Irene Montero, sobre la absolución a su acosador: "Quieren castigar a quien está en política para cambiar las cosas"

Miguel Frontera acudió a las inmediaciones de la vivienda del exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias y la exministra de Igualdad y ahora eurodiputada de Podemos, Irene Montero, entre, al menos, el 15 de mayo de 2020 y el 12 de diciembre de 2020. Sus asistencias frente al domicilio particular de ambos, en el que convivían con sus dos hijos de dos años y su hija de uno, se incrementaron cuando el ultra comenzó a portar un aparato de música con altavoces en el que reproducía con el volumen alto el himno nacional y a proferir gritos o realizando caceroladas. Entre otras cosas, además, el 12 de julio de 2020, Miguel Frontera superó el muro perimetral que rodeaba la vivienda, se subió a una roca y realizó una grabación en movimiento de parte del jardín y del porche de la vivienda con su teléfono móvil. Grabó, es decir, el interior de la casa.

Todos estos hechos se recogen como probados en la sentencia de la jueza Belén Pérez Fuentes, que absolvió este lunes a Miguel Frontera de acoso ya que, pese a, por ejemplo, la grabación, entiende que su intención no era “vigilar” a Iglesias y Montero y que, a pesar a los intentos de acercarse a la vivienda, que todavía pueden verse en su canal en YouTube, tratando de sortear el cerco policial, no buscaba “su cercanía física” o “establecer contacto con los allí residentes”. En uno de los vídeos que Frontera grabó en los aledaños de la casa, intentando aproximarse lo máximo posible, llegó a afirmar que “jugaría al gato y al ratón con la Guardia Civil”. En otra de las grabaciones puede comprobarse cómo Frontera alcanza incluso la puerta del hogar y llama al timbre antes de ser atajado por un agente.

El asedio sistemático y alargado en el tiempo al domicilio de los exmiembros del Gobierno, que se extendió durante meses, fue, según la magistrada, un escrache. “La RAE”, detalla la sentencia a la que ha tenido acceso El HuffPost, “define escrache como ‘la manifestación popular de protesta contra una persona, generalmente del ámbito de la política o de la Administración, que se realiza frente a su domicilio o en algún lugar público al que deba concurrir”. “Que es, precisamente, lo que tuvo lugar en las inmediaciones del domicilio de los querellantes”, concluye la jueza, quien excusa además su decisión en “el contexto temporal y político en el que se produjeron” los hechos, “tras la suspensión del derecho fundamental a la libertad de circulación de las personas”.

Pese a dar por comprobado, como así atestiguan los vídeos todavía publicados, que Miguel Frontera pasaba horas no solo frente a ella sino moviéndose por los alrededores de la morada, con las dificultades que ello producía en la libre circulación y en la vida familiar de una pareja con tres hijos pequeños, la jueza no ve delito alguno en su comportamiento. En realidad, sí ve uno y es en el hecho de que Frontera portase un cartel que decía “Irene Montero, ministra analfabeta cuyo mérito es tener las rodilleras gastadas”. Se trata, según la sentencia de un “contenido altamente injurioso” que “atenga contra la dignidad de la querellante y se realiza, no solo con publicidad, sino que de forma continuada y en la puerta de su casa, a la vista no solo de su familia sino también de sus vecinos”. Es un delito, eso sí, ya prescrito.

En conversación con El HuffPost, Irene Montero no solo advierte de que “la sentencia demuestra que el sistema judicial español deja en la impunidad la violencia fascista, sino que legitima y normaliza esa violencia”. En su opinión, la decisión de la jueza no deja de ser un llamamiento a otras personas que, si ven que a Frontera “no le ha pasado nada”, ellas “también puedan hacerlo”. La sentencia, prosigue Montero, busca “castigar a quien está en política para cambiar las cosas de una manera ejemplarizante”: “Que paguemos por atrevernos a transformar el país”. De este modo, explica, se envía un mensaje muy claro: “Si crees que el mundo es injusto y hay que cambiarlo, lo siento, pero no te metas en política porque, como dijo el PP, quien siembra vientos recoge tempestades”.

La eurodiputada de Podemos destaca además el hecho de que se conozca esta sentencia “cuando hay personas en la cárcel o siendo condenadas por ser antifascistas, por defender la democracia o por hacer sindicalismo”. “La conocemos también el mismo día que vemos cómo un juez está tomando decisiones judiciales para tumbar gobiernos y leyes, como es la ley de Amnistía, y también el mismo día que hay un Tribunal Supremo, el de Marchena, que dice que no va a aceptar una decisión tomada por el poder legislativo”. En opinión de Montero, existe “un partido judicial reaccionario que se está organizando desde el poder no solo judicial sino también mediático y político que quiere mandar sobre el legislativo sin presentarse a unas elecciones”. “Ya advertimos de esta ofensiva judicial reaccionaria”, denuncia, “con la ley del solo sí es sí: esperemos que con la ley de Amnistía no pongan contadores con los no amnistiados ni se pregunte dónde está el fallo de la ley, porque no hay fallos, lo que hay son sectores judiciales que quieren mandar sin presentarse a unas elecciones”.

Para Montero, además, “esta ofensiva no se resuelve rindiéndose al partido judicial reaccionario ni pactando el CGPJ con el PP en una gran coalición”. “A los reaccionarios les das la mano y te cogen el brazo”, alerta para considerar que la única respuesta debe ser “hacer valer la mayoría democrática del Congreso”. “Que el PSOE elija al PP como socio y en particular para la renovación del CGPJ es una gran irresponsabilidad entre otras cosas porque deja en la impunidad a todos los responsables de la guerra sucia judicial”.

Por su parte, también en comentarios a El HuffPost, el exvicepresidente Pablo Iglesias reconoce “estar bien” aunque “el hecho de saber lo que representa una buena parte de la judicatura no cambiar un sentimiento de indignación ante una injusticia”. “Por suerte”, admite, “ahora dirijo un medio y no soy tan débil como un vicepresidente de izquierdas a la hora de defender a mi comunidad política y a mi familia”.

En el lado contrario, Miguel Frontera, quien ha celebrado en la red social X su absolución, dejó caer hace unos días la necesidad de “estar armado y preparado” en respuesta al habitual discurso de la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, sobre inseguridad.