El Gobierno de PP-Vox en Extremadura usa las instituciones para lanzar mensajes partidistas

El Gobierno de Extremadura, presidido por María Guardiola y la extrema derecha de Vox, llegó a la Junta de Extremadura prometiendo una renovación total de la comunidad. Sin embargo, las prácticas a las que se han adherido algunas de sus consejerías distan mucho de ser nuevas ya que, una vez más, cuesta diferenciar entre comunicación institucional y comunicación política.

"¿Son conscientes del valor económico del pacto con Junts per Catalunya? [...] Este importe corresponde al presupuesto de Extremadura de casi 59 años", esta fue la crítica que Mercedes Vaquera, consejera de Educación de la Junta de Extremadura hizo al anterior Ejecutivo socialista de la región durante su intervención en la Asamblea de Extremadura el pasado 28 de septiembre.

El mensaje de la consejera ponía el broche a una crítica que señalaba la falta de recursos que el anterior Gobierno dedicaba a la cartera que ella encabeza mientras que el PSOE nacional gastaba esfuerzos en convencer a Junts para que apoye la investidura de Pedro Sánchez. Aunque el ataque mezclaba política nacional y autonómica, las garantías democráticas pasan por que se pueda reprobar a un contrincante por sus políticas con los argumentos que se consideren adecuados.

Pero el medio también es el mensaje, y esas declaraciones entraron en otra dimensión cuando fueron publicadas en el perfil de X (antes Twitter) de la Consejería de Educación extremeña, algo que infringe el principio de neutralidad que deben mantener las instituciones en lo que respecta a la comunicación institucional, y que se recoge en la Ley 29/2005 de Publicidad y Comunicación Institucional.

No es un caso aislado. Basta con pasarse por las webs de algunas consejerías para encontrar mensajes de crítica política en canales que deberían estar orientados a dar un servicio "útil" para la ciudadanía y para dar "publicidad" a las políticas concretas que se proyecten, según los expertos consultados.

Por ejemplo, en la Consejería de Infraestructuras, con el siguiente titular: "El consejero de Infraestructuras denuncia que Extremadura perderá este año 30 millones de euros de fondos europeos por la "falta de gestión" del gobierno anterior".

O en la Consejería de Agricultura: "Mercedes Morán advierte de la pérdida de cuantiosos fondos europeos por la mala gestión del anterior Gobierno". O en la página del Consejo Asesor de Cooperación para el Desarrollo: "El Consejo Asesor de Cooperación para el Desarrollo delibera sobre las subvenciones paralizadas por el anterior gobierno". Los mensajes con este cariz pueden encontrarse hasta en la cuenta de X de la propia Junta de Extremadura que se hace eco del mensaje de la Consejera de sanidad Sara García Espada:

Los mensajes citados anteriormente parten de instituciones en las que el Partido Popular tiene el mando, sin embargo, la ultraderecha también ha caído en este tipo de prácticas. De hecho, fue muy sonado el caso de una nota de prensa que partía de la Consejería de Gestión Forestal y Medio Rural, cuya titular dimitió el pasado jueves, para informar sobre la evolución de un incendio forestal en la región, pero que estaba encabezado por el logo de Vox, un hecho que fue muy contestado en las redes sociales.

Para Carmen Lumbierres, profesora de Ciencias Políticas de la UNED, este tipo de mensajes están orientados hacia un público que siente "afinidad" con las siglas del partido que dirige la institución, pero que no debería lanzarse desde cuentas oficiales: "Esa información no está dirigida a los ciudadanos como un servicio público, sino que se dirige hacia ellos como votantes o a los afines de ese partido".

En esa misma línea se mueven los argumentos de Javier Lorente, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Rey Juan Carlos. "Las instituciones son de todos los ciudadanos y no están al servicio del partido político que gobierna y los partidos además, tienen sus propias cuentas para hacer esto", sostiene, al mismo tiempo que añade que este tipo de prácticas parten de una "confusión" que es  "bastante común" en España.

