El Congreso aprueba eliminar el término "disminuido" de la Constitución

El pleno del Congreso ha dado este jueves luz verde a la reforma el artículo 49 de la Constitución para sustituir el término 'disminuidos' por 'personas con discapacidad' antes de su remisión al Senado para su aprobación definitiva. Todos los partidos, a excepción de Vox, han votado a favor. Una imagen de práctica unidad que pocas veces ha sido vista en una votación parlamentaria. En total, han sido 312 "síes" y 32 noes. Para una reforma de la Constitución se requería el apoyo de al menos tres quintos de la cámara.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha intervenido en el debate para resaltar que "todos ganamos cuando somos capaces de acordar en aras y defensa del interés general". "Queda mucho hasta abrazar la diversidad y alcanzar la plena inclusión y hoy estamos dando un gran paso en este afán", ha añadido el presidente, que ha señalado también que hay otras reformas en las que los ciudadanos están "esperando" que los políticos lleguen a acuerdos.

Sólo los de Abascal se han apartado de este consenso al votar en contra. En su intervención en el debate de este jueves, la diputada de Vox Lourdes Méndez ha hecho suya una enmienda del PP presentada hace tres años en contra de esta reforma para atacar a los populares por su apoyo ahora a esta modificación de la Carta Magna. "Prueba su vileza y su incoherencia política", ha dicho.

Vox aprovecha el debate para atacar al PP

Méndez se ha preguntado cuál es "el precio" que Sánchez ha pagado al PP y al resto de partidos para "ocultar su debilidad". "¿Han sido fondos económicos que se podrían haber utilizado para aplicar una ley de enfermos de ELA? Ustedes tienen tiemplo de explicar por qué pactan con el PSOE una reforma constitucional. No sólo utilizan a las personas con discapacidad para blanquear su debilidad, sino también para eliminar al disidente", ha señalado.

La representante de Vox también ve contradictorio aprobar esta modificación de la Constitución y que estén en vigor leyes eugenésicas como la del aborto o la de la eutanasia. "Se debe cambiar la Constitución, pero no así. Y aunque nos difamen, seguiremos siendo fieles a nuestra responsabilidad política y a nuestra defensa de los derechos de las personas. Nunca nos convertiremos en marionetas cuyos hilos los muevan los enemigos de España", ha concluido.

Entidades sociales como el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) habían pedido a Vox que se replantee cambiar su voto en este último debate a un 'sí', para que la reforma pueda salir aprobada por unanimidad del Congreso. Los de Abascal han desatendido esta petición e incluso han pasado de su abstención el pasado martes en la votación de la toma en consideración al voto en contra.

Actualmente, el artículo 49 de la Constitución dice: "Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos".

La reforma consensuada por PP y PSOE pretende cambiar la redacción a "las personas con discapacidad ejercen los derechos previstos en este Título en condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas".

Además, en el segundo punto constará: "Los poderes públicos impulsarán las políticas que garanticen la plena autonomía personal y la inclusión social de las personas con discapacidad, en entornos universalmente accesibles. Asimismo, fomentarán la participación de sus organizaciones, en los términos que la ley establezca. Se atenderán particularmente las necesidades específicas de las mujeres y los menores con discapacidad".

Seis años de 'batalla' para el cambio de una palabra

La reforma constitucional para cambiar este artículo fue impulsada por el Comité de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) en 2018. La convocatoria de elecciones un año después impidió que su tramitación continuara y en la pasada legislatura el acuerdo entre PP y PSOE no fue posible porque los 'populares' aseguraban que no tenían garantías de que la reforma constitucional se fuera a ceñir exclusivamente al artículo 49 y no veían disipado el riesgo de que algún grupo forzase la celebración de un referéndum constitucional.