El PP de Madrid renuncia a parte de la comisión de investigación a Begoña Gómez tras el descalabro del primer día

El PP de Madrid ha renunciado a dos de los tres comparecientes que le tocaban este miércoles 20 de noviembre en la comisión de investigación que ellos mismos impulsaron contra Begoña Gómez. En el calendario establecido, las dos primeras sesiones de la comisión iban a contar con seis comparecientes a propuesta de los populares.

Sin embargo, tras la reunión de la mesa de la comisión celebrada tras esta primera sesión y en la que se iban a fijar los nombres de los siguientes comparecientes, el PP ha renunciado a dos de ellos y tan solo harán comparecer al decano de la Facultad de Ciencias de la Información, Jorge Clemente. Los dos turnos que el PP deja libres los ocupará Más Madrid, que llevará a la rectora de la Universidad Autónoma de Madrid, Amaya Mendikoetxea Pelayo, y a la presidenta de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), Eva Alcón.

Un giro en los contenidos con los que la izquierda va a tratar de quitar el foco que el PP ha querido poner sobre Begoña Gómez en la comisión y con el que hablar de otras deficiencias que se viven en las universidades públicas de la Comunidad de Madrid. Tanto PSOE como Más Madrid insisten en que la renuncia del PP confirma que la comisión de investigación fue concebida únicamente como una estrategia de confrontación política y no como una cuestión encargada por investigar y mejorar las universidades madrileñas.

Además, tanto fuentes de la izquierda madrileña como de la UCM explican que existe "descontento" en las actuaciones que el PP quería desarrollar en la comisión al verse señalados "de por vida" diferentes funcionarios por el hecho de tener que acudir.

Precisamente, este miércoles, tras la comparecencia de Begoña Gómez, Manuela Bergerot, portavoz de la formación, se refería a ello: "El PP ha montado un chiringuito para que no podamos hablar de lo que de verdad importa a los madrileños y a las madrileñas, y así me lo ha hecho saber la presidenta de la comisión, que me ha dicho que si quiero hablar de las universidades públicas madrileñas, este no es el foro", explicaba.

"Hoy, que comienza el frío en la región, las aulas de la UCM no van a poder encender la calefacción mientras se pone la alfombra roja a las universidades privadas", añadía restando importancia a la comparecencia de Gómez. 

En la misma línea se explicaba el portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid y líder del PSOE-M, Juan Lobato, que tachaba de "circo", "barbaridad" y "persecución" lo que se había vivido minutos atrás con una Begoña Gómez muda, acogiéndose a su derecho a no declarar.

"Begoña Gómez está muy tranquila. Sabía a lo que venía, ninguno somos tontos. Venía a explicar lo que ha dicho y sabe lo que está haciendo el PP y el PP de Madrid con esta cuestión, que esconde los problemas de los madrileños con este acoso y derribo al Gobierno de España", añadía también ante la prensa explicando que se trata de una "persecución política contra el PSOE y el presidente del Gobierno para hacerle sufrir" tanto a él como al PSOE de Madrid. "Querían la foto y la expectación, pero no les sale bien. La gente está en su casa viendo los problemas que tienen y que se dediquen a montar este circo", explicaba ante los medios de comunicación. "No sé ni el interés que va a tener el PP porque solo querían este circo", indicaba.

Dicho y hecho. Casi como una premonición, apenas cuatro horas después, el PP renunciaba a su papel en la comisión tras haber llevado a la misma al rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache, y a la interventora de la universidad, María Elvira Gutiérrez-Vierna.

En sendas comparecencias, que se han producido después de la de Begoña Gómez, y que eran a petición del PP con la idea de acorralar a la esposa del presidente del Gobierno, han negado cualquier hecho delictivo en la cátedra que dirige en la UCM y han desmentido diferentes cuestiones planteadas por los diputados.

Por ejemplo, Goyache ha negado cualquier trato de favor o irregularidad en la designación de Gómez y ha asegurado que su nombramiento fue propuesto por la comisión mixta de seguimiento de manera "absolutamente legal y regular". Además, ha defendido que no hubo presiones en el proceso y que la cátedra se creó siguiendo estrictamente la normativa de la UCM.

El rector explicaba así que tanto la cátedra, así como el máster sobre transformación social, no han sido excepcionales por estar codirigidos por la esposa del presidente del Gobierno explicando que el beneficio principal de estas iniciativas es de "visibilidad" para la universidad, no económico. Ha aclarado que el 90% de los fondos recaudados por patrocinadores como Fundación La Caixa y Reale Seguros se destinaba directamente al desarrollo de la cátedra, mientras que solo el 10% quedaba en las arcas de la UCM. Sobre la falta de titulación de Gómez, ha indicado que para la co-dirección no se requiere licenciatura, sino experiencia en sostenibilidad, rol que Gómez desempeña sin tener funciones académicas con 25 años de experiencia demostradas.

Finalmente, el rector ha hablado sobre el supuesto software patentado por Gómez en el marco del máster, el mismo que investiga en la actualidad el juez Peinado. Ha afirmado desconocer la existencia de dicha patente y ha añadido que la universidad ha iniciado investigaciones internas sobre las acusaciones, aunque no se han hallado irregularidades. 

Por su parte, la interventora Gutiérrez-Vierna, ha asegurado que "nadie puede contratar en nombre del centro universitario si no es el rector" y que "desconocen" quién realizó la contratación de la empresa Making Science, que fue efectuada "sin la fiscalización previa que requería". Por ello, ha explicado que en diciembre de 2023, elaboró un informe sobre la contratación con Making Science relacionada con la cátedra de Gómez, señalando que "incumplió la fiscalización previa, lo que conlleva la nulidad del contrato". Respecto al desarrollo de 'software' en el marco de la cátedra, la interventora ha sostenido que los contratos inferiores a 60.000 euros están exentos de comprobación material de la inversión, y que la contratación para consultoría estratégica cumplió los principios de "transparencia, legalidad y eficiencia". Aunque admitió una "irregularidad en la contratación", señaló que no afecta a la reputación del centro y que se ha actuado "de buena fe".