La apología del fascismo fuera del asociacionismo

«Porque hay que defender la Democracia con golpes de tolerancia» —Carlos Ruiz Caballero.

Según el ranking Democracy Index 2023 publicado por The Economist, España se encuentra entre las 25 democracias plenas del mundo, cuestión que no hace menos compatible lo que muchos seguimos pensando a día de hoy: que el pacto de la Transición y por la Democracia está inconcluso. La Transición como elemento basal de nuestra actual Constitución arroja muchas más luces que sombras, desde luego, pero sigue teniendo un debe y no es menor: reparar el dolor de todos aquellos españoles que dieron su vida por defender un régimen democrático y la Constitución en que se sustentaba.

La cita que ilustra esta tribuna, firmada por el autor de la novela “Retrato del fin del mundo” como dedicatoria a mi compañero parlamentario Sergio Matos, tiene mucho que ver con esto, con seguir ensanchando el pacto constitucional desarrollando sus Derechos Fundamentales como es el de asociación, pero hacerlo respetándonos al fin como país: y es que no puede ser que 46 años después de aprobar la Constitución y 22 desde la Ley General de Asociaciones, todavía esté permitido que en nuestro país no solo existan entidades que hagan apología del franquismo, sino que además gocen de protección y abrigo en nuestro ordenamiento jurídico.

Sin embargo, el pasado martes 8 de octubre, a pesar de todas las necedades que tuvimos que escuchar como argumentos recién salidos del NO-DO por parte del sector más ultra de la derecha, la conclusión es que fue un buen día: el pleno del Congreso aprobó por una amplísima mayoría admitir a trámite la propuesta del Grupo Parlamentario Socialista para declarar como motivo de disolución de una asociación el hecho de que esta haga apología del franquismo. Porque una cosa es acatar que vivamos en una Democracia no militante (donde no se obliga a nadie a defenderla ni se persigue a quien no la quiere) y otra renunciar a esta exigencia democrática y de memoria con las víctimas que el martes propusimos en forma de ley. Porque dar curso a la ilicitud de entidades que promuevan el franquismo está avalado por una razón de Estado: dignificar a los sistemas democráticos y no deshonrarlos. No es una cuestión de corazón, es una cuestión de Estado, no dejando que se aprovechen de él quienes un día intentaron conculcarlo.

Ahora que las mal llamadas “leyes de concordia” han entrado en un futuro incierto (recurridas por el gobierno y con un errante PP rechazándola en Castilla y León la misma semana que la impulsó en Cantabria), tenemos que elegir si nos merecemos como país un marco legislativo autonómico que categoriza a unas víctimas frente a otras, deja a las del franquismo fuera de los procesos de exhumación o elimina las referencias al golpe de Estado equiparando dictadura o democracia; o si nos merecemos un país que vaya completando su ordenamiento ensanchando el pacto Constitucional en uno de sus ejes vertebradores: el derecho fundamental de asociación, declarando la ilicitud del franquismo como ideología de odio que ejerce humillación a quienes siempre defendieron que la soberanía de nuestro país siguiera descansando en la voluntad popular.

Entiendo que los negacionistas de la memoria busquen sin parar los espacios silentes de ese encuentro constitucional de 1978, desde los que se trata de olvidar sin reparar; pero poco de “constitucionalista” tendría oponerse a declarar la ilicitud de quienes aprovechan un derecho como el de asociación para generar odio contra quienes siempre defendieron la Democracia en nuestro país. Y por cierto, los socialistas estamos donde hemos estado siempre: tratando de ensanchar ese pacto Constitucional por la dignidad de las víctimas y por todos los que vinimos y vendrán detrás. 

Raúl Díaz es portavoz socialista de Memoria Democrática y diputado por La Rioja