¿Cuáles son los derechos "en peligro" que el PSOE quiere blindar en la Constitución?

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha mostrado este viernes partidario de reformar algunos artículos de la Constitución para "blindar" derechos adquiridos por la ciudadanía como el aborto, el matrimonio homosexual o la laicidad del Estado ante el "avance reaccionario" de algunos gobiernos regionales influidos por Vox y para que "nadie pueda tocarlos en el futuro".

Sánchez ha hecho estas declaraciones a su llegada al Congreso de los Diputados donde ha participado en el acto de conmemoración de la Constitución que se celebra este viernes 6 de diciembre. Así, ha señalado que la mejor forma de reivindicar la Carta Magna es reformar alguno de sus artículos.

Esta propuesta ya fue planteada por el PSOE, del que Sánchez es secretario general, en el 41 Congreso Federal celebrado el pasado fin de semana en Sevilla. En concreto, en el artículo 332 de la Ponencia Marco aprobada por el partido se explicita lo siguiente:

"Blindar constitucionalmente los avances logrados por la sociedad española en lo que va de siglo. Los consensos construidos durante años por las mayorías de nuestro país no pueden estar al albur de la agenda regresiva de unos pocos. 

Por eso, 1) incluiremos en la Constitución el derecho al matrimonio entre cónyuges del mismo género, el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, y la paridad de género como principio rector en las instituciones. 

También 2) situaremos el acceso a la sanidad pública universal al mismo nivel jurídico que el derecho a la educación, bloqueando cualquier intento de privatización del Sistema Nacional de Salud y de los diversos sistemas autonómicos y 3) blindaremos la titularidad pública permanente de las viviendas de promoción pública.

4) Incluiremos en la Constitución el derecho a la seguridad climática y al agua potable, y el derecho de las generaciones futuras a heredar un planeta saludable y sostenible. 

De igual modo, 5) continuaremos impulsando la laicidad del Estado, reforzando las políticas de neutralidad religiosa en actos públicos y de representación del Estado; derogando el Acuerdo de 1979 sobre asuntos educativos y culturales con la Santa Sede; y alentando el respeto igualitario de todas las opciones religiosas, espirituales y morales de la ciudadanía".