Cinco años y medio de incumplimiento constitucional: ¿qué pasa con el CGPJ?

Cinco años y medio de incumplimiento constitucional: ¿qué pasa con el CGPJ?

El órgano de gobierno de los jueces alarga una situación anómala y se encamina hacia los seis años en funciones por los bloqueos del PP mientras el PSOE se resiste a abordar el cambio de mayorías en el Congreso para renovarlo.

El presidente en funciones del CGPJ, Vicente Guilarte (izq.), con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.Alejandro Martinez Velez/Europa Press via Getty Images

Un mensaje de WhatsApp lo reventó todo. En noviembre de 2018, un mes antes de que el Consejo General del Poder Judicial agotara su mandato, que la Constitución fija en cinco años, PSOE y PP llegaron a un acuerdo para la renovación del órgano, que presidiría Manuel Marchena y contaría con una mayoría de vocales progresistas. Todo estaba cerrado hasta que se filtró un mensaje del entonces portavoz del Partido Popular en el Senado, Ignacio Cosidó, a sus compañeros senadores. En el texto, Cosidó celebraba el acuerdo y lo hacía con un recado que cuestionaba sin atisbo de duda la separación de poderes. “Controlaremos la sala segunda por detrás”, plasmó.

Todo saltó por los aires. Marchena, a quien había propuesto un Partido Popular entonces liderado por Pablo Casado, no tuvo más remedio que desligarse del acuerdo político y renunció a presidir el CGPJ. Ante la polémica, el PP optó por la estrategia de la huida hacia adelante: decidió dar por fracturado el acuerdo y culpó al Gobierno de Pedro Sánchez del fracaso en una negociación que, de no haberse conocido el WhatsApp de Cosidó, habría concluido con éxito.

Desde entonces, han sido varios los intentos por lograr esa renovación, pero siempre se han topado con la negativa del Partido Popular, que, ya fuera con Casado al frente o después con el actual líder, Alberto Núñez Feijóo, en cada ocasión encontraba una excusa para rechazar un acuerdo. La última propuesta del Partido Popular se produjo el pasado mes de diciembre, cuando Feijóo planteó al presidente del Gobierno que la Comisión Europea mediase en las negociaciones. Sánchez aceptó. También Bruselas, aunque puso un plazo máximo de dos meses. Han pasado cuatro meses y todo sigue igual: el Consejo General del Poder Judicial lleva caducado más de cinco años, en contra de lo que establece la propia Constitución en su artículo 122.

Hace unos días, en una respuesta al portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, Sánchez posponía el abordaje del bloqueo hasta después de las elecciones europeas. Será entonces, dijo, cuando “todos los grupos parlamentarios” tendrán que “plantearse devolver la normalidad a una institución tan importante”. Lo anunció tras ironizar con que solo le “falta ponerlo en manos de Naciones Unidas y de la mediación de António Guterres”. “Si no es la cuarta es la quinta vez que intento el desbloqueo, hemos llegado a acuerdos y unilateralmente el PP los ha roto”, se lamentó el presidente del Ejecutivo para augurar que “el PP continuará con el bloqueo”.

En el interregno de una historia de desacuerdos, aparecen, además, las declaraciones del presidente en funciones del Consejo, Vicente Guilarte, que, apenas unos días después de lo afirmado por Sánchez, llegó a decir que “el tiempo de la política ya ha pasado”. “Han estado cinco años con sus cosas, con sus intereses partidistas y yo creo que están absolutamente deslegitimizados para seguir metiendo las manos en lo nuestro”, manifestó durante la entrega del premio de Estudios Jurídicos de la Fundación Broseta. Días antes, en una entrevista en el canal 24 Horas, Guilarte negó que estuvieran “caducados”. “Los yogures caducan, nosotros estamos prorrogados por la ley”, defendió al tiempo que situaba la responsabilidad en los políticos, quienes, en su opinión, “se dedican más a culpabilizar al contrario que a buscar fórmulas para encontrar un arreglo”.

Por las mismas fechas, el presidente en funciones del CGPJ también criticó las “recomendaciones” para dimitir. “Es un disparate”, zanjó en el XIX Encuentro anual de presidentes/as de Tribunales Superiores de Justicia para preguntarse “por qué” deberían hacerlo. “¿Quiénes son los culpables? Me extraña que no digan que dimitan los que están negociando, que dimita la presidenta del Congreso o el presidente del Senado”, señaló: “No nos vuelvan a decir que dimitamos, no vamos a dimitir salvo que se produzca una jubilación o el fallecimiento”.

Consejo General del Poder Judicial.Cristina Arias/Cover/Getty Images

Pese a su negativa para dimitir, lo cierto es que el anterior presidente del Consejo, Carlos Lesmes, sí lo hizo cuando el órgano llevaba cuatro años caducado. “Mantenerme a partir de ahora en esta responsabilidad solo puede servir para convertirme en cómplice de una situación que aborrezco y que es inaceptable”, comunicó Lesmes ante el bloqueo en la renovación.

Actualmente, para poder renovar el Consejo mediante el nombramiento de nuevos vocales, es necesaria una mayoría cualificada de tres quintos en el Congreso, de ahí que los socialistas necesiten un concierto con el Partido Popular. De persistir la negativa de los de Núñez Feijóo, habría otra opción: cambiar la mayoría necesaria. Para ello, el Gobierno tendría que modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial, que actualmente establece en su artículo 567 la exigencia de los tres quintos.

El PSOE, por ahora, se resiste a dar este paso, una reforma que ya propuso con Unidas Podemos en la pasada legislatura pero que acabó “congelando” ante los recelos que la propuesta suscitó en Bruselas. Hace unas semanas, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, si bien insistió en que “sería deseable” contar con el PP, abrió la puerta a otros “mecanismos”, aunque no especificó cuáles.

Los socios del Gobierno, tanto los actuales como los anteriores, sí apuestan por el cambio de mayorías. La vicepresidenta del Gobierno y coordinadora general de Sumar, Yolanda Díaz, dice “tener clarísima la rebeldía del señor Feijóo” y “su negativa contundente y contumaz a renovar el CGPJ”. Lo mismo opinan en Podemos. Irene Montero, la candidata morada a las elecciones europeas, cree que no hay más alternativa que “renovar el CGPJ sin el PP”. Ambas formaciones insistieron en esta fórmula después de que Pedro Sánchez se tomara cinco días para reflexionar y anunciara medidas de regeneración democrática todavía sin detallar.

Mientras no exista un acuerdo, cada día que pase será un día más de incumplimiento constitucional. De momento, y según ha anunciado Sánchez, no pasará nada hasta después de las elecciones europeas. Cinco días antes, el 4 de junio, se cumplirán los cinco años y medio de caducidad.