Desterrar el término "disminuidos" de la Constitución: una lucha de casi 20 años empañada por el ruido político

Una lucha de casi dos décadas en defensa de una reforma que no termina de salir adelante. Los colectivos de las personas con discapacidad han peleado desde 2004, año tras año, porque el Gobierno de turno, ya sea del PP o del PSOE, cometiera un cambio en la Constitución que todavía no se ha llevado a cabo.

Se trata del artículo 49 de la Constitución y, en concreto, un término que muchos buscan desterrar para siempre de la Carta Magna, la palabra "disminuidos" que aparece en dicho apartado.

Muchas han sido las negociaciones, muchos han sido los anuncios, muchas han sido las promesas, pero todo sigue igual que en 2004. Tal y como se ha ido repitiendo en los últimos años, PSOE y PP han vuelto a hablar de dicha reforma y el optimismo de cara a eliminar dicha expresión vuelve a aparecer en los colectivos.

Los cambios se han visto empañados por el ruido político y, aunque es cierto que se produjeron importantes avances entre los principales partidos políticos, los pasos no han sido suficientes para alcanzar un acuerdo definitivo.

Qué dice el artículo 49

Ningún Gobierno ha sido capaz de poner fin a una palabra que sigue haciendo mucho daño a las casi 4,5 millones de personas que tienen discapacidad en España, según los datos del INE, y que sigue siendo una de las principales reclamaciones tras el 45º aniversario de la Constitución española.

En el artículo 49 de la Carta Magna se señala lo siguiente: "Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos”.

Desde que el 3 de diciembre de 2004, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, los colectivos reclamaron al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero que pusiera en marcha la reforma, muchas han sido las peticiones para poner fin a un término que consideran que es de otra época. 

En un principio, la propuesta parecía ir por un buen camino al ver a España firmando la reivindicación que fue aprobada en la convención de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el año 2006. Ni más lejos de la realidad, 17 años después de aquel paso, no se ha movido ni una letra de la palabra en la Carta Magna.

Las elecciones y el rechazo de PP y Vox

Parece una carrera de obstáculos, pero todavía no se ha llegado a la meta, pese a que ha estado cerca. En varias ocasiones, cuando todo parecía que habría cambio en la Carta Magna, por unas situaciones o por otras, el desenlace siempre ha sido el indeseado.

En 2018, el Comité de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) impulsó la iniciativa en el Congreso y la entonces vicepresidenta del Gobierno, la socialista Carmen Calvo, logró un acuerdo unánime en Comisión para cambiar el texto por uno "más acorde a los nuevos tiempos". Pero todo se paralizó por la convocatoria de las elecciones generales.

La medida no volvió a retomarse hasta 2021, cuando el Consejo de Ministros aprobó el Proyecto de reforma del artículo 49, relacionado con la "protección y promoción de los derechos de las personas con discapacidad en España". 

Con el nuevo texto que se buscaba incluir en la Constitución, se desterraba para siempre lo que lleva apareciendo desde hace 45 años: "Las personas con discapacidad son titulares de los derechos y deberes previstos en este Título en condiciones de libertad e igualdad real y efectiva, sin que pueda producirse discriminación".

"Los poderes públicos realizarán las políticas necesarias para garantizar la plena autonomía personal e inclusión social de las personas con discapacidad. Estas políticas respetarán su libertad de elección y preferencias, y serán adoptadas con la participación de las organizaciones representativas de personas con discapacidad en los términos que establezcan las leyes. Se atenderán particularmente las necesidades específicas de las mujeres y niñas con discapacidad", recogió el proyecto.

Pero la reforma no salió adelante tras el voto en contra, en septiembre de 2021, de PP y Vox. Los populares justificaron su rechazo, tal y como señaló Cuca Gamarra, porque "no es el momento político oportuno" para tocar nada de la Constitución por la presencia en el Ejecutivo central de "partidos que cuestionan abiertamente la Constitución española".

La, por aquel entonces, portavoz de Vox en la Cámara Baja, Macarena Olona, también aseguró que el Congreso "no tiene legitimidad moral" para cambiar la obra de los "padres constitucionalistas".

