La jueza imputa a Ada Colau por presuntas coacciones a un fondo de inversión

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, declarará ante el juez el 13 de marzo por presunta prevaricación, malversación y coacciones al fondo de inversión Vauras para que ofreciera en alquiler social pisos de su propiedad --entre ellos el Bloc Llavors-- que estaban ocupados por familias vulnerables.

Lo ha anunciado Colau en rueda de prensa este martes, junto a los concejales Lucia Martín y Marc Serra, en la que ha informado que la Audiencia de Barcelona ha ordenado al juez que la cite a declarar tras reabrir la causa en abril de 2022, cuando ordenó investigar a la alcaldesa después de que la causa fuera desestimada por el juez por falta de indicios.

La Audiencia de Barcelona también ha citado a declarar el 10 de marzo a Martín (concejal de Vivienda), a Serra (concejal de Derechos de Ciudadanía) y a una funcionaria municipal por la misma causa.

"Estoy muy tranquila. Evidentemente colaboraremos con la justicia como hemos hecho siempre. Esto acabará archivado", ha expresado Colau, que ha reivindicado el trabajo de Martín y Serra y ha asegurado que continuarán defendiendo a los vecinos.

La primera edil ha explicado que lo que hizo el Ayuntamiento es pedir al fondo Vauras "el estricto cumplimiento" de la ley catalana 24/2015 para que ofrecieran alquiler social a las familias que vivían en el inmueble, ya que habían diversos casos de vulnerabilidad debidamente acreditada, ha señalado.

"Un requerimiento que Vauras no respetó y procedimos a poner sanciones por incumplimiento de la ley", unas sanciones que el Ayuntamiento retiró en mayo tras recibir una orden del juez.

A raíz de las sanciones, el fondo de inversión puso una querella contra el Ayuntamiento, que fue inadmitida a trámite en noviembre de 2020, ha recordado Colau: "Ni tan solo se ordenaron diligencias, tanto Fiscalía como la juez tuvieron muy claro y fueron muy rotundas diciendo que los hechos no constituían ningún tipo de delito".

"El mismo patrón"

Para Colau, llama la atención que la Audiencia de Barcelona haya decidido reabrir la causa, que para ella sigue "el mismo patrón" de grandes empresas a las que ha acusado de hacer un mal uso de la justicia y de buscar la imagen de la alcaldesa declarando, ha dicho textualmente.

"No nos intimidan, nos recuerdan lo contrario", ha señalado en referencia a las otras querellas por las que ha sido investigada (como la de subvenciones a entidades por la que también declaró en marzo de 2022), y ha insistido en que quieren proteger a los vecinos de los abusos de poder, especialmente a los más vulnerables.

"Mala fe procesal"

"Esta mala fe procesal acaba provocando este abuso del sistema judicial que lleva a situaciones inauditas", ha resaltado Serra, que ha cuestionado el rigor de la querella y ha asegurado que les preocupa el patrón al que se ha referido Colau.

Por su parte, Martín ha recordado que en 2022 tramitaron unos cuarenta expedientes por falta de ofrecimiento de alquiler social, por lo que ha defendido que es una "práctica habitual y en ninguno de estos casos ha habido querella penal".