La Comisión por la Verdad en las Residencias de Madrid desmiente a Ayuso: no "se iban a morir igual"

“En los meses de marzo y abril de 2020 se produjo una sobremortalidad que pudo y debió haberse evitado”. Es la primera conclusión de la Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias de Madrid, que este viernes ha presentado la resolución de una investigación exhaustiva acerca de las muertes de 7.291 personas en estos centros sin la “atención sanitaria adecuada”.

Esta cifra, la de 7.291, hace referencia, no obstante, a los fallecimientos de personas que no fueron derivadas a un hospital, pero el número de muertes en residencias es todavía mayor: entre marzo y abril fallecieron 9.470 residentes, uno de cada cinco. La Comunidad de Madrid es la región que tuvo un mayor exceso de mortalidad en toda Europa por COVID-19: “Un 44% más en 2020 que en el periodo 2016 a 2019”.

A raíz de los datos recopilados, la Comisión señala que la muerte de miles de personas “podía haberse evitado con una prevención y una atención sanitaria adecuada”, un interés al que “los residentes tenían igual derecho que el resto de la ciudadanía”. Esa “falta de prevención y de atención”, apunta el informe, “fue consecuencia de decisiones políticas y de gestión discriminatorias respecto a la asignación y organización de los recursos sanitarios disponibles”.

De este modo, “las personas que tenían su casa en los centros residencial vieron menoscabados sus derechos fundamentales de forma grave: el derecho a ser tratados dignamente, el derecho a la vida, a la protección de la salud, a la intimidad personal y familiar, a no ser discriminados por su edad, por su discapacidad o por tener una enfermedad”.

El papel de la Comunidad de Madrid

El informe apunta de manera directa al Gobierno de la Comunidad de Madrid, destacando que cuando llegó la pandemia, “el sistema sanitario público estaba debilitado”: “Desde la crisis financiera de 2009 se redujo parte del personal sanitario, se empeoraron las condiciones de contratación, la estabilidad, las remuneraciones, los medios de trabajo, y todo ello se tradujo en pérdida de calidad del servicio”.

Ante esta situación, la Comunidad de Madrid, además, “debió adoptar medidas de prevención y control en las residencias” entre enero y febrero de 2020 “y no lo hizo”. “No se activó la vigilancia epidemiológica”, concluye el informe. A pesar de las afirmaciones de la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, “la denominada medicalización de las residencias no se llevó a cabo de ningún modo”.

Los miembros de la Comisión, que preside el magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín, denuncian asimismo que el Gobierno regional infringió el derecho a la atención sanitaria y vulneró el derecho a la vida al “reducir drásticamente las derivaciones de pacientes desde las residencias a los hospitales” en el mismo periodo, “sin haber previamente medicalizado” dichos centros “para ofrecer la misma atención sanitaria que hubiera recibido el paciente en un hospital”.

A pesar de existir “medios alternativos” para garantizar la atención, la Comunidad de Madrid, según recoge la Comisión, no quiso acogerse a ellos. El hospital provisional que se instaló en IFEMA y del que tanto presumió la Comunidad de Madrid y su presidenta, tan solo acogió a “23 pacientes leves desde residencias”. ¿Pudo jugar este hospital de campaña un papel importante para proteger a las personas mayores? Es una de las preguntas que se hacen los expertos, y su respuesta no deja lugar a dudas: sí, pero no lo hizo: “El hospital de IFEMA no fue el hospital milagroso que sorprendió al mundo, sino un hospital propaganda que arrebató a muchos ancianos su opción por la vida o, al menos, por una muerte digna”.

La Comunidad, a través de su Consejería de Sanidad, tampoco “permitió derivar pacientes desde las residencias” hacia los hospitales privados, “salvo que tuvieran seguro privado”, ni al conjunto de los catorce hospitales medicalizados. “En el momento de mayor ocupación”, estos hospitales utilizaron 837 camas de las 1.036 que tenían disponibles. Había sitio, pero la Comunidad “no autorizó” la derivación: “A pesar de que se publicitó que el sistema público-privado unificado funcionaría como un solo hospital que salvaría muchas vidas, lo cierto es que entre ellas no se encontraban las de las personas mayores sin seguro privado”.