Negociaciones entre Sánchez y Feijóo

Pero todo parecía diferente tras la llegada de Alberto Núñez Feijóo a Génova. El optimismo volvía a aparecer ante los pasos que los dos partidos principales iban a dar para tratar de conseguir un desbloqueo de la reforma.

Ni mucho menos fue lo esperado. Tras año y medio al frente del PP, el Gobierno no ha conseguido el 'sí' definitivo del presidente de los populares. En enero de este mismo año todo parecía indicar que habría un principio de acuerdo, pactando "ceñir" los cambios sólo a la discapacidad, pero no terminó saliendo adelante.

Ahora Sánchez, tras revalidar su mandato, ha decidido tratar de negociarlo con Feijóo. Desde el acto de homenaje a la Constitución que se celebró el pasado 6 de diciembre en el Congreso, avanzó en la creación de una "comisión de trabajo" con el principal partido de la oposición.

Una reunión que espera celebrar con el líder del PP antes de final de año para tratar de abordar "tres temas fundamentales para el inicio de la legislatura" la renovación el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la nueva financiación autonómica y la reforma del artículo 49 de la Constitución.

Un compromiso que también destacó el nuevo ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, para poner fin a una "demanda histórica que es fruto de un amplísimo consenso social, político y parlamentario". "Tiene que dejar atrás de una vez por todas la utilización de lenguaje hiriente y completamente desfasado", aseguró.

Un cambio que "se ha dilatado excesivamente en el tiempo"

Algunas asociaciones llevan peleando desde hace casi dos décadas para sacar adelante un cambio en la Constitución que sirva, por primera vez en sus 45 años de existencia, para avanzar en derechos en España.

Carmen Laucirica, presidenta de Plena inclusión España, explica que "es un tema que lleva demasiado tiempo encima de las mesas" y que "se ha dilatado excesivamente en el tiempo". "Confiamos de que salga adelante con el consenso de todas las formaciones políticas, que es la mejor manera de sacar adelante algo que es de Justicia", añade.

"Creo que todos los intervinientes, salvo Vox, que se posicionó en contra, siempre han manifestado su buena disposición a que salga adelante. Pero luego se ha mezclado con temas políticos, que desde el colectivo de las personas con discapacidad, obviamente, no entendemos", reprocha.

Justifica que la reforma se trata de "un cambio sustancial". "Ahora resulta que, con la firma de la convención, que hace muchos años de ellos, con tantas cosas que han ido evolucionando en la sociedad, la persona con discapacidad es otra cosa", expone.

La presidenta de Plena Inclusión España destaca que "si hay un acuerdo entre todas las partes en que se modifica por esto" y que no se "deja abierta ninguna puerta". "Entiendo yo que si durante los últimos cinco años esto ha estado avanzando, dando un pasito para atrás y otro para adelante, los demás temas no tienen por qué colarse, tal y como algunos han ido comentando", advierte. 

Carmen Laucirica reconoce que "no sirve de nada" seguir hablando de que "todos tenemos los mismos derechos" en la Constitución, pero hace falta modificar artículos porque hay "algunas en la aplicación de la ley".

La primera "reforma social" de la Constitución

La Plataforma del Tercer Sector (PTS), que representa a cerca de 28.000 entidades sociales, ha vuelto a reclamar una medida que considera que servirá para aumentar los derechos sociales, económicos y culturales de la ciudadanía.

Considera que el término del artículo 49 de la Constitución atenta contra la dignidad de las personas con discapacidad y se debe plantear la modificación para actualizar su enfoque al paradigma de derechos humanos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Unos cambios que también defendió hace unos días Luis Cayo, presidente de CERMI España, tras hablar con el Gobierno. En declaraciones a Radio Castilla-La Mancha, señaló que la discapacidad está "ligada a un enfoque de derechos humanos". "Esta sería la primera reforma social, de carácter netamente social de la Constitución", explicó.

El término ahora lo sienten "como hiriente, ofensivo y despectivo" y, por ello, "se necesita cambiar". "Hay que retomar lo que quedó, una vez más, aplazado en mayo", añadió al citado medio.

Con la mano tendida del Gobierno, ahora falta que el PP ceda y acuerde una reclamación que se ha repetido a lo largo de los últimos 19 años y que todavía no ha salido adelante. Una reforma que va en defensa de los derechos de estos colectivos para poner fin, para siempre, a un término propio de otros siglos.