El Gobierno creará un registro de medios de comunicación y establecerá "límites" a la publicidad institucional

El Gobierno ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros el denominado plan de regeneración democrática que incluye la obligación de establecer un registro de medios de comunicación, con información pública sobre su propiedad y la inversión publicitaria que reciben; así como una reforma de la ley electoral para obligar a los candidatos acudir a debates electorales en fases de campaña o que las encuestas que se publiquen en periodos electorales vengan acompañados de sus microdatos.

Igualmente, el Ejecutivo también ha decidido llevar a cabo una reforma de la ley de secretos oficiales, sin dar más detalles, y modificaciones en el Código Penal para tratar los delitos de libertad de expresión, sin especificar si también incluirá lo relativo a las injurias contra la Corona.

En la rueda de prensa posterior a la reunión, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha detallado que este plan es "una hoja de ruta con 31 medidas" que el Gobierno va a implementar en lo que resta de legislatura. "La doble finalidad es reformar la limpieza de nuestra democracia y dotar de mayor transparencia al ecosistema de los medios de comunicación para que se garantice una información veraz", ha señalado.

Según ha detallado Bolaños, el plan se basa en tres ejes: ampliar y mejorar la calidad de la información gubernamental, fortalecer la transparencia y la pluralidad de los medios de comunicación y reforzar la transparencia del poder legislativo y del sistema electoral.

Con respecto a los medios de comunicación, se establece un registro obligatorio de medios de comunicación donde se incluya la información pública sobre su propiedad y la inversión publicitaria que reciben. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) asumirá esta competencia.

En lo que respecta a la financiación pública que reciben estos medios, el Gobierno también limitará dichas inversiones "para que no haya medios impulsados por o dependientes" del dinero público y obligará a las administraciones a detallar anualmente esas partidas. Igualmente, el Ejecutivo pretende garantizar que los sistemas de medición de audiencia cumplan con los compromisos de transparencia para que no se puedan falsear las cifras y se llevarán a cabo medidas de discriminación positiva para favorecer a los medios que publican contenidos íntegramente en lenguas cooficiales.

Para proteger la labor del periodista durante su trabajo, el Gobierno también impulsará una ley de secreto profesional como garantía jurídica para la protección de las fuentes y otra para protegerlos ante "demandas abusivas e infundadas". Y en lo que respecta a la ley de seguridad ciudadana, conocida como "ley mordaza"', el Gobierno sólo ha asegurado que eliminará las sanciones a los profesionales de información cuando cubran actuaciones policiales. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha mostrado la voluntad del Gobierno de reformar otros aspectos de la polémica norma, aunque serán objeto de debate y diálogo con los otros grupos parlamentarios.

En cuanto al poder Ejecutivo, Bolaños ha señalado que presentarán un proyecto de ley de administración abierta y otro de gobierno abierto para que la ciudadanía "compenda mejor las medidas que adoptan el Gobierno". Del mismo modos, se hará obligatoria la rendición de cuentas "para que los ciudadanos puedan conocer con facilidad el cumplimiento de los compromisos adquiridos", así como nuevas estrategias e iniciativas para luchar contra la corrupción. También se ha referido Bolaños a una reforma de la ley de secretos oficiales, sin que se hayan dado más detalles al respecto. "Es una ley que data de 1968 y es preconstitucional. Está ley ha de modificarse, tenemos que establecer una regulación que sea compatible, conforme a los países democráticos de nuestro entorno y con los mejores estándares europeos"., se ha limitado a decir.

En el apartado legislativo, tal como adelantó Pedro Sánchez en su comparecencia en julio en el Congreso, se regulará el derecho al honor y a la rectificación "para garantizar que los tribunales puedan dar a un ciudadano una respuesta ágil a cualquier información falsa o difamatoria que se pueda publicar sobre él". Además, se llevará a cabo una reforma integral del Código Penal para tratar los delitos de libertad de expresión que afecten a las instituciones del Estado o sentimientos religiosos, sin detallar si esto también afecta a las injurias contra la Corona. Sumar cree que sí al ser "institución del Estado".

Por último, el Gobierno también quiere que se oblique por ley a celebrar cada año un debate sobre el Estado de la Nación, que los candidatos se vean obligados a acudir a debates electorales cuando se convoque en campaña y que las encuestas electorales que se publiquen vengan acompañadas de sus microdatos para conocer su 'cocina'.