Algo que sí autorizó la Comunidad de Madrid fue que el personal sanitario del SAMUR “acudiera a prestar atención sanitaria a Castilla y León”, todo ello sin que conste que “solicitara a las comunidades autónomas vecinas apoyo para aumentar el funcionamiento de los centros públicos, medicalizar las residencias, ampliar la dotación de IFEMA o la de los hoteles medicalizados”. Si se hubiera hecho, defiende la Comisión, “se hubiera podido atender adecuadamente a los pacientes de las residencias”.

Por todo lo expuesto, el informe establece que “el sufrimiento y la muerte evitable de miles de personas mayores que vivían en residencias fue consecuencia de unas decisiones perfectamente conscientes, planificadas y mantenidas en el tiempo”.

Falta de transparencia

La Comunidad de Madrid tampoco ha facilitado el esclarecimiento de nada de lo sucedido, ni entonces ni ahora. Además de criticar que la comunicación y la información a las familias de las personas residentes “fue, en general, incompleta, inapropiada y muchas veces contradictoria, tanto mientras se encontraban con vida, como después del fallecimiento”, la Comisión por la Verdad revela “la nula voluntad de transparencia por parte del Gobierno autonómico”.

Pero no solo existe falta de voluntad en el Gobierno de la Comunidad de Madrid. El informe señala también al Ministerio Fiscal, que “no ha realizado una investigación diligente, rigurosa y efectiva, a pesar de los gravísimos hechos acontecidos en las residencias y de la gravedad de los derechos afectados, suponiendo un fallo grave en el sistema de protección de los derechos fundamentales de las personas mayores”.

Si el Estado “no cumple su obligación positiva de actuar de forma diligente en un caso como el de las muertes de las residencias de Madrid”, defiende el informe, “además de vulnerar el derecho a la tutela judicial de las víctimas, les arrebata la posibilidad de una reparación y, en definitiva, reduce la confianza general de la ciudadanía en las instituciones”. “El desamparo institucional a personas en situación de vulnerabilidad produce daños en todas las direcciones”, remata la Comisión en sus conclusiones.

Tras esta investigación, el panel de expertos que constituye la Comisión plantea una serie de recomendaciones destinadas a recordar lo sucedido y a evitar que vuelva a suceder. La sociedad, advierten, tiene el “deber de no olvidar”, por lo que instan “a los poderes públicos a garantizar que se conozca la verdad”. Aconsejan, así, que el Gobierno y la Comunidad de Madrid reabran la Comisión de investigación sobre la pandemia y que el Ministerio Fiscal complete una investigación “eficaz y diligente”.

La Comisión acude, por otro lado, al fondo de la cuestión y solicita “un cambio radical en el planteamiento del modelo de cuidados”, “mejorar la dotación del sistema sanitario público” y “visibilizar y luchar contra el edadismo”.

La Comisión por la Verdad

Ante “la falta de interés y voluntad por parte de las autoridades públicas” y a petición de familiares de las personas fallecidas en las residencias de la Comunidad de Madrid durante la pandemia, el 13 de abril de 2023 se constituyó la Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias de Madrid.

Además de Martín Pallín, el grupo está constituido por Fernando Flores Giménez, profesor del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia (IDH) y profesor de Derecho Constitucional; María Victoria Zunzunegui Pastor, doctora en epidemiología por la Universidad de California y profesora jubilada de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Montreal; Fernando Lamata Cotanda, médico, experto en Gestión y Administración Sanitaria, que ha ocupado diversos cargos en el Ministerio de Sanidad y ha sido miembro del Panel de Expertos de la Comisión Europea en políticas sanitarias; Anna Freixas Farré, escritora y profesora jubilada de la Universidad de Córdoba, que ha hecho importantes aportaciones sobre el envejecimiento de las mujeres; Cristina Monge Lasierra, socióloga, politóloga y profesora asociada de Sociología en la Universidad de Zaragoza; y Eduardo Sanz Alonso, abogado y profesor de la Universidad Carlos III y experto en memoria histórica.