Cómo se gestó el acuerdo entre Estados Unidos y Julian Assange

   - Presidente Biden, ¿tiene alguna respuesta a la petición de Australia para poner fin al procesamiento de Julian Assange?

Es 10 de abril de 2024 y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, acompaña al primer ministro japonés, Fumio Kushida, por la Columnata Oeste de la Casa Blanca que, construida durante la época de Thomas Jefferson, une la residencia con el Despacho Oval. A ese trayecto se le conoce como el “viaje de los 45 segundos” por el tiempo que tardan en atravesarlo. 45 segundos en los que los periodistas apostados en el jardín de las rosas aprovechan para lanzar alguna pregunta. Ese día, es Steve Nelson, del New York Post, quien trata de interrogar a Biden sobre Assange.

   - No te escucho – contesta de primeras un Biden que esconde la mirada con sus ya míticas Ray-Ban Aviator.

Quedan pocos segundos para que Biden y Kushida entren a la oficina presidencial, pero Nelson insiste.

   - ¿Tiene alguna respuesta a la petición de Australia para poner fin al procesamiento de Julian Assange?

A apenas cinco segundos de terminar el trayecto, Biden, tras pensarlo, contesta:

   - Lo estamos considerando.

Es la primera vez que Joe Biden expresa públicamente que su Gobierno se plantea de alguna manera resolver la demanda australiana, cuyo Parlamento aprobó hace apenas unas semanas, en febrero, instar a Estados Unidos y al Reino Unido a que liberen al fundador de Wikileaks, preso en la cárcel de máxima seguridad de Belmarsh, en Londres. El primer ministro australiano, Anthony Albanese, creía que ya había pasado el tiempo “suficiente”. Assange debía regresar a casa. Albanese, que llegó a la Presidencia de su país en 2022, se convirtió en uno de los principales defensores de la liberación de Assange ya desde su etapa en la oposición. Sin “megáfonos”, parte de su trabajo diplomático se dedicaría a este fin.

Hasta la llegada de Albanese, Australia había dejado la defensa diplomática de Assange en manos del Gobierno de Rafael Correa en Ecuador, quienes finalmente decidieron asilarlo en su embajada en Londres ante el riesgo de que fuera extraditado a Estados Unidos.

El 24 de octubre de 2023, Albanese y Biden se reúnen en Washington. Si bien los temas a tratar fueron, en principio, Ucrania, Oriente Medio o el Indo Pacífico, el primer ministro australiano, sin especificar demasiado, reconocería al periódico The Sydney Morning Herald que había “dejado claro” al presidente estadounidense que “era hora de llegar a una conclusión” con Julian Assange.

Tres días antes de aquel encuentro, el 21 de octubre, Assange había recibido en Belmarsh la visita de Dominique Pradalié, presidenta de la Federación Internacional de Periodistas, quien tras verle declaró a los medios que el editor de Wikileaks había expresado “su confianza” en que el encuentro entre el primer ministro australiano y el presidente estadounidense "pueda conducir a una vía por la que se ponga fin a su persecución”.

Apenas un mes antes de la declaración de Biden al New York Post a comienzos del mes de abril, los periodistas Aruna Viswanatha y Max Colchester, del diario estadounidense The Wall Street Journal, fueron los primeros en revelar que el Departamento de Justicia de Estados Unidos había abierto la puerta a permitir que Julian Assange se declarase culpable de un cargo menor, de manera que Estados Unidos pudiera presumir de una condena mientras Assange conmutase su sentencia por el tiempo que ya llevaba en prisión. El artículo se publicó el 20 de marzo de 2024, mientras el tribunal británico estudiaba la apelación de Assange para evitar su extradición.

