El PSOE propone rebajar la edad de voto a los 16 años
También proponen un "defensor de las generaciones futuras" y condicionar bonificaciones a la vivienda, entre las medidas pensadas a los jóvenes.
El PSOE propone en la ponencia marco para el 41 Congreso Federal del partido rebajar la edad mínima para votar de los 18 a los 16 años. Una cuestión que enmarcan en la ampliación de "la participación ciudadana en los procesos democráticos".
En concreto, el partido, que celebra su Congreso Federal los días 29 y 30 de noviembre y 1 de diciembre en Sevilla, se compromete a modificar la LOREG para que "los y las menores de edad mayores de 16 años disfruten del derecho al voto". A ello, proponen crear la figura del "escaño ciudadano" como "espacio de participación directa de la ciudadanía" para que sean ellos quienes puedan plantear preguntas en las sesiones de control al Gobierno.
Este escaño no tendrá un titular permanente ni derecho a voto, pero sí podrá ser usado por distintos representantes de la sociedad civil para preguntar en las sesiones y dirigirse a la Cámara para presentar proposiciones no de ley de iniciativa popular y enmiendas ciudadanas a iniciativas legislativas en curso.
El PSOE propone también crear un equivalente al Defensor del Pueblo, bajo el nombre de "Defensor de las Generaciones Futuras", que, explican, sería el encargado de analizar "el impacto de los desequilibrios ecológicos, sociales y económicos y proteger los intereses de las próximas generaciones".
Para combatir la especulación y limitar el uso de viviendas como alojamientos turísticos y otros fines fraudulentos, el PSOE afirma que se aprobarán nuevos marcos regulatorios. Estas normativas prohibirán la conversión de viviendas residenciales en alojamientos turísticos o de temporada en zonas de alta demanda, con el fin de proteger el uso prioritario residencial. Además, se dará a los ayuntamientos la potestad para definir áreas tensionadas, donde estas restricciones aplicarán con mayor severidad sin necesidad de tener el amparo de las comunidades autónomas. A esto se sumará un impuesto especial y progresivo a la propiedad a partir de la tercera vivienda, que se complementará con un refuerzo de los servicios de inspección para combatir el fraude en el sector inmobiliario, junto con un régimen de sanciones adecuado.
También se incrementará la carga fiscal en los usos de vivienda no residenciales para desincentivar estos aprovechamientos. Con el objetivo de que las Administraciones Públicas cuenten con datos fiables y actualizados sobre el mercado inmobiliario, se fortalecerá el Observatorio Estatal de Vivienda y Suelo, que integrará los datos de todos los contratos de alquiler y compraventa en el país. Paralelamente, se impulsará la creación de un registro europeo de transparencia que facilite el control sobre las inversiones inmobiliarias internacionales, asegurando así un mercado más regulado y justo.
