El ejemplo de Santiago de Compostela en la limitación de los pisos turísticos ilegales

Fred Kent, uno de los principales pensadores en la revitalización de espacios urbanos, defiende que, pese a que ello atente incluso contra sus propios intereses gremiales, son las personas que habitan las ciudades quienes más y mejores conocimientos albergan sobre cómo regenerar sus entornos. Iago Lestegás aúna, en todo caso, ambas funciones. El concejal de Urbanismo de Santiago de Compostela no solo vive en la ciudad, sino que además es arquitecto y doctor en regeneración urbana y desarrollo económico.

Cuando se presentó con el BNG a las elecciones municipales, Lestegás comentó que la calidad de vida de la capital gallega “está en riesgo por un proceso de turistificación que afecta solo a la ciudad histórica, pero no solo, también tiene impacto sobre la vivienda, los comercios o el espacio público”. Y es ahí donde el Gobierno de Compostela, liderado por la alcaldesa Goretti Sanmartín (BNG) en coalición con Compostela Aberta, ha puesto desde hace el inicio de la legislatura gran parte de su interés político.

Desde 2018 hasta 2023, el precio medio del alquiler en Santiago de Compostela ha aumentado un 33,1%, según los datos del Observatorio da Vivenda de Galiza. Si bien, como señaló hace unos días Sanmartín, “las viviendas de uso turístico no son la única causa de la escasez de viviendas disponibles para uso residencial ni de la subida de los precios, es cierto que intensifican el problema”. Desde el Consistorio calculan que hay, según un registro de la Xunta, más de 800 viviendas que funcionan como pisos turísticos, aunque pueden llegar hasta las 1.000 con los datos de las plataformas.

Este lunes, el Gobierno compostelano, explica Lestegás, ha aprobado una norma que “culmina un proceso encaminado hacia la garantía del derecho a la vivienda”, un trabajo que comenzó ya en 2015, cuando era alcalde de la ciudad Martiño Noriega. 

Lo que ha sacado adelante el Ayuntamiento de Santiago es una ordenanza que “regula una cuestión concreta como es la forma de comunicar a la Administración municipal el desarrollo de los usos de hospedaje”. Esto es, para funcionar como piso turístico, al menos en Compostela, no bastará, como hasta ahora, con estar registrado en el Registro de Empresas y Actividades Turísticas de Galicia (REAT) de la Xunta de Galicia, que tan solo solicita una declaración responsable. Quienes quieran seguir ejerciendo, deberán contar con un título habilitante municipal, sujeto a una serie de criterios.

Ahora mismo, solo 58 viviendas cuentan con dicha credencial, por lo que más de 700 pisos turísticos operan fuera de la ley y, por lo tanto, no podrán seguir funcionando como tal. Son ilegales. Estos pisos turísticos, si se regularizasen, tendrían tan solo permiso para funcionar con ese fin un total de 60 días al año, siempre y cuando demostrasen que el resto del año son residencia habitual, ya sea por parte de los propietarios o mediante alquiler. Eso sí, deberán cumplir una serie de requisitos, como por ejemplo que la comunidad de vecinos del inmueble esté de acuerdo.

“El objetivo – considera Lestegás – no es otro que el de lograr que estos pisos sean justamente eso, viviendas”. El Gobierno municipal confía en que los propietarios de estos inmuebles los incorporen al mercado residencial, que si bien “no es tan lucrativo, también les proporcionará ingresos al tiempo que nos permitirá, como ciudad, avanzar en un uso eficiente del parque residencial”.

El abordaje de los pisos turísticos no es la única medida que el Ayuntamiento ha puesto en marcha con el objetivo de “recuperar” la ciudad. Hace unos días, el Gobierno aprobó la suspensión cautelar durante el plazo de al menos un año de la apertura de nuevos comercios turísticos en el casco histórico. Se trata, comenta Iago Lestegás, de “una medida complementaria a la de los pisos turísticos”. “Siempre hemos defendido que sin residentes no hay comercio de proximidad, y sin comercios de proximidad no hay residentes”, manifiesta a El HuffPost el responsable de Urbanismo.

Mientras se pone freno a la apertura de tiendas de souvenirs, entre otras cosas, sí podrán abrir comercios “que proporcionen bienes esenciales para los vecinos”, como “tiendas de alimentación, zapaterías, panaderías, carnicerías, tiendas de ropa...” “Lo que buscamos”, manifiestan desde el Ayuntamiento compostelano, “es seguir profundizando en el proceso de transformación que está sufriendo el tejido comercial en el casco histórico”.

Hace unos días, durante un acto para rendir cuentas después del primer año de Gobierno, la alcaldesa, Goretti Sanmartín, quiso dejar claras sus intenciones al frente del Ayuntamiento: “No venimos a pintar fachadas o pequeños retoques, venimos para cambiar las condiciones de vida de las familias”.

Un PSOE díscolo

Más allá de la iniciativa del Gobierno de Sanmartín, para que la ordenanza saliera adelante necesitaban los votos de los concejales del Partido Socialista de Galicia, una disyuntiva que no parecía difícil teniendo en cuenta que la ministra socialista de Vivienda, Isabel Rodríguez, celebró la propuesta del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, del PSC, de cerrar todos los pisos turísticos durante los próximos cinco años. Pero la realidad no siempre es sencilla. Lo cierto es que los concejales socialistas de Compostela votaron a favor de la medida pero tuvieron que hacerlo llevando la contraria a su Ejecutiva, desde donde les solicitaron que tumbasen la norma.

No fue hasta la celebración del Pleno que la portavoz del PSdeG en el Ayuntamiento de Santiago, Mercedes Rosón, anunció la decisión de votar en contra de lo que le pedían sus dirigentes locales. "Decidimos ser leales y consecuentes con la ciudad, con los vecinos y con lo que defiende el PSOE en España y en Galicia", comentó Rosón, quien ahora puede enfrentarse a un expediente o incluso a la expulsión del partido.