El PNV se suma a PP y Vox contra el impuesto a las energéticas y dificulta que el Gobierno lo prorrogue por decreto
Los nacionalistas vascos votan a favor de esta enmienda del PP dentro del paquete fiscal. El Gobierno salva la ley de justicia de Bolaños gracias al apoyo de Podemos.
Día agridulce para el Gobierno en el último pleno del año en el Congreso de los Diputados. El Ejecutivo ha logrado sacar adelante la ley de eficiencia del Servicio Público de Justicia, cuyo veto del Senado amenazaba con no levantar Podemos, pero ha sufrido el revés de la eliminación del gravamen extraordinario a las grandes energéticas dentro de su paquete fiscal.
El PNV se ha alineado con Junts, PP y Vox y ha tirado abajo la derogación del artículo legal en el que se basa el gravamen temporal a las empresas energéticas que se viene prorrogando desde 2023. Un movimiento que dificulta la continuidad del impuesto a partir del 1 de enero, pese a que el Gobierno piensa aprovechar el Consejo de Ministros del próximo lunes para aprobar un decreto ley que garantice su prórroga. Sin embargo, dicho decreto ley deberá ser posteriormente convalidado en el Congreso.
En concreto, los nacionalistas vascos han sumado sus votos a PP, Vox y Junts para la derogación del artículo que regula la tasa en la ley por la que se crearon los gravámenes temporales energético y de entidades de crédito y establecimientos financieros y de crédito y por la que se crea el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas.
Fuentes del Ejecutivo no ven relevante esta derrota porque ya han pactado previamente con Podemos, ERC o EH Bildu extenderlo. Una decisión que adoptará, vía real decreto, el Consejo de Ministros del próximo lunes.
Pero este movimiento no será definitivo. Una vez sea prorrogado el impuesto, su vigencia será automática en cuanto sea publicado en el Boletín Oficial del Estado. Pero luego deberá ser convalidado por la mayoría del Congreso de los Diputados en un plazo máximo de 30 días desde su promulgación. Los votos presumiblemente en contra de Junts y PNV impedirían alcanzar esa mayoría simple.
Tras la votación de este jueves, ERC, Bildu y BNG han admitido que contemplaban que PNV y Junts se alinearan con PP y Vox en esta materia y confían en que el impuesto salga adelante a través del decreto del Gobierno. "Consideramos grave que estas dos formaciones se presten a apuntalar y reforzar las estrategias e intereses de la derecha española", señalan fuentes de estos partidos. Además, consideran que si esta situación genera algún tipo de inseguridad jurídica o desajuste en las previsiones de las empresas obligadas por el gravamen, "es y será responsabilidad de quien da apoyo a esta enmienda".
Más "acuerdos" entre PP y Junts
En una jornada de vértigo en el Congreso para el Gobierno, el PP ya se había anotado previamente otro nuevo tanto al introducir varios cambios en la ley de prevención del desperdicio alimentario gracias, precisamente, a que Junts ha vuelto a votar junto a ellos.
Asimismo, dentro del paquete fiscal, ha quedado aprobada la exención de tributación para las ayudas que algunas empresas están dando a sus trabajadores que se han visto afectados por la catástrofe de Valencia, propuesta por el PP y que ha resultado aprobada con los votos de Vox y Junts.
Los tres grupos también han unido sus votos para convalidar la dos enmiendas del grupo independentista incorporadas por el Senado: una para bajar el IVA a los productos de leche fermentada, como el yogur, que ahora será el superreducido (4 %), y otra para exonerar del pago de cuotas de la Seguridad Social a los entrenadores de equipos deportivos no profesionales, incluso en los casos en que el club tenga alguna actividad profesional.
Podemos arranca dos promesas al Gobierno
Por el contrario, el Gobierno ha logrado sacar adelante la ley del Servicio Público de Justicia, cuyo veto del Senado amenaza con no levantar Podemos porque el texto incluía una enmienda que permitirá agilizar los desahucios en casos de ocupación por allanamiento de morada. Finalmente, Podemos ha votado a favor a cambio de la promesa del Gobierno de prorrogar durante un año el escudo social con la suspensión de los desahucios a colectivos vulnerables y de extender durante seis meses más las actuales ayudas al transporte.
La ley aprobada introduce dos líneas fundamentales de actuación, una reforma organizativa y otra procesal, ambas posibles gracias al despliegue tecnológico que está desarrollando e implementando el ministerio.
La norma crea los Tribunales de Instancia, un órgano colegiado que integra todos los juzgados unipersonales y de primera instancia en una única organización en cada partido judicial, que unificará la respuesta en primera instancia. De esta forma, los 3.800 juzgados unipersonales se transformarán en 431 Tribunales, favoreciendo la especialización, la unificación de criterios y permitirá distribuir adecuadamente las cargas de trabajo y compartir recursos.
La ley también crea las Oficinas de Justicia en los Municipios, las cuales serán el punto de contacto directo entre los ciudadanos y la Administración de Justicia. En ellas se podrán realizar toda una serie de actos y trámites procesales de manera telemática desde allí sin tener que desplazarse a una capital de provincia.