El exconseller Buch, al banquillo por fichar como asesor al escolta de Puigdemont
La Fiscalía pide 6 años de cárcel y 27 de inhabilitación para extitular de Interior, acusado de fichar como asesor a un sargento de los Mossos para que siguiera ejerciendo de escolta del expresident.
La Audiencia de Barcelona juzga desde hoy al exconseller de Interior Miquel Buch, para quien la Fiscalía pide 6 años de cárcel y 27 de inhabilitación acusado de fichar como asesor a un sargento de los Mossos para que siguiera ejerciendo de escolta del expresidente Carles Puigdemont tras su huida de España.
En el juicio, en el que Puigdemont declarará el viernes como testigo por videoconferencia, la Fiscalía atribuye a Buch los delitos de malversación y prevaricación, los mismos por los que acusa como cooperador necesario al sargento Lluís E., para quien pide 4 años y medio de cárcel y 23 de inhabilitación, al tiempo que recrimina a ambos su "torticera conducta".
El sargento Lluís E. -cuya defensa la ejercen Isabel Elbal y Gonzalo Boye, el abogado de Puigdemont- estaba asignado en 2017 a la unidad de Presidencia del Área de Escoltas de los Mossos d'Esquadra, donde ejercía como "jefe operativo" y coordinaba y planificaba la seguridad de la actividad pública y privada del entonces presidente catalán.
Según la Fiscalía, tras la aplicación del 155, el 27 de octubre de 2017, el sargento acudió al domicilio particular de Puigdemont y le ayudó a huir de España, sin comunicarlo a sus superiores jerárquicos.
Fiscalía: el sargento encadenó fiestas y baja; realizando "numerosas" salidas internacionales
Según la Fiscalía, pese a que el sargento no ejecutó "un solo día" de servicio activo entre el 30 de octubre de 2017 y el 20 de julio de 2018, ya que encadenó fiestas y una baja, realizó "numerosas" salidas al extranjero, "al objeto de prestar labores de custodia y seguridad" para Puigdemont, a requerimiento del mismo y en aras a la relación de "mutua confianza" que mantenían.
Después de la investidura de Quim Torra como presidente de la Generalitat -lo que puso fin a la etapa del 155-, Puigdemont pidió el 22 de junio de 2018 al Govern que le concedieran las prerrogativas que corresponden a los expresidentes, entre otras la prestación de los "servicios de seguridad necesarios" para realizar sus funciones.
Finalmente, según la Fiscalía, el 20 de julio de 2018, a propuesta del exconseller Buch, se creó una nueva plaza de asesor de libre designación en materia de seguridad en la consellería, "cargo específicamente programado para que fuera ocupado" por Lluís E., que fue nombrado el 25 de julio, tras lo cual el sargento, que permanecía de baja desde el 12 de marzo, presentó su alta médica.
Según la Fiscalía, la designación de Lluís E. como asesor constituyó un acto de "mera arbitrariedad", motivado por la "exclusiva voluntad" del exconseller de procurar, desde el Govern y con cargo a los fondos públicos, "un servicio de 'escolta' permanente" para Puigdemont.
La Fiscalía sostiene que el sargento "aparentó" la elaboración de estudios e informes como asesor, aunque todos versan sobre una "miscelánea de temas absolutamente variada y dispar", desde el terrorismo en Europa al uso de las nuevas tecnologías, "plagados de generalidades" y con material "fácilmente" obtenible en internet, al contener información de "carácter básico".