Conde-Pumpido, el presidente progresista del TC que se enfrentará a la 'patata caliente' de la amnistía

"Quedará como un pelota". El vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, afiló esta semana sus críticas contra el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, al augurar que el magistrado quedaría desacreditado en el caso de que el TC valide en los próximos meses la ley de amnistía.  

Una afirmación que llegó después de que el ministro de Transportes, Óscar Puente, sugiriera por su parte que la mayoría de magistrados de este tribunal acabarían revisando la postura contraria del Supremo, que mantiene fuera de la norma la malversación que se le imputa al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.

 "Al final, si el Gobierno dice que el Tribunal Constitucional seguirá lo que el Gobierno diga, hay dos opciones: o el Tribunal Constitucional sale de inmediato a desmentirle por boca del Presidente del Tribunal, o da por buena una afirmación que pone en cuestión la independencia de ese tribunal", señalaba el dirigente popular.

Un cruce de declaraciones entre gobierno y oposición que, una vez más, ha puesto en duda la supuesta objetividad y neutralidad del máximo intérprete supremo de la Constitución. Y todo porque desde Génova se ha activado en estos últimos meses una campaña para poner en duda cualquier decisión que pueda llegar sobre la corte de garantías. "Tenemos dificultades para aceptar la imparcialidad del Tribunal Constitucional, no se lo oculto", señalaba Feijóo hace unas semanas en una entrevista en Onda Cero. "Es un cáncer para el Estado de Derecho", se atrevió a decir Pons.

Y en esa lluvia de ataques, Conde-Pumpido es el principal blanco. Su elección como presidente del Tribunal Constitucional, en enero de 2023, no gustó en el PP. Bajo la premisa de que era "el brazo político de La Moncloa y de Pedro Sánchez", intentó torpedear su nombramiento al entender que quien había sido fiscal general del Estado en las dos legislaturas de José Luis Rodríguez Zapatero no podía, ahora, asumir la presidencia del TC.  

“Esperamos que el Tribunal Constitucional pueda blindar su actuación ordinaria de la voracidad institucional demostrada por el Gobierno a lo largo de la legislatura colocando a dedo a militantes y simpatizantes socialistas al frente de instituciones, mermando con ello su credibilidad y devaluando de forma injusta el impecable trabajo de cientos de servidores públicos que desempeñan cada día su labor”, señaló entonces el PP.

Pero las recientes anulaciones parciales de las sentencias de los ERE han servido de excusa para que el PP mantenga su discurso crítico contra Conde-Pumpido y el TC, con actual mayoría progresista. "Es lamentable ver como el TC está borrando la corrupción del PSOE y evitando que tenga que ser Sánchez el que tramite los indultos a sus compañeros", señalaba Cuca Gamarra hace mes y medio.

Mientras, en privado, Conde-Pumpido reclama su imparcialidad. "Soy magistrado del Constitucional por consenso, me eligieron PP y PSOE", desliza entre su círculo más próximo según Libertad Digital. En efecto, fue elegido magistrado del Tribunal de Garantías tras el acuerdo alcanzado por PP y PSOE en el año 2017.

Desde luego, su ascenso fulgurante en el mundo de la judicatura avala su profesionalidad. Fue el juez más joven en llegar al Tribunal Supremo con sólo 45 años tras pasar por los juzgados de Sanabria (Zamora) y Verín (Orense) o por la Audiencia Provincial de San Sebastián. Allí le tocó vivir la época de plomo de ETA, pero decidió quedarse pese a que lo habitual era solicitar el traslado a demarcaciones más tranquilas. Después volvería ser fundamental en los años en los que la lucha policial forzó a ETA a deponer las armas.

Su paso por la Sala de lo Penal del Supremo dejó huella: fue ponente de las sentencias que determinaron la condena y abandono del cargo de tres presidentes autonómicos -Gabriel Urralburu, de Navarra; Juan Hormaechea, de Cantabria; e Ignacio Velázquez, de Melilla. Lo mismo ocurrió con la sentencia que incrementó la condena de Luis Roldán, exdirector General de la Guardia Civil.

De ahí pasó a liderar la Fiscalía General del Estado encadenando las dos legislaturas de José Luis Rodríguez Zapatero. Su mandato coincidió con el estallido de los peores años de la corrupción, que persiguió con puño de hierro: Malaya, Palma Arena, Brugal, Palau y Gürtel. Además, reformó el Estatuto Orgánico para evitar que los gobiernos pudieran destituir a los fiscales generales de turno sin razones específicamente tasadas.

Tras la victoria del PP en 2011, regresó a la Sala Penal del Supremo. Pero seis años después sería aupado al TC para coordinar junto a Antonio Narváez, fiscal del TS, las sentencias relativas a los recursos de los condenados en la causa del 1-O. Algo que llevó a cabo hasta las recusaciones presentadas por dirigentes independentistas contra ambos, por su supuesta imparcialidad basada en declaraciones hechas públicas sobre el procés. En todo caso, avaló las resoluciones del Supremo y la condena de los líderes independentistas por los delitos de sedición en concurso medial con el de malversación.

El estado de alarma derivado por la pandemia del coronavirus sí generó división en el TC. Conde-Pumpido acabó considerando que su inconstitucionalidad era "extravagante" y propia de un "jurista de salón", en referencia a su compañero Pedro González-Trevijano. Aunque se trató de un borrador que nunca fue oficial, su mera filtración provocó que Conde-Pumpido tuviera que acabar rectificando y pidiendo disculpas públicas.

La amnistía será, de nuevo, otro difícil trago para el Constitucional. El ala conservadora se opondrá a ella y todo quedará en manos de los siete jueces progresistas. Su decisión será clave para refrendar o no la norma que fue fundamental para el apoyo de Junts y ERC a la investidura de Sánchez.