El Constitucional estudia si la Asamblea de Madrid debe permitir investigar los contratos del novio y el hermano de Ayuso

El Tribunal constitucional ha admitido a trámite un recurso que presentó en la anterior legislatura el Grupo Parlamentario Más Madrid durante la pasada legislatura contra la Mesa de la Asamblea de Madrid por haber rechazado "constantemente" iniciativas que tenían como objeto investigar hechos de legislaturas anteriores. En concreto, se trata de los contratos de emergencia que la Comunidad de Madrid adjudicó durante la pandemia de 2020 y que tienen relación con, por ejemplo, su hermano, y que se detallan en un extenso recurso de amparo al que ha tenido acceso este medio.

El criterio de la Mesa de la Asamblea de Madrid se basa desde hace varios años en  que no se puede investigar a través de iniciativas o comisiones de investigación hechos que sucedieron en otras legislaturas. Una labor, denunciada por la oposición en bloque durante meses y que contrasta con iniciativas que ha puesto en marcha el PP y su mayoría absoluta con cuestiones pasadas como la comisión de la complutense para investigar a Begoña Gómez o cuando la comisión de investigación del Aeropuerto de Barajas para determinar si fue el punto de entrada del Covid en Madrid.

El recurso de amparo llega al Tribunal Constitucional después de un largo recorrido parlamentario en la Cámara de Vallecas. Cuando los grupos registran una iniciativa, es la Mesa la que debe decidir si se admiten a trámite o no para iniciar su recorrido legislativo. En esta ocasión, cuando son rechazados, los grupos parlamentarios pueden pedir una reconsideración a la misma. Es decir, que esa iniciativa vuelva a la Mesa para que se revise el argumento por el cual han sido rechazados y tener una nueva respuesta, que en este caso fue una nueva negativa del PP para poder investigar los contratos de la pandemia entre los que se incluyen los que gestionó Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta madrileña, que se llevó una comisión de 234.000 euros por interceder en la venta de mascarillas a Madrid.

Una vez rechazada esa reconsideración, los grupos parlamentarios solo tienen una vía: pedir un recurso de amparo al Tribunal Constitucional. Y así fue. El recurso, que fue admitido a trámite a finales del mes de octubre por el magistrado Cándido Conde-Pumpido, aporta una cuestión relevante ya que la admisión a trámite implica que la Asamblea de Madrid tiene que personarse en el proceso y mostrar los expedientes por los cuales decidieron que no era pertinente que la oposición investigara los contratos que el Gobierno de la Comunidad de Madrid realizó durante la pandemia. De la respuesta que de el Alto Tribunal, ahora en tramitación, se decidirá si el criterio que el PP lleva aplicando 4 años en Madrid es procedente o se tiene que abrir la mano a las propuestas que presentan los grupos parlamentarios.

“La Mesa de la Asamblea se ha convertido en el mejor ariete de Ayuso contra la oposición. En poco más de un año, han tumbado casi 12 mil iniciativas: no dejan investigar la relación entre los contratos que la Comunidad da a Quirón ni la relación con el novio de la presidenta; no permite investigar qué pasó en las residencias y boicotean sistemáticamente cualquier fiscalización de la oposición al Gobierno", señalan desde la formación regional que lidera Manuela Bergerot. 

“Gracias a nuestro recurso al Tribunal Constitucional, que ya va avanzando, la mesa tendrá que dar explicaciones. Y cuando lo ganemos, que lo ganaremos, investigaremos todo lo que haya que investigar: afecte a quien afecte y caiga quien caiga”, añaden desde Más Madrid.

Del 15% al 30% de propuestas inadmitidas

Lo cierto es que de la anterior legislatura (2021-2023) a la presente (2023 y lo que llevamos de 2024) se han duplicado el porcentaje de preguntas inadmitidas. En esos dos años, todos los grupos parlamentarios presentaron 40.642 iniciativas, de ellas 6.182 fueron inadmitidas por la Mesa haciendo un porcentaje del 15%. Ahora, en año y medio de legislatura, los diferentes grupos parlamentarios han querido debatir 39.179 iniciativas. De ellas, han sido declaradas como no admitidas 11.892, llegando a un porcentaje del 30%.

Casi el mismo número de iniciativas y el doble de iniciativas rechazadas por la nueva presidencia de Enrique Ossorio. Tal y como comentaba este medio el pasado mes de abril, las iniciativas rechazadas en menos de un año de legislatura representaban más de 6.000, ahora ocho meses después, ese número se ha visto doblado. Grupos pequeños como el de Vox señalan que por las pocas manos y el gran volúmen de trabajo hace imposible poder invertir tiempo en presentar esa reconsideración.