La neutralidad "se la salta todo el mundo"

La confusión comunicativa que se da en Extremadura en la actualidad es el último síntoma de un mal uso que impregna a muchas de las instituciones, ya que aunque existe una legislación específica para garantizar la neutralidad, Lumbierres incide en que "se la salta todo el mundo".

Es una cuestión que parte en muchos casos desde los Ayuntamientos y que alcanza a los ejecutivos nacionales, pasando por las televisiones autonómicas, las ya mencionadas consejerías. Sin ir más lejos, el pasado jueves la Junta Electoral Central multó con 2.200 euros al presidente en funciones Pedro Sánchez por haber utilizado las dependencias españolas en Bruselas en periodo electoral para criticar los pactos entre el PP y Vox y presumir de su gestión, aprovechándose así de los "medios públicos".

Lo "normal", expone Lorente, es que se dividan un poco las tareas, y que las cuentas institucionales sean "más neutrales y no entren al debate partidista": "La cuenta personal de un ministro no dice lo mismo que la cuenta del Ministerio". El experto señala que la división se usa para evidenciar que existe una "continuidad institucional en el paso del tiempo y que la institución es siempre la misma", y que lo único que cambia son las mayorías que las gobiernan. Pero Lorente concluye señalando la paradoja que arroja la realidad: "Estamos todos de acuerdo en que tiene que ser así pero en realidad es ficticio".

Lumbierres indica que la raíz del problema, en muchas ocasiones, se encuentra en los propios gabinetes de comunicación: "Son personas de nombramiento político que de lo que se ocupan fundamentalmente es de la proyección política de la persona, no del servicio a la Administración". Algo que para esta experta se explica atendiendo a que en España la política obedece al "hiperliderazgo" imperante en la política española, y que por tanto "la comunicación" va de proyectar esa imagen del líder.

"Campaña permanente" y deterioro democrático

Este fenómeno está tan extendido y sostenido en el tiempo que existen artículos de investigación que lo han analizado y tratado a fondo. El doctor y profesor universitario de la Universidad de Santiago de Compostela, Pablo Vázquez Sande, elaboró en 2012 una investigación que lleva por título Usos político-partidistas en cuentas de Twitter de administraciones públicas, que corroboraba estas prácticas están ampliamente extendidas en instituciones municipales, autonómicas y nacionales.

Lumbierres indica que desde hace unos años estas prácticas se han visto reforzadas debido a que se ha entrado en un modo de "campaña política permanente" en la cual "la oposición no acepta el resultado de las elecciones o de una moción de censura y se genera un entorno competitivo y no colaborativo".

En términos electorales, sin embargo, Lorente no cree que el uso político de la comunicación institucional tenga un coste para los partidos. "Al final los efectos se anulan porque se cae en el 'y tú más'. Se culpa a todos, la responsabilidad se reparte entre los demás y ya está".

Pero la historia cambia cuando se atiende al fondo de la cuestión, ya que el resultado desemboca en un perjuicio y deterioro de la democracia, opina Lumbierres, que se refiere en este punto al daño que se puede ocasionar a la larga en cuanto a la credibilidad que los ciudadanos perciban sobre las instituciones: "No solo es votar y elegir, sino que esa administración sea útil para poder satisfacer tus necesidades y que los servicios públicos funcionen. Cuanto más bajo rendimiento percibamos por parte de los servicios públicos, más disconformes estaremos con la Sanidad, la Educación o la Seguridad Social".

Lumbierres matiza, además de que el problema no es la "politización" de las instituciones y opina que "cualquier decisión es política y necesitamos del vivir en política". El inconveniente es el uso "partidista" de las instituciones orientado a reforzar la figura de un político concreto de cara a los ciudadanos o incluso de cara a su propio partido.

El artículo de la Universidad de Santiago de Compostela concluye en que es "urgente" que los responsables de las instituciones, "sobre todo los políticos", abandonen la visión "paternalista" de la Administración Pública para que estas "sean capaces de integrar dinámicas de participación y transparencia con las que logren involucrar e implicar al administrado como un verdadero interlocutor y un componente esencial en la toma de decisiones". Algo que por el momento en muchos lugares no ha ocurrido, tampoco en la nueva Extremadura de PP y Vox.