"Es una hostia": el Gobierno suma ya 32 derrotas en el Congreso

Justo el día en el que PSOE y Sumar celebraban el primer aniversario del 23-J, la conformación parlamentaria fruto de aquellas elecciones generales volvía a condenar al Gobierno a dos dolorosas derrotas en el Congreso de los DIputados. Por un lado, la negativa a la admisión a trámite de la reforma de la ley de extranjería que pretendía imponer el reparto obliglatorio entre autonomías de los menores migrantes que se encuentran actualmente en Canarias. Por el otro, el rechazo a la senda de déficit, lo que compromete la viabilidad de los Presupuestos del Estado para 2025.

El primer fracaso se esperaba. Junts ya había advertido de que iba a votar en contra y el PP sólo aceptaban votar a favor o abstenerse si el Ejecutivo se abría a sus exigencias: convocar inmediatamente la Conferencia de Presidentes, declarar la emergencia migratoria y más dinero por parte del Estado a las CC.AA. para cumplir con esa tutela.

Lo que el Gobierno no esperaba es que el partido de Puigdemont iba a posicionarse también en contra de la senda de estabilidad, el primer paso fundamental para poder diseñar los Presupuestos del próximo año. Su apoyo se daba tan por descontado que en el Consejo de Ministros celebrado en las horas previas no se contempló nunca este escenario. "No lo entiendo. Me ha dicho María Jesús [Montero] esta mañana que lo tenían atado (...) Me he quedado de piedra porque en el Consejo de Ministros nos han dicho que lo tenían atado, y después resulta que no. Es una hostia para la legislatura", decía este miércoles el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, al diputado de ERC, Francesc-Marc Álvaro, en los exteriores del Congreso. Un micrófono abierto captó la conversación secreta.

Junts, que pedía que en estos objetivos de estabilidad presupuestaria se dotara de una décima más de déficit a las comunidades autónomas, marcaba así de nuevo distancias con Sánchez en una legislatura protagonizada por la difícil aritmética parlamentaria. A diferencia del anterior ciclo, donde PSOE y Unidas Podemos podían jugar con los apoyos entre sus diferentes socios, el Gobierno está supeditado a convencer a toda la mayoría de investidura para sacar cualquier propuesta en el Congreso (salvo apoyos puntuales del PP, como en la renovación del Poder Judicial).

Una mayoría que no es "progresista", al sostenerse en fuerzas de derecha como PNV y, sobre todo Junts. "La mayoría progresista como tal no existe porque el partido de Puigdemont, en muchas cuestiones, puede estar más cerca de los postulados del PP. De hecho, creo que muy pronto vamos a ver a la derecha catalana votando lo mismo que la derecha española, sobre todo en asuntos económicos. Por eso, la capacidad del Gobierno para aprobar nuevas leyes o medidas que sirvan para resolver los problemas reales de los españoles, como es la vivienda, es muy limitada en esta legislatura", aseguraba a El HuffPost hace unos días el politólogo Daniel Valdivia.

Derrota tras derrota, el Gobierno ya suma 32 votaciones perdidas en el Congreso. La primera decepción se la llevó el 10 de enero de 2024, cuando Podemos tumbó el decreto ley redactado por el ministerio de Yolanda Díaz que incluía una reforma del subsidio por desempleo. Tres semanas después, fue Junts quien rechazó la proposición de Ley de Amnistía y obligó a que el texto regresara a la Comisión de Justicia. Su acción hizo que la norma que favorece a los implicados en el procés acabara aprobándose en mayo.

El voto de Junts también fue clave para que, el 29 de febrero, el Pleno aprobara la reprobación del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por la muerte de dos guardias civiles en el puerto de Barbate (Cádiz) al ser arrollados por una narcolancha; o para que el 23 de abril se admitiera una proposición de ley del PP para relajar la protección al lobo ibérico. También con la abstención de ERC se favoreció que se aprobara una moción del PP por el 'caso Koldo' exigiendo responsabilidades. Otra iniciativa del PP, que salió con la abstención de Junts, PNV y BNG, fue la deflactación del IRPF para compensar la subida de la inflación.

En mayo, durante sólo una semana, el PSOE sumó seis derrotas casi consecutivas y se vio obligado a retirar la reforma de la Ley de Suelo ante la falta de apoyos, incluido el de su socio Sumar. La formación de Yolanda Díaz también se opuso a la proposición de ley contra el proxenetismo de los socialistas.

Una semana después, el 30 de mayo, la retirada del apoyo de Junts y PNV propició que se tumbara iniciativa del grupo plurinacional para proporcionar más información económica a los sindicatos a la hora de negociar convenios colectivos, o que también se apoyara una moción del PP para aplicar exenciones fiscales a los menores de 34 años en los primeros años de su vida laboral.

Finalmente, el 20 de junio, salieron adelante los siete puntos de una proposición no de ley del PP sobre el Sáhara y las relaciones con Marruecos, superando así su récord de cinco fracasos en un día vigente desde mayo.

La parálisis legislativa fruto de esta inestabilidad ha hecho que el Gobierno sólo haya aprobado en ocho meses la ley de amnistía, una ley ordinaria que regula las enseñanzas artísticas superiores, la ley de Paridad y otra para crear la Autoridad para la Investigación de Accidentes Ferroviarios, Marítimos y de Aviación Civil. Además, ha logrado la convalidación de cinco reales decretos mientras mantiene en el Congreso otros 25 proyectos de ley en diversas fases de tramitación. 

El pasado mes de marzo, el Gobierno se comprometió a impulsar a lo largo del año 198 iniciativas, entre las que se incluyen 6 leyes orgánicas, 43 leyes ordinarias y 149 reales decretos. Un escenario, a estas alturas del año, difícil de conseguir ante las continuas "hostias" al Gobierno en el Parlamento.