La España que se viene: qué esperar de un futuro Gobierno entre PP y Vox

Si las encuestas aciertan el 25 de julio, previsiblemente el PP ganará las elecciones pero se verá abocado a pactar con la extrema derecha para gobernar. 

Es decir, el PP se verá en la tesitura que se está viendo ya en muchas regiones y municipios del país tras los comicios municipales y autonómicos del 28 de mayo, en los que arrasó, pero en los que no consiguió, en muchos lugares, la mayoría suficiente para gobernar en solitario. 

Así, los distintos líderes municipales y regionales han tenido que negociar acuerdos con la ultraderecha para que, o bien les dejen gobernar en solitario, o incluso introducir a dirigentes de Vox en sus gobiernos, como ha hecho Carlos Mazón en la Comunidad Valenciana. 

De tal modo que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se verá en el mismo trance de tener que negociar con el de Vox, Santiago Abascal, para una investidura y posterior formación de Gobierno. ¿Será con dirigentes de la ultraderecha en el Consejo de Ministros? Y, sobre todo, ¿qué medidas pactarán? Estas son algunas de las posibles decisiones que podría tomar un Ejecutivo entre PP y Vox tras el 23 de julio. 

Revisión de las leyes aprobadas "con el voto decisivo de Bildu"

El presidente del PP ya dejó claro hace unos días que revisaría "una a una cada una de las leyes y medidas en las que el voto de Bildu fue decisivo para que saliesen adelante". 

Según Feijóo, "el voto de Bildu no va a servir para nada en nuestro país, salvo que se adecúe a la Constitución", matizó.

​Adiós al Ministerio de Igualdad

"No estamos para esto", dijo Feijóo al referirse al Ministerio de Igualdad en un país donde, desde que existen registros —enero de 2003—, han sido asesinadas 1.206 mujeres a manos de sus parejas o exparejas. 

"Hay ministerios que, en mi época, cuando estuve en el Gobierno de Aznar, eran subdirecciones generales", argumentó el gallego. 

El dirigente del PP tiene intención de formar un Ejecutivo con menos ministerios que ahora, pasándolos de los 22 actuales a unos 13 ó 14. 

Cambios en las leyes de Eutanasia y del Aborto

Cero sorpresas respecto a la ley del Aborto, que Feijóo no considera un "derecho fundamental", que quiere retocar, tal y como ha anunciado en varias ocasiones. Pese a que, tras el fallo del Constitucional, aseguró que la anterior norma, conocida como ley de plazos, era "correcta", el dirigente del PP quiere modificar la actual ley para que las menores de 16 y 17 años cuenten con el consentimiento de sus representantes legales para abortar. Vox, sin embargo, quiere derogar esta ley. 

Sobre la ley de Eutanasia, en una entrevista en Onda Cero el pasado 6 de junio, el líder del Partido Popular aseguró que, si llega a La Moncloa, el PP podría retocar esta norma. Eso sí, dijo que tendría que "ver" y "en su caso, ajustar".

"Vamos a hablar en el ámbito de las comisiones de bioética, pediré los informes que correspondan a este asunto y después nos pronunciaremos", apostilló.

Este jueves en rueda de prensa, uno de los portavoces de la asociación Derecho a Morir Dignamente, Fernando Sanz, advertía al líder del PP sobre lo que supone modificar esta norma y le recordó que, según el CIS de enero de 2021, el 45,5% de los votantes del PP está de acuerdo o muy de acuerdo con regular este derecho. Es más, en el caso de los votantes de la ultraderecha el porcentaje es aún mayor, del 49,2%. Aun así, Vox ha llevado al Constitucional esta norma que, como la anterior, también quiere eliminar. 

El 'pin parental'

Feijóo siempre ha tratado de evitar entrar a valorar el conocido como 'pin parental' o veto parental, es decir, que los padres elijan libremente y autoricen el contenido de las actividades extracurriculares de sus hijos. 

Aun así, no ha dicho ni media palabra cuando esta medida ha aparecido plasmada en el acuerdo que Carlos Mazón firmó con la ultraderecha en la Comunidad Valenciana. 

Si el PP aplicase el mismo criterio en el Gobierno de España que en esta región, veríamos una medida similar a nivel nacional. 

Introducción de la "violencia intrafamiliar"

Comprando el marco de la ultraderecha, en ese acuerdo en la Comunidad Valenciana también se habla de "violencia intrafamiliar". 

Un término que ha generado problemas al PP en los últimos días, donde han hecho equilibrios para asegurar que siguen defendiendo la violencia de género a pesar de que un término no es sustitutivo del otro. 

