El informe de la ONU sobre las leyes de concordia de PP y Vox: quien no recuerda su historia está condenado a repetirla
Relatores expertos de Naciones Unidas lanzan una alerta sobre las normas que pretenden sacar adelante PP y Vox ya que invisibilizan los crímenes cometidos por la dictadura franquista.
Quien no recuerda su pasado está condenado a repetirlo. Es una de las alertas que han emitido desde la ONU ante las leyes de concordia de PP y Vox. “Las llamadas leyes de concordia aprobadas o presentadas para aprobación parlamentaria en Aragón, Castilla y León y Valencia [...] pueden invisibilizar las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen dictatorial franquista y/o omiten nombrar o condenar dicho régimen”. Es la conclusión a la que han llegado Fabio Salvioli, relator especial sobre la promoción de verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición; Aua Baldé, presidenta-relatora del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias; y Morris Tibdall-Binz, relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias.
Los relatores de Naciones Unidas han analizado, a petición del Gobierno, las normas que pretenden aprobar Partido Popular y Vox para ocultar la memoria histórica. Aunque la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, haya considerado que los autores “posiblemente desconozcan” las leyes de concordia, lo cierto es que el informe analiza de manera pormenorizada cada uno de los puntos de las nuevas normas y los compara con las anteriores o todavía vigentes leyes de memoria.
Respecto al Proyecto de ley de Aragón, advierten, por ejemplo, de que “no hace referencia a las graves violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen franquista (1939-1975) sino que se refiere a las ‘atrocidades cometidas por un bando durante la guerra civil’, mientras que sí menciona la violencia política ejercida durante la llamada ‘Segunda República’ que le antecedió (1931-1939)”. Esta ley, además, “suprime numerosas entidades y actividades de memoria histórica”.
Sobre la ley presentada en Castilla y León, destacan que “suprime la palabra ‘dictadura’ para referirse al periodo histórico del franquismo” y añade unas modificaciones respecto a la “investigación, localización, exhumación e identificación de víctimas” que “podría obstaculizar el acceso a la verdad sobre el destino y paradero de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos, incluyendo las desapariciones forzadas”. También esta norma “invisibiliza las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura franquista”.
Por último, su estudio sobre la ley presentada en la Comunidad Valenciana concluye que reconocer el mismo régimen de protección a las víctimas del franquismo que a ‘las víctimas de la Segunda República y del terrorismo etarra e islámico’ [...] desvirtúa” la memoria histórica y elimina “el reconocimiento y la atención necesarios a los derechos de centenares de miles de víctimas de graves violaciones de derechos humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas cometidas durante la dictadura franquista”.
En definitiva y según concluyen los relatores de la ONU, las leyes del PP y Vox “invisibilizan las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura franquista, al no hacer referencia explícita ni condenar el régimen, su carácter dictatorial o su responsabilidad por los crímenes”. De este modo, impelen al Gobierno a que trabaje con las Comunidades Autónomas para evitar unas normas que podrían incumplir los tratados internacionales de derechos humanos. Los expertos son claros: “La impunidad con relación a esas violaciones puede constituir un elemento importante que contribuye a la repetición de las violaciones”, manifiestan desde la ONU.
En opinión de los relatores, las voces de las víctimas de la dictadura franquista deben ocupar un "espacio privilegiado en la construcción de la memoria". De no ser así, avisan, pueden fomentarse "intentos negacionistas y/o revisionistas y manipulaciones por parte de los perpetradores de violaciones y de grupos o intereses políticos que buscan reanimar la violencia". Para Naciones Unidas, es importante que las víctimas sepan la verdad sobre las violaciones que han sufrido, pero "también se debe dar a conocer la verdad a la sociedad para impedir que tales violaciones se reproduzcan".
Pese a las recomendaciones y avisos, tanto desde el Partido Popular como desde Vox han hecho caso omiso. Es más, en lugar de atender a las reclamaciones, ambas formaciones han optado por deslegitimar a los miembros de Naciones Unidas. Mientras el vicepresidente de la Junta de Castilla y León y dirigente de Vox, Juan García-Gallardo, se ha preguntado “¿quiénes son estos señores?”, el portavoz de la formación de ultraderecha en Valencia, José María Llanos, ha llegado a decir que la ONU “vulnera la soberanía de los países”. El presidente de Aragón, Jorge Azcón, del Partido Popular, ha atacado el informe de la ONU diciendo que es “lisa y llanamente mentira”: “No hay seriedad ni en el fondo ni en la forma”, ha dicho para asegurar que “tiene bulos”.
Por su parte, el ministro Ángel Víctor Torres, ha anunciado que el Gobierno reclamará de manera urgente a las tres Comunidades Autónomas la revisión sus normas. El responsable de la cartera de Política Territorial, que ha tildado de "contundente" el informe, ha manifestado en rueda de prensa que el Ejecutivo no descarta acudir al Tribunal Constitucional si PP y Vox persisten en sus pretensiones.
