El Gobierno se dispone a aumentar los fondos para la escuela concertada

El Gobierno da por hecho que la escuela concertada recibirá más fondos económicos, como resultado de la futura negociación con las patronales del sector y la revisión que estaba contemplada en la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, la Lomloe. 

Así lo ha desvelado El País este miércoles en una información en la que apunta que ambas partes, Ejecutivo y la concertada, asumen que de esos nuevos cálculos el resultado será más dinero para el sector privado de la educación.

El secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, ha señalado al citado medio que esta revisión primero necesitará establecer de forma objetiva cuál es "el coste real del servicio educativo" que asume la escuela concertada. Una vez se tenga este análisis se recalcularán las partidas económicas que irán a parar a los centros.

Educación espera compromisos de la privada: eliminación de cuotas y transparencia en admisión

Lo cierto es que, a pesar de que la Lomloe es clara, se trata de un asunto espinoso para el Gobierno de coalición progresista, que viene defendiendo postulados como restar peso a la educación privada para primar a una pública que viene de afrontar un pasado de décadas de importantes recortes económicos.

El departamento que dirige la ministra y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, espera también que la escuela concertada cumpla con su parte. ¿Cuál es su parte? Un compromiso en la transparencia para los procesos de admisión -en algunas comunidades el peso de la educación concertada es tal que familias tienen que recurrir a ella por cuestiones de las propias plazas existentes-, pero también en otro de los grandes conflictos con estas empresas. La eliminación de cuotas abusivas, como mínimo, alegales, siendo en muchos casos ilegales.

Un informe de la pasada primavera a cargo de EsadeEcPol calcula que la escuela concertada se lleva mil millones de euros al año en este tipo de cuotas económicas. Una "ligera" mayoría de centros concertados, sobre todo los pequeños, cobra cuotas a las familias porque están mal financiados y un 30%, los más grandes y que más alumnado acoge, lo hace pese a recibir suficientes fondos públicos, pero buscan beneficio económico o la diferenciación de su oferta educativa. Cuotas que están prohibidas por ley.

¿Qué dice la Lomloe al respecto de esta revisión?

En la mencionada ley se recoge expresamente que "en el seno de la Conferencia Sectorial se constituirá una comisión, en la que participarán las organizaciones empresariales y sindicales más representativas en el ámbito de la enseñanza privada concertada, para el estudio de la cuantía de los módulos de concierto que valore el coste total de la impartición de las enseñanzas en condiciones de gratuidad. Sus conclusiones deberán incorporarse en el plan de incremento del gasto público".