Estas son las reformas prohibidas por ley en las comunidades de vecinos
La Ley de Propiedad Horizontal regula estas actividades.
En este año 2024 se reformarán 1,8 millones de viviendas, sólo un 1% más que en 2023, según previsiones de la Asociación Nacional de Distribuidores de Cerámica y Materiales de Construcción (Andimac), que representa a la distribución profesional de materiales para la edificación y rehabilitación.
Para muchas personas y familias es un sueño y una meta poder remodelar su casa. De igual modo, las comunidades de vecinos también suelen `proyectar reformas para mejorar los espacios comunes o cumplir con diferentes normativas.
Pero ni propietarios ni comunidades de vecino pueden llevar a cabo obras sin respetar la legislación habitual. En viviendas particulares, por ejemplo, está expresamente prohibido derribar paredes, muros y techos que pueden alterar la infraestructura del inmueble. Tampoco están permitidos los trabajos que afecten a la fachada, sobre todo si está protegida como un inmueble de valor histórico. Es más, en este caso ni siquiera la Comunidad de Vecinos está autorizada a realizar cambios en el frente del edificio.
¿Y qué pasa cuando las obras son en zonas comunes? Estas reformas deben regirse por lo establecido en la Ley de Propiedad Horizontal, específicamente en los artículos 7 y 9. Es fundamental obtener el consentimiento de la comunidad, especialmente cuando se requieren reparaciones o mejoras que afectan a la estructura y funcionalidad del inmueble. Cualquier intervención en estas áreas comunes debe ser aprobada por la junta de vecinos, asegurando que todas las actividades se realicen en conformidad con las normativas vigentes y respetando los derechos de todos los propietarios.
Algunas obras en la comunidad de vecinos requieren la aprobación unánime de todos los propietarios, especialmente aquellas que alteren la estructura o aspecto estético del edificio, o impliquen cambios significativos en los elementos comunes o en el título constitutivo de la propiedad. Esto incluye modificaciones que puedan afectar la fachada del edificio, la instalación de nuevos servicios que impacten a todos los vecinos o cualquier cambio que altere las cuotas de participación o los coeficientes de propiedad.
Si se detectan obras ilegales dentro de la comunidad, es decir, que no cumplen con las normativas o no han sido aprobadas adecuadamente, la junta de propietarios puede actuar de manera decisiva. El presidente de la comunidad tiene la autoridad para exigir la paralización inmediata de dichas obras. Adicionalmente, se pueden iniciar acciones legales contra los infractores para salvaguardar los intereses de la comunidad y asegurar el cumplimiento de la ley y los reglamentos internos.
