El Gobierno incluye alguna propuesta del PP para su decreto antiaranceles, pero Génova lo considera insuficiente

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un decreto-ley con el "plan de respuesta y relanzamiento comercial" diseñado por el Gobierno para mitigar el impacto de los aranceles anunciados la semana pasada por Donald Trump en el denominado "día de la Liberación". Dicho plan está dotado con 14.100 millones de euros, de los que 7.400 millones son nueva financiación y 6.700 de instrumentos ya existentes. 

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el titular de Economía, Carlos Cuerpo, ha señalado que este decreto viene a aterrizar "el plan que puso en marcha hace una semana el presidente del Gobierno". "Queremos transmitir un mensaje de confianza, unidad y cabeza fría a la hora de actuar", ha dicho Cuerpo.

El decreto tendrá que ser sometido posteriormente a votación en el Congreso, por lo que el Gobierno está negociando con los diferentes partidos - incluido el PP - para lograr el máximo apoyo posible. Tal como se ha revelado en los últimos días, ha habido diferentes conversaciones y llamadas telefónicas entre Cuerpo y el equipo económico de Alberto Núñez Feijóo, que lidera Juan Bravo. 

Fruto de estas negociaciones, el Gobierno ha incluido alguna propuesta de los populares en el texto del decreto. Por ejemplo, la reducción en el plazo de la moratoria contable para las empresas en riesgo de disolución, el incremento de unos 220 millones de euros sobre la propuesta inicial para la internacionalización de las empresas españolas o incorporar a las comunidades autónomas al diálogo.

"Nuestra voluntad es llegar a una solución conjunta de país. Esto se ha materializado en numerosas reuniones y llamadas telefónicas para ver cómo podíamos incluir aquellas mejoras o propuestas que han hecho los diferentes partidos. Por ejemplo, el artículo específico que hemos incluido sobre la rendición de cuentas o el refuerzo de las medidas de internacionalización", ha dicho el ministro. En todo caso, el titular de Economía ha emplazado al PP y al resto de fuerzas políticas a seguir negociando antes de que el decreto llegue al Congreso de los Diputados.

Para el PP, sin embargo, estas "concesiones" ya integradas en el decreto son mínimas y no son suficientes para hacer frente al desafío arancelario de Trump. Génova ha pedido reiteradamente rebajas de cotizaciones o rebajas fiscales, algo a lo que el Gobierno no ha cedido por el momento.

Por este motivo, fuentes del PP aseguran que este texto "no se ha modificado en los aspectos que consideramos más importantes y que son la competitividad, la fiscalidad, el fondo nacional con la recaudación de aranceles o las medidas energéticas que pudieran mejorar las perspectivas de las empresas de nuestro país". De ahí que, de momento, no garantice su apoyo a este decreto. "Entendemos sus dificultades parlamentarias y somos conscientes de que hablar de economía con el PP es alejarse aún más de sus socios. Pero ese es problema de Sánchez, no de las empresas, ni de los productores ni de los trabajadores de nuestro país", señalan las mismas fuentes.

En lo relativo a las conversaciones con el resto de paíse de la UE para hacer frente a estos aranceles, Cuerpo ha dicho que la vía por la que apuesta España es la de la negociación. "Pero no por ello vamos a ser ingenuos. Contamos con las herramientas necesarias al nivel de la UE para proteger los intereses de nuestros consumidores y nuestras empresas. Los aranceles son injustificados y arbitrarios y estas medidas suponen un coste muy claro para la economía mundial", ha explicado.

En ese sentido, ha señalado que dentro de los más de 18.600 millones de euros en exportaciones españolas a Estados Unidos, en torno al 80% se verán impactadas por los aranceles que ya ha anunciado o puesto en marcha la Administración Trump.

Ante esta nueva realidad, Cuerpo ha señalado que el Gobierno va a hacer un "seguimiento continuo" de la situación para analizar el impacto de las medidas, a la vez que se establecerá "una red de seguridad a corto plazo para apoyar a las empresas ante un problema de liquidez o reducción de pedidos". 

Por otro lado, y tal como ya adelantó Pedro Sánchez hace unos días, el Ejecutivo también ayudará a las empresas a una "reconversión" o "internacionalización", con el objetivo de reducir la dependencia de Estados Unidos y buscar nuevos mercados.

Para ello, el Gobierno ha activado una línea de avales ICO por valor de 5.000 millones para atender esas necesidades de liquidez de las empresas y apoyar los procesos de reconversión industrial. 

Igualmente, se reforzará el Fondo para la Internacionalización de la Empresa, que contará con un margen adicional de 720 millones, en aras de conseguir que las empresas puedan diversificar o reforzar su presencia en Estados Unidos y diversificar sus exportaciones para disminuir el riesgo para ser más resilientes.

También se activan 2.000 millones también para el esfuerzo de internacionalización, a través del CESCE y su sistema 'CARI', que asemeja a un seguro de tipo de interés, para el apoyo a las exportaciones españolas de bienes y servicios.

Por último, el decreyo incluye una moratoria contable durante 2025 para que las pérdidas obtenidas por las empresas en 2020 y 2021 no computen a efectos de determinar la disolución de una sociedad. Cuerpo ha contado que uno de los planteamientos del PP aceptado ha sido que una prórroga hasta 2027 podría resultar "excesiva", razón por la que se ha ajustado hasta final de 2025 como pedían.