La respuesta que se da desde la presidencia tanto en la de Ossorio como en la anterior legislatura es la misma: o bien se inadmiten porque son cuestiones que corresponden a asuntos iniciados en otra legislatura, se indica que incluyen juicios de valor, son poco concretas o corresponden a otro organismo. Una cuestión que, denuncian todos los grupos, no ocurría en la anterior legislatura cuando la popular Eugenia Carballedo presidía la Asamblea. "Que te tumbaran una pregunta era casi anecdótico y siempre tenían razón", explicaba el mes de abril un diputado a este medio. Por cierto, en aquella época el PP tenía también mayoría en la Mesa.

Los contratos del novio de Ayuso y su hermano entrarían en lo que solicita Más Madrid

Si el Constitucional instara a la Asamblea de Madrid a investigar los contratos que Más Madrid ha reclamado y que incluyen los que implican, por ejemplo, a su hermano.

La Fiscalía Europea decidía archivar a principios de 2023 la investigación sobre la comisión de Tomás Díaz Ayuso en la compraventa de mascarillas gestionada por la Comunidad de Madrid que presidía y preside su hermana durante las primeras semanas de la pandemia. Según el organismo, no se probaba que el precio abonado, de 1,5 millones de euros, incluyera un sobrecoste irregular. Esta decisión respaldaba el archivo previo que realizó la Fiscalía Anticorrupción en España en 2022, poniendo fin a un caso que no ha llegado a manos de los jueces y que ahora, si Más Madrid recibe el amparo podría reactivarse.

El contrato en cuestión adjudicó a dedo la compra de 250.000 mascarillas a la empresa Priviet Sportive SL, propiedad de Daniel Alcázar Barranco, amigo de la infancia de la presidenta madrileña. De este acuerdo, Tomás Díaz Ayuso cobró un total de 234.000 euros en concepto de comisiones, según los datos oficiales de la Comunidad de Madrid.

La operación salió a la luz en medio de la guerra interna del Partido Popular. Pablo Casado, entonces presidente del partido, planteó la polémica en público cuestionando la actuación de Ayuso: “¿Cuando morían 700 personas al día puedes contratar con tu hermana y recibir 286.000 euros?”. Estas palabras desataron una crisis que culminó con la destitución de Casado y la llegada de Alberto Núñez Feijóo a la presidencia del PP.

El Gobierno de Ayuso negó irregularidades desde el principio y defendió la legalidad del contrato. Según la Fiscalía, no se han hallado pruebas de trato de favor ni de que Isabel Díaz Ayuso interviniera en el proceso. Tampoco se demostró que su hermano participara en un amaño del contrato. Además, la Consejería de Sanidad rechazó otras ofertas de la empresa de Alcázar por considerar sus precios demasiado elevados.

También de su pareja, Alberto González Amador. Aunque se circunscriben a contratos de la pandemia, la doctrina del TC implicaría que se puedan pedir nueva información sobre contratos posteriores y en concreto aquellos relacionados con la Comunidad de Madrid con los que la pareja de Ayuso defraudó, según él mismo confesó a través de su abogado, la cantidad de 350.951 euros durante el 2021 y 2022.

El origen del caso está en las comisiones de 1.973.000 euros que González Amador cobró como intermediario entre la empresa FCS Select Products y la firma gallega Mape Asesores en la compraventa de material sanitario valorado en 42 millones de euros. Las entregas de guantes y mascarillas se produjeron en mayo y agosto de 2020, en pleno auge de la pandemia. Según la documentación, la empresa FCS, dedicada anteriormente al marketing de bebidas alcohólicas, se convirtió en un proveedor clave de las administraciones públicas durante la crisis sanitaria.

El contrato que sustenta las comisiones está fechado el 25 de enero de 2020, semanas antes de que la pandemia afectara gravemente a España. La Agencia Tributaria describe a la firma Maxwell Cremona SL, propiedad de González Amador, como “un mero intermediario” que no figuraba ni como comprador ni como vendedor en las operaciones. Los ingresos declarados por la empresa incluyen 834.320 euros en mayo de 2020 y 1.138.680 euros en agosto del mismo año, ambos bajo el concepto de “comercialización de clientes”.

Tras una investigación de dos años reflejada en un informe de 200 folios, Hacienda concluyó que González Amador utilizó prácticas contables para eludir el pago de impuestos. Las irregularidades derivaron en la denuncia de la Fiscalía, que lo acusa de dos delitos de fraude fiscal y un tercero de falsedad documental. El caso ahora está en manos de los tribunales.

El vínculo entre estas operaciones y la Comunidad de Madrid, cliente habitual de Mape Asesores, planteaba y plantea interrogantes sobre posibles conflictos de interés dado que mantiene una relación con la presidenta madrileña aunque hasta ahora no se han podido señalar implicaciones directas en los contratos públicos adjudicados por el gobierno regional. En parte, porque la Asamblea de Madrid ha impedido que la oposición indague en el tema.