Las críticas por no plasmar en los acuerdos de investidura la violencia de género, amén de las declaraciones de Santiago Abascal y del 'número dos' de Vox por Valencia negando la existencia de la violencia de género, han puesto en un brete a los populares. 

¿Aceptará Feijóo que no se hable de violencia de género en sus acuerdos de Gobierno si tuviera que pactar con la extrema derecha? 

¿Llegará a pactar lo que ha pactado el PP en Náquera, Valencia, donde se han llegado a prohibir concentraciones contra la violencia de género?

Ni una bandera LGTBI

Precisamente en esta localidad valenciana también se ha prohibido que la bandera arcoíris, que representa al colectivo LGTBI, ondee en los edificios municipales. 

Un joven de esta localidad decidió, en protesta, colgar una en su balcón, y fue amenazado por dos vecinos que incluso llegaron a hablar de lanzarle piedras. Finalmente, la descolgó. 

Durante su mandato anterior como alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, tuvo varias polémicas precisamente por este asunto y en el último desfile del Orgullo la bandera gay no estuvo presente en la fachada del Consistorio. 

Banderas de España gigantes

Lo que sí que ondearán serán banderas de España. Y bien grandes. Al menos, si el PP accede a las exigencias de Vox. 

Como ha sucedido en Alba de Tormes (Salamanca), donde la extrema derecha ha exigido al PP a poner una bandera española "de dimensiones considerables" —que cada uno juzgue qué considera por 'considerable'— en el castillo de los Duques de Alba de esta localidad. 

“No es lo más importante, pero es importante tener un símbolo en nuestra villa como lo tienen Carbajosa o Madrid. Es el punto 10 de 14. Me extraña que cause tanta polémica. Se crea una polémica como si somos fachas y tal, cuando es un símbolo de todos”, ha explicado a EFE Juan Antonio Pascual Pastor, de Vox, quien será teniente alcalde y concejal de Turismo y de Desarrollo Local de este municipio.

Adiós a la Memoria Histórica

La ley de Memoria Democrática será historia si gobierna Feijóo. Así lo ha expresado él mismo en reiteradas ocasiones, ligando su existencia al voto favorable de Bildu. "Memoria y democracia es incompatible con Bildu. 960 asesinatos, 10.000 heridos, más de 300 asesinatos sin esclarecer", llegó a decir. 

También afirmó que abriría un "contexto de negociación" para crear una ley específica "fuera de planteamientos ideológicos y fuera de rencores". "Hace 80 años nuestros abuelos y bisabuelos se pelearon y no tiene sentido vivir de los réditos de lo que hicieron”, agregó.

Si fuera por la ultraderecha, tal ley no existiría. Ya lo dijo Abascal: "La derogación completa de cualquier ley que imponga a los españoles la memoria sobre la historia, por lo tanto, la Ley de Memoria Democrática, que es de memoria totalitaria, y de la Ley de Memoria Histórica de Zapatero, de las dos". 

Fomento de la caza y la tauromaquia

Por los acuerdos ya firmados entre PP y Vox, se intuye que la tauromaquia y la caza van a recobrar protagonismo si ambos partidos pactasen para gobernar el país. 

En la Comunidad Valenciana, por ejemplo, se han protegido las "tradiciones" y se habla incluso de una Ley de Señas de Identidad de la región. En otro punto del acuerdo, se refleja un compromiso a defender "el mundo rural, sus tradiciones, fiestas, modo de vida y actividad económica". 

En Extremadura, pese a no alcanzar un acuerdo, el PP extremeño ofreció su apoyo a la caza y se comprometía "a cumplir con el acuerdo de «Responsabilidad Política por la caza» para el fomento de la actividad cinegética". También aseguraba que protegería "la tauromaquia como fuente de cultura, riqueza y sostenimiento de la dehesa". "La defensa del mundo rural, las tradiciones y la identidad de Extremadura implicará una política de comunicación acorde a tal fin", añadía el texto.

Endurecimiento de las leyes antiinmigración

En función de cómo sea la influencia de la extrema derecha en un eventual gobierno con el PP, este apartado puede ser más o menos duro. 

El acuerdo valenciano recoge, por ejemplo, que dentro de las competencias regionales, la Generalitat Valenciana "pondrá en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado los posibles casos de inmigración ilegal, con especial atención a las mafias organizadas". Y añade que se dotará "de todos los medios materiales" a los agentes de la Policía para asegurar "el orden público" y "la seguridad de los barrios".

Feijóo ha venido defendiendo una "política de inmigración ordenada y de búsqueda de las profesiones desatendidas en España", mientras que la extrema derecha culpa a los inmigrantes de muchos de los males del país.