El PSOE intenta evitar el 'miércoles negro' en el Congreso con el 'caso Koldo'
El ultimátum de Ferraz a Ábalos busca minimizar los daños en un día movido para los socialistas
24 horas. Es el límite que el PSOE ha dado a José Luis Ábalos para dejar su acta como diputado si no quiere ser expulsado del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso. Una decisión que responde a una estrategia del PSOE de evitar un 'miércoles negro' en la Cámara Baja, donde el partido puede salir tocado.
En menos de 48 horas el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ocupará el escaño que le corresponde en el hemiciclo para responder a los grupos políticos, donde puede recibir una gran crítica por seguir manteniendo a José Luis Ábalos en sus filas y unas horas más tarde, a las 17:30 horas, se celebra la Comisión de Interior, en la que el exministro era el presidente hasta este mediodía, cuando ha dimitido del cargo.
Durante el Pleno del miércoles, el PSOE se enfrentará a cuestiones relativas a garantizar el derecho a la vivienda, el propio 'caso Koldo', un cara a cara con Feijóo sobre los escándalos de su Gobierno o la gestión del CIS, la situación de las protestas del campo.
Hasta ahora, Ábalos venía manteniendo que no tiene motivos para dejar el escaño al no estar investigado en esas diligencias judiciales, si bien estaba dispuesto a plantearse su situación si se lo pedía el partido.
Y tras el ultimátum de Ferraz, fuentes parlamentarias han confirmado que el exministro ha renunciado a la Presidencia de comisión, cargo al que fue propuesto por el PSOE, pero que, por el momento, mantiene el acta de diputado, ya que entiende que es personal. La Comisión de Interior tiene reunión el próximo miércoles y Ábalos ya no ocupará la presidencia salvando uno de los ataques al PSOE. Sin embargo, seguirá ocupando un escaño en el hemiciclo.
Ferraz alude directamente a la "responsabilidad política" del todavía diputado para forzar su salida. "Sabemos que no está investigado, ni señalado, ni imputado, ni su nombre figura en la investigación que todos ustedes conocen. No nos erigimos en jueces, no somos fiscales. No juzgamos. Pero a pesar de todo, la Comisión Ejecutiva Federal considera que sí existe una responsabilidad política. Por ello esperamos que la entrega del acta se produzca en las próximas 24 horas”, ha explicado la portavoz federal del PSOE, Esther Peña.
Las claves que señalan la "responsabilidad política" de Ábalos
El 'caso Koldo' es la investigación que estudia si hubo cobro de comisiones irregulares o ‘mordidas’ en las adjudicaciones de contratos de material sanitario destinados a entidades dependientes de los ministerios de Fomento e Interior, así como a los servicios de salud de Baleares y Canarias. El juez sospecha que pueden haberse cometido delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales.
Todo se iniciaba el pasado martes, cuando la Guardia Civil detuvo a una veintena de personas, de las cuales 15 quedaron en libertad tras declarar ante la UCO y realizó 26 registros domiciliarios y requerimientos a lo largo de la geografía del país.
Todo parte de una denuncia que realizó el PP de Madrid ante la Fiscalía Anticorrupción en marzo de 2022 que firma el secretario general de los ‘populares’ madrileños, Alfonso Serrano. La denuncia se interpuso poco después de que saltara a la esfera pública el ‘caso mascarillas’ vinculado al hermano de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, tras haber facilitado un abogado el caso a la presidenta regional después de que no obtuviera respuesta de la exdiputada de Vox, Macarena Olona.
Los 'populares' denunciaron 13 contratos y son nueve los que están siendo foco de la investigación, por un valor que roza los 50 millones de euros. Todos ellos, se realizaron por el procedimiento de urgencia durante la pandemia, lo que relajaba los requisitos que hubiera conllevado cualquier contratación pública en circunstancias normales y donde los controles para la contratación prácticamente no existen.
El eje de la investigación reside en Koldo García. Exconcejal de Huarte con el PSN hace una década, cuando era compañero de partido del actual secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, se convirtió en chófer de Ábalos en 2018 cuando el político era secretario general del PSOE por recomendación de éste. Una vez Ábalos se convirtió en ministro, le nombró consejero de Renfe Mercancías y posteriormente vocal del Consejo Rector de Puertos del Estado, que fue precisamente el primer organismo público que adjudicó un contrato a la trama que se investiga.
Se sospecha que Koldo García era el supuesto intermediario en las negociaciones de compra de mascarillas a través del Ministerio con empresas de varias provincias, y cobrado sobornos o comisiones por facilitar estos contrato abusando de su cargo público.
Otro de los investigados es el hermano de Koldo, Joseba García, quien también estuvo vinculado, desde 2019, a órganos dependientes del Ministerio de Transportes. La investigación sostiene que Koldo García le habría utilizado "para ocultar la titularidad real" de algunos inmuebles adquiridos con las 'mordidas' de los contratos, así como a su propia hija, de tan solo dos años.