El PP planteará un conflicto de competencias Senado-Congreso para intentar frenar la amnistía
La medida, que busca paralizar la tramitación de la norma, puede conducir la cuestión al Tribunal Constitucional en cuestión de semanas, antes de que el Congreso apruebe definitvamente la amnistía.
El PP dará la batalla hasta las últimas instancias por la ley de amnistía. La portavoz popular en el Senado, Alicia García, ha adelantado este martes que su partido elevará a la Mesa de la Cámara Alta un escrito donde plantea un conflicto entre órganos constitucionales, en concreto contra el Congreso, por la tramitación de dicha proposición de ley.
"En defensa de sus atribuciones constitucionales" y "por tratarse de una reforma encubierta de la Constitución", ha espetado la portavoz popular tras la sesión de control al Gobierno y en una interpelación al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. La decisión y las palabras empleadas encajan en la postura que ha venido defendiendo el PP tanto en público como en privado en las últimas semanas.
Se trata de una medida histórica, ya que es la primera vez en democracia que se plantea formalmente un conflicto de competencias entre órganos constitucionales (como son el Gobierno, el Congreso de los Diputados, el Senado o el Consejo General del Poder Judicial, además de la Corona y el propio Tribunal Constitucional).
Plazos, fases y una fecha tope
El primer paso de este procedimiento, tras presentarlo ante la Mesa, es llevarlo al Pleno del Senado para requerir formalmente al Congreso de los Diputados la retirada de la proposición de ley de amnistía. Dicho pleno, según fuentes parlamentarias, tendría lugar tras la Semana Santa. En ambos trámites de la Cámara Alta el PP tiene garantizado el apoyo, ya que cuenta con mayoría absoluta.
Una vez obtenga el respaldo mayoritario, el escrito pasará al Congreso, que tiene un plazo máximo de 30 días para dar respuesta. En el caso, más que previsible, de que no haya respuesta o esta sea negativa, el PP podría acudir al Tribunal Constitucional, que recoge entre sus funciones decifir en los conflictos de competencia entre órganos constitucionales.
La vía, no obstante, no frena el plazo máximo de dos meses que tiene el Senado para tramitar la proposición de ley, salvo que se soliciten medidas cautelarísimas al TC. En caso contrario, el 'camino' legislativo puede llegar a dos meses, el máximo para las proposiciones calificadas como ordinarias por la Mesa —y no como urgente, tal cual venía del Congreso—. Por ello, la fecha tope es el 16 de mayo, cuando como muy tarde la amnistía debe ser votada en su totalidad por el Pleno de la Cámara Alta.
El Alto Tribunal también contaría con un plazo de un mes para dar traslado al órgano afectado, en este caso el Congreso, "para personarse en el procedimiento y formular alegaciones", afirma el TC en su reglamento.
De llegarse a este punto y en el caso de que fuera necesaria una sentencia del Constitucional, esta "determinará a qué órgano corresponden las atribuciones constitucionales controvertidas y declarará nulos los actos ejecutados por invasión de atribuciones, resolviendo lo que proceda sobre las situaciones jurídicas producidas al amparo de los mismos".