Según la información que manejaban en The Wall Street Journal, funcionarios del Departamento de Justicia y abogados de Assange llevaban meses negociando, aunque con simples acercamientos, sobre cómo alcanzar un acuerdo. Además de que en Estados Unidos Joe Biden enfrenta un año de elecciones presidenciales, en el Reino Unido estaba claro que ganarían los laboristas, como así ha sido. A eso se sumaba además el hecho de que los jueces británicos no veían garantías de que Estados Unidos protegiese a Assange en base a su Primera Enmienda, una medida que no aplican a extranjeros. Es decir, tal y como explican desde el entorno de la defensa de Assange, Estados Unidos no puede perseguir como espías a sus periodistas si estos publican información confidencial, como la del Watergate, pero sí a quienes no tienen la nacionalidad estadounidense.

Esta falta de garantías levantó no solo las suspicacias de la Justicia británica, sino de los propios abogados que defendían al Gobierno estadounidense. Estaban seguros de que, sin esta garantía, perderían el juicio. Alguno llegó a plantearse incluso su renuncia ante la ausencia del aval de un derecho tan básico como la libertad de expresión. Hace unos días, el Washington Post, de hecho, revelaba un correo electrónico alarmante enviado el 4 de abril por un abogado del Departamento de Justicia a sus colegas en Estados Unidos: “La urgencia ha llegado a un punto crítico. El caso irá a apelación y perderemos”.

Con el juicio prácticamente en el aire, Biden temiendo perder ante Donald Trump, los conservadores a punto de perder Downing Street en Londres, la presión del Gobierno australiano, una movilización ciudadana global en apoyo de Assange que no cesaba con el paso de los años, las advertencias de Naciones Unidas y las principales ONG internacionales, Estados Unidos no tenía más opciones que llegar a un acuerdo. Las conversaciones con los abogados de Assange se precipitaron.

Aunque la defensa del australiano estaba convencida de que terminarían ganando el juicio, sabían que podría alargar su estancia en Belmarsh de manera preventiva incluso hasta dos años más. Y el objetivo era la liberación.

Estados Unidos aceptó que Assange se declarase culpable de un delito menor, conspirar para obtener y publicar información clasificada. Por otro, el fundador de Wikileaks quería que su condena se correspondiera con el tiempo que ya llevaba en prisión. Pero el convenio debía ser ratificado por un Juzgado estadounidense, y Assange no pisaría, bajo ningún concepto, el país norteamericano. No confiaba en absoluto en lo que allí pudiera pasarle. No en vano, ya había denunciado un plan de la CIA para asesinarle. Fue entonces cuando apareció la idea de acudir a un pequeño Juzgado en una isla en mitad del Pacífico, cerca de Australia, pero en definitiva territorio estadounidense tras su captura durante la Segunda Guerra Mundial. Assange acudiría a Seipán.

Una vez con el acuerdo sobre la mesa, faltaba resolver cómo llegaría hasta las Islas Marianas. Hasta que un Juzgado ratificara el acuerdo, en el Reino Unido seguiría en vigor la orden de extradición, por lo que se produjo, detallan desde el entorno de Assange, una triangular entre tres países: Estados Unidos, Australia y Reino Unido.

Estados Unidos no quería que Assange viajara en vuelo comercial y Assange tampoco quería desplazarse bajo la escolta de miembros del Departamento de Justicia o cualquier otro agente estadounidense. Apareció, de nuevo, el Gobierno australiano, desde donde contrataron un jet privado cuyo coste, más de 500.000 dólares, el fundador de Wikileaks tendrá que devolver. Para mayor garantía, el Alto Comisionado de Australia en Londres lo acompañaría en el avión.

Todo estaba cerrado. Los británicos otorgaron a Julian unos días de libertad condicional y el Gobierno australiano se comprometió con el estadounidense a llevarle de manera directa al juzgado en Seipán, donde la jueza Ramona V. Manglona ratificaría el acuerdo, los abogados de Estados Unidos eliminarían la petición de extradición en el Reino Unido y, catorce años después, Assange quedaría en libertad.

El pasado 3 de julio, Julian Assange celebró, ya libre y en Australia, su 53 cumpleaños con su mujer, Stella, y sus dos hijos.