El periodista español Pablo González, liberado en un intercambio de presos tras más de dos años en Polonia

El periodista vasco Pablo González, encarcelado desde hace más de dos años y cinco meses en Polonia acusado de espionaje, ha sido liberado y trasladado a Rusia, su país de nacimiento, en un intercambio de informadores presos entre ambos países, según un comunicado remitido este jueves a EFE por su abogado.

"Esta liberación se ha producido en el marco de un intercambio entre Rusia y Polonia de periodistas presos en ambos países, un hecho que marca un hito significativo en favor de la libertad de todos los periodistas que se encuentran en estos momentos presos en diversos países", destaca su abogado a través de un comunicado.

El letrado ha destacado que las razones humanitarias "han sido primordiales" en la decisión de trasladar a Rusia a Pablo González y al resto de periodistas presos, "reconociendo el valor y la importancia del periodismo en la sociedad".

"El intercambio ha sido posible gracias a intensas negociaciones entre las partes implicadas y a un exhaustivo trabajo jurídico que ha asegurado un marco legal adecuado para su materialización garantizando el respeto a los derechos y la dignidad de los periodistas involucrados", ha reivindicado el abogado.

Pablo González (Moscú, 1982) es periodista, lingüista y y politólogo. Su trabajo como reportero, en gran parte como freelance o autónomo, se ha centrado en cubrir países del espacio postsoviético y Europa del este. Se especializó en los conflictos armados y por eso ha informado en estos años de la Segunda guerra del Alto Karabaj o la Guerra del Donbás y Crimea de 2014, antesala de la invasión a gran escala actual, iniciada en 2022. Cuando Vladimir Putin lanzó su "operación militar especial", González acudió también a cubrirla. Ha trabajado para medios como la Agencia EFE, Público, Naiz, Gara, La Sexta, DW o France 24, prensa escrita y televisión, sobre todo.

En 2022, el periodista acudió a Ucrania para cubrir la sorpresiva invasión rusa. Estando en Kiev, los servicios de Inteligencia locales lo visitaron, lo interrogaron durante cuatro horas y le retuvieron sus teléfonos, ordenadores y cámaras. Finalmente, le dieron 72 horas de plazo para abandonar el país.

Contactó con las autoridades españolas, porque desconocía los motivos de esa visita y esa expulsión, y le dijeron que no había nada formalizado en su contra. Fue un aviso verbal. Por eso y porque tenía compromisos profesionales, se quedó en la zona cuatro días más. Pero voló a España muy poco después, cuando supo que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) español había ido a hacer preguntas a su casa en Nabarniz (Bizkaia), donde viven su esposa y sus tres hijos, y también había contactado con sus allegados en Cataluña. Quería responder personalmente sobre lo que fuera que quisieran saber.

Como no podía entrar de nuevo en Ucrania sin riesgos, decidió ir a Polonia y cubrir la salida de refugiados ucranianos a los países vecinos -se calcula que aún hay uno siete millones de civiles en el exterior-. En la localidad fronteriza de Przemysl, mientras dormía en su hotel, oficiales de la Agencia de Seguridad Interna polaca lo detuvieron. Era el 28 de febrero de 2022. Sólo pudo llamar a su esposa y contarle que estaba arrestado, que avisara a su abogado y poco más.

Durante 48 horas, ni su defensa ni su familia supo dónde se encontraba, completamente incomunicado. Los servicios consulares españoles no podían prestarle servicio hasta que él lo solicitara, rocambolesco dada sus circunstancias. Tras una primera vista, al fin, se le decretaron tres meses de prisión preventiva. A la semana de su arresto le llegó la acusación formal por un supuesto caso de espionaje en favor de Rusia, en función del artículo 130.1 del Código Penal de Polonia.