El PP aplazará en el Senado la votación de la reforma legal que beneficiaría a etarras y exige al Gobierno que la retire

El PP ha anunciado este lunes que aplazará la votación en el Senado de la modificación legal con la que se podrían beneficiar hasta 44 etarras, según la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT). No obstante, apunta que no podrá paralizar su aprobación definitiva, por lo que ha exigido al Gobierno que retire este proyecto de ley, al ser el único actor que tiene la potestad de vetarlo actualmente.

En concreto, los 'populares' retirarán del orden del día del Pleno de este martes esta reforma legal, aunque el plazo máximo para tramitarla es el 14 de octubre. Pese al intento de dilatar su tramitación, desde Génova exigen a Moncloa que retirar la reforma, por lo que dejan "en sus manos" la responsabilidad de dejar sin efecto esta decisión. 

De no ocurrir, la modificación legal se aprobará definitivamente y se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE) a pesar de que el PP vote en contra en el Senado, ya que en su tramitación en la Cámara Alta no se ha incluido ningún veto ni ninguna enmienda.

"Si el Gobierno no retira este texto, buscaremos cualquier alternativa jurídica o parlamentaria que pueda blindar a este país de la indecencia que supondría rebajar condenas a terroristas de ETA a través de artimañas parlamentarias. El PSOE es el único partido con capacidad para parar este despropósito. Antes, dado que iba a sacar adelante esta modificación legal con sus socios, y también ahora", proclama el PP en un comunicado.

Con todo, los 'populares' han asegurado que su presidente, Alberto Núñez Feijóo, ha hablado en la mañana de este lunes con la presidenta de la AVT para disculparse personalmente por lo ocurrido y "compartir el rechazo a cualquier triquiñuela parlamentaria que implique abaratar las condenas a terroristas".

En esa cita, la propia Asociación Víctimas del Terrorismo exigió a los populares que usaran su mayoría en el Senado para tumbar el martes la modificación de la ley.

Sin embargo, el PP en el Senado, donde tiene mayoría absoluta, decidió no incluir ni vetos ni enmiendas a esta reforma legal que viene de la Unión Europea. Por este motivo, aunque ahora el PP rechace el texto que viene del Congreso, los precedentes establecen que la norma se publicará en el BOE.

La reforma de la ley fue aprobada por unanimidad en el Pleno del Congreso a mediados de septiembre, incluyendo a PP y Vox. Ahora, los populares se sienten "engañados" por el Gobierno.

"¿De verdad nadie se ha dado cuenta de que la modificación de la ley orgánica 7/2014, sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones penales en la Unión Europea, afectaba también a los etarras?", se ha preguntado la AVT en un comunicado de prensa reaccionando a la tramitación de esta norma.

En un principio, Génova insistía en que "vamos a hacer todo lo posible para revertirlo" y que el martes "vamos a votar obviamente en contra y vamos a intentar también, a través de los recursos que podamos tener en el Senado, pararlo". Sin embargo, ha habido un cambio de opinión tras acusar al Gobierno de Pedro Sánchez de llevar a cabo un "engaño".

"Es recurrente que el Gobierno somete a consideración del Pleno, a través de leyes que no tienen nada que ver, enmiendas. Y esto hace que el proceso legislativo no sea transparente, no sea claro, no sea limpio, que todo esté sujeto a artimañas, a subterfugios, a te cuelo por aquí una enmienda en esta ley que no tiene nada que ver", ha criticado el portavoz popular, Borja Sémper

El Gobierno negó en 2022 la rebaja de penas

En febrero de 2022, el Gobierno negó que existiera "voluntad" por parte del Ejecutivo para rebajar la condena de los presos de ETA a través de la modificación de la ley orgánica 7/2014. "No hay voluntad ni intención alguna", señaló el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

El titular del Interior apuntó que la reforma de la ley 7/2014 afectaba tan sólo a la "interoperabilidad de bases de datos entre países europeos", sin que tuviera por tanto efectos sobre posibles rebajas de condenas de los presos de ETA que habían estado encarcelados en Francia y siguen ahora en prisión en España.

Grande-Marlaska reaccionó de esta forma a una rueda de prensa de la AVT celebrada en febrero de 2022 en la que advertía de que el Gobierno estaba "preparando" la rebaja de penas para medio centenar de etarras, incluyendo la excarcelación para otros siete.

La AVT pedía ya entonces a los grupos políticos que "permanecieran en alerta para parar esta maniobra y que nunca llegue a ser una realidad". La interpretación de la asociación es que con esta reforma se produciría un "fraude de ley" de lo dictado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) para el cumplimiento íntegro de las condenas de terrorismo.

La asociación de víctimas ha denunciado una nueva "mentira" del Gobierno de Pedro Sánchez y ha aprovechado, una vez más, para censurar que el Gobierno Vasco "prime la semilibertad" y ya haya otorgado 82 progresiones a tercer grado para 67 etarras, una decisión en materia penitenciaria que está ahora en manos de la nueva consejera del PSE, María Jesús San José.

El Gobierno dice que es una normativa europea

Preguntado al respecto, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha destacado que la reforma de esta Ley Orgánica de 2014 sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la UE ha contado con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, incluidos PP y Vox, y que su tramitación ha sido "pacífica", también en el Senado.

"Es una tramitación parlamentaria absolutamente pacífica. Fíjese que en el Congreso se votó por todos los grupos parlamentarios, por todos sin excepción, por el PP, por VOX, por todos los grupos parlamentarios del Congreso. Y esa tramitación parlamentaria absolutamente pacífica también ha continuado en el Senado, donde ni siquiera ha habido enmiendas a ese proyecto de ley", ha subrayado.

El titular de Justicia ha pedido que se deje trabajar a las Cortes y ha defendido esta reforma que garantizará que se aplique la directiva europea y la normativa europea también en España.