tramitación previa, el PSOE ha conseguido un plazo extra para devolver el texto a la Comisión, entre peleas con Junts por modificar o no un texto que desde Ferraz insisten en que es "impecable".