Elías Bendodo, investigado por Anticorrupción por contratos en la pandemia en Andalucía, según El Plural

El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral, Elías Bendodo, y  a su vez la persona designada por el PP como representante del partido en la comisión de mascarillas, está siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción por la adjudicación de miles de contratos exprés que la Junta de Andalucía efectuó durante la pandemia.

Tal y como publica elplural.com, parte de una investigación que se abrió en la Fiscalía Anticorrupción en mayo de 2022 y que, citando al Ministerio Público, se explica que "las Diligencias de Investigación siguen abiertas, ya que se ha ampliado el plazo para la investigación hasta mayo de este año, pues la prórroga se firmó en el mes de diciembre". Es decir, con esta última prórroga, Luzón mantiene “en tramitación” la investigación relativa a los contratos efectuados por la Junta de Andalucía durante la pandemia y que imputa a Elías Bendodo.

En concreto, se trata de una investigación que pone el foco en los contratos bajo sospecha que el Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla realizó en el año 2020 de acuerdo a las nuevas normas de contratación de personal que emitió la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior, dirigida entonces por Bendodo.

Hace dos años, el PSOE de Andalucía denunció a Elías Bendodo ante la Fiscalía por presuntamente “prevaricar” con la adjudicación de 4.000 contratos exprés de empleos públicos en Andalucía. Los socialistas pidieron entonces a la Fiscalía que abriese una investigación contra el número tres de Feijóo sobre los contratos de urgencia durante la pandemia.

Desde el PSOE plantearon un posible delito de “prevaricación administrativa” y señalaron en su denuncia directamente al entonces consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, Elías Bendodo. El hecho de que la Fiscalía siga investigando todavía las contrataciones implica la posible existencia de indicios.

En marzo de 2020, en el primer mes de Covid, la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior publicó unas nuevas normas de contratación de personal, poniendo con ello en el foco de la polémica al que era la mano derecha del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

El sistema para captar personal temporal, conocido como contrataciones exprés, había sido rechazado por la justicia en el plano Contencioso-Administrativo, pero las actuaciones pasaron a ser objeto de estudio por parte de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y Criminalidad Organizada, lo que implicaba la existencia de indicios penales en el asunto.

En concreto, la Junta contrataba casi de manera inmediata cuando publicaba una oferta de empleo en la web de la administracón. Tan solo bastaba con enviar un correo electrónico para poder hacerse con la plaza en 24 horas siempre y cuando se enviara la titulación y una declaración responsable. No obstante, había que enterarse de la plaza ya que apenas estaba un día visible.

Se contrató a más de 3.400 plazas en distintas convocatorias, ya que en algunas ofertas no se concretaron el número de puestos a cubrir, mientras que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y la justicia Contencioso-Administrativa anularon las bautizadas como ‘contrataciones de los vigilantes de la playa’, al considerar que vulneraban derechos “constitucionalmente consagrados”. 

Tras los varapalos judiciales que ocurrieron tras la denuncia del PSOE, la Junta trató de borrar cualquier rastro de estas contrataciones a través de una resolución de la Dirección general de Recursos Humanos de febrero de 2022, que anulaba las contrataciones y derechos a los interinos, desapareciendo así los puntos para baremación, antigüedad o experiencia obtenidos por estos contratos.

Sin embargo, esto no alejó la sombra de sospecha sobre los contratos de Bendodo, ya que sindicatos denunciaron la anulación que decretó Recursos Humanos, defendiendo que la carga agravante no podía recaer sobre los trabajadores que habían visto mermados unos derechos que habían conseguido a través de su puesto de trabajo en la administración. 

No fue el único hecho que se convirtió en noticia con respecto a los contratos Covid. También salieron a la luz concesiones a aseguradoras privadas que se prolongaron en el tiempo suspendiendo cualquier tipo de garantía administrativa. Un ejemplo de estas contrataciones fue el de Barveal, una compañía sin sede ni trabajadores y que había recibido pérdidas, pero que recibió a dedo cuatro millones de euros para arreglar carreteras.