De 700 a 142: radiografía de la situación carcelaria de los presos de ETA

En octubre de 2011, cuando ETA anunció su histórico cese de la actividad terrorista, más de 700 de sus miembros cumplían condena en prisión. De todos ellos, sólo una treintena lo hacía en cárceles de País Vasco y Navarra. Trece años después, el número de etarras encarcelados ha descendido drásticamente hasta los 142, según datos facilitados por la denominada "Red Ciudadana Sare". Y todo ellos, salvo seis, están cerca de sus casas. 

Esta situación es consecuencia de la decisión del Ministerio del Interior de acabar en 2021 con la dispersión de los presos de ETA que instauró hace 34 años el Gobierno socialista de Felipe González, quien quería dificultar el control que la banda ejercía sobre ellos.

El giro radical se dio hace tres años, cuando el gobierno vasco asumió las competencia penitenciarias. Entonces, solo estaban recluidos en cárceles vascas 40 hombres y cuatro mujeres de ETA, de los 192 presos de la organización terrorista que había en aquellas fechas en España. Un año después de la cesión de dichas competencias, el vuelco en las cifras fue absoluto. De hecho, los seis presos que actualmente no están en prisiones del País Vasco o Navarra es porque cumplen condena en Francia. 

Asociaciones en defensa de los encarcelados por ETA han defendido históricamente que la dispersión de los presos, una medida muy polémica que siempre ha sido objeto de debate, vulneraba el Convenio Europeo de los Derechos Humanos, o las 'Reglas Mandela' de Naciones Unidas, que en su punto 59 detalla que "los reclusos serán internados en establecimientos penitenciarios cercanos a su hogar o a su lugar de reinserción social” (página 21).

También ha dado un giro radical el grado penitenciario de los presos etarras actuales en España. Ninguno de ellos está en el primero, el más duro y que supone el régimen cerrado, sino que los 136 disfrutan del segundo grado u ordinario ―lo que les permite acceder a beneficios penitenciarios si cumplen ciertos requisitos― o en tercer grado o semilibertad. De hecho, el gobierno vasco ha autorizado en este último año la progresión a tercer grado de 32 reclusos y la Fiscalía sólo ha recurrido seis de ellas (16%).

El PP excarceló a 311 etarras

Tanto la oposición como diferentes asociaciones de víctimas del terrorismo han criticado duramente la política "permisiva" del Gobierno con los presos etarras, hasta el punto de considerar una "traición" los acuerdos parlamentarios alcanzados por el PSOE con Bildu. Muchos de estos gestos favorables a reclusos de ETA responderían, según ellos, a un "pago" del Gobierno para sacar adelante algunas de sus leyes con el voto favorable de los abertzales, al igual que la moción de censura en Pamplona para desbancar a UPN en favor de Joseba Asiron.

Lo cierto es que durante los años de gobiernos del PP, también se produjeron numerosas excarcelaciones. En concreto, 311. 61 de ellas fueron para miembros de ETA que tenían delitos de sangre y acumulaban más de 20 años de cárcel. Uno de los excarcelados, Iñaki Bilbao, asesinó posteriormente  al concejal socialista de la localidad de Orio, Juan Priede.

Esta semana, el PP ha calificado como "error" haber votado a favor de un proyecto de ley sobre intercambio de información de antecedentes penales que podría beneficiar a 44 presos etarras. De hecho, siete de ellos quedarían en libertad en apenas unos meses.

Esto se debe a la introducción en la Comisión de Justicia de una enmienda de Sumar por la que se suprimía un artículo y la disposición adicional de la actual norma que impedía, hasta ahora, que los condenados etarras pudieran descontarse las penas que han cumplido en Francia. Al sumarse ahora el tiempo de condena en países de la UE, fruto de una directiva europea que ya se abordó durante el Gobierno de Mariano Rajoy pero que España no traspuso de forma completa, algunos de estos etarras verán reducida su permanencia en las cárceles españolas.

PP y Vox dijeron desconocer lo que significaba la entrada de esta modificación de Sumar y votaron a favor de ella hasta en tres ocasiones: en la ponencia, en la comisión de Justicia y en el pleno del Congreso.

Tras percatarse de su "error", el PP escenificó su apoyo a las víctimas de ETA recibiendo entre aplausos a Marimar Blanco en plena sesión del Congreso mientras intervenía Pedro Sánchez. Horas después, el portavoz del PP, Miguel Tellado, exhibía un cartel con doce miembros del PSOE asesinados por ETA para pedir que el Gobierno retirara la reforma del Senado, único resquicio posible para evitar su entrada en vigor. 

Algunos familiares de estas víctimas afearon en redes sociales al dirigente popular su gesto. "Menos mal que lo que diga este hombre me la repanpinfla en grado extremo. Si no, ver cómo sujeta carroñeramente una foto con la imagen de mi padre me revolvería las tripas hasta el vómito", escribió Josu Elespe, hijo de Froilán Elespe.

Algunos salen de prisión ancianos y enfermos

En total, unos 40 presos de ETA verán convalidadas sus penas y podrán salir antes de prisión gracias a esta reforma. Acelerarán una salida que otros de sus compañeros han disfrutado ya a una edad muy avanzada. Es el caso de Joseba Arregi Erostarbe, 'Fiti', que abandonó hace unos días la prisión a sus 78 años, tras permanecer los últimos 32 entre rejas. Entre las condenas que le fueron impuestas destaca la relacionada con uno de los atentados más graves de la banda, el coche bomba contra la Casa Cuartel de Zaragoza en 1987 en el que murieron 11 personas, seis de ellas niños. Otros dejaron la cárcel ya muy enfermos y poco antes de morir, como ocurrió con Antonio Troitiño o José Ramón Foruria.

La salida de los presos más ancianos es una de las demandas que hacen colectivos como Etxerat o Sare. "Personas con estos perfiles no deberían estar, en ningún caso, en prisión", señala la segunda organización en uno de sus últimos balances anuales. Ninguna de las dos asociaciones ha querido contestar a las preguntas formuladas por El HuffPost para la elaboración de este artículo.

Mientras, las víctimas de ETA piden que se cumplan íntegramente las penas y que no haya beneficios penitenciarios para terroristas que no se han arrepentido de sus acciones y que no colaboran con la Justicia para esclarecer los casi 400 casos de asesinato todavía sin resolver. Del mismo modo, piden al Gobierno que no se reconozca a Bildu como un "actor político" más en el Congreso de los Diputados.