El PP pide debatir la ley de amnistía en el Parlamento Europeo la próxima semana

El grupo del Partido Popular Europeo (PPE) en el Parlamento Europeo ha pedido que se incluya en la agenda del pleno de la semana próxima un debate sobre el riesgo para el Estado de derecho en España como consecuencia de la ley de amnistía pactada por el PSOE con Junts y ERC para asegurar la investidura del candidato socialista a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez.

Los 'populares' quieren "dejar claro que el Estado de derecho no es negociable en la Unión Europea y no puede ser simplemente sacrificado para obtener los votos necesarios para formar una mayoría de gobierno", según ha indicado la formación conservadora en un comunicado.

En una declaración conjunta, el líder del PPE, el alemán Manfred Weber, y la jefa de la delegación del PP en la Eurocámara, Dolors Montserrat, han advertido de que las disposiciones del acuerdo para la amnistía de los implicados en el desafío independentista suponen un "riesgo de violar la separación de poderes y mina la independencia judicial".

La agenda de la próxima sesión plenaria se cerrará este jueves en la reunión de la Conferencia de Presidentes (CoP) que reúne a los líderes de todos los grupos parlamentarios, pero fuentes parlamentarias consultadas por Europa Press dan por hecho que contará con los apoyos necesarios.

No en vano, tanto desde Ciudadanos (en el grupo de los liberales europeos) como desde Vox (en el de los Conservadores y Reformistas, ECR) han expresado estos días su voluntad de que el asunto sea llevado a la Eurocámara, lo que facilitaría los apoyos suficientes para que el debate se programe en el pleno del 20 al 23 de noviembre.

Para defender la necesidad de elevar el asunto al plano europeo, Weber ha defendido que, "cuando todas las asociaciones profesionales de la judicatura y representantes de empresas y sindicatos hacen sonar la alarma, se debe tomar muy en serio".

El conservador alemán compara la situación en España con la de Polonia y exige a la Comisión Europea que "aclara inmediatamente" que las referencias al 'lawfare', término que presupone la judicialización de la política, son "absolutamente inaceptables".

En este sentido, Weber y Montserrat afirman que la mención al 'lawfare' supone "abrir la puerta a las interferencias en la judicatura por parte del poder legislativo", lo que supone una "grave amenaza" para la independencia judicial en España.