Barcelona tendrá en 2025 cinco juzgados más en un plan para atajar la multirreincidencia

Barcelona tendrá en 2025 cinco juzgados más en un plan para atajar la multirreincidencia

Habrá un tercer juzgado de guardia para delitos leves, principalmente hurtos, y otros cuatro juzgados penales.

El mazo de un juezSimpleImages vía Getty Images

El Ministerio de Justicia y la Generalitat han acordado poner en marcha el año próximo en Barcelona un tercer juzgado de guardia para delitos leves, principalmente hurtos, y otros cuatro juzgados penales, en el marco del plan de choque para atajar la multirreincidencia en la capital catalana.

En una reunión celebrada este miércoles, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el ministro de Justicia, Félix Bolaños; el conseller de Justicia, Ramon Espadaler, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; han abordado los detalles de ese plan de choque para hacer frente a la multirreincidencia en Barcelona.

Con los nuevos cinco órganos -que serán de refuerzo-, Barcelona dispondrá de 33 juzgados de lo penal, dos más que Madrid, lo que según ha afirmado Bolaños permitirá "agilizar" los juicios rápidos en los casos de hurtos y otros delitos leves, un problema que, a su parecer, es "grave" por la percepción de inseguridad que suscita entre la ciudadanía.

Juzgados de refuerzo, no permanentes

Los nuevos juzgados penales, que se dedicarán en exclusiva a enjuiciar delitos leves, serán de refuerzo y, por lo tanto, no permanentes, aunque el ministro ha asegurado que "se mantendrán el tiempo que sea necesario en Barcelona. Y si hacen falta más, los habrá", ha añadido.

Otra de las medidas previstas en el plan de choque es que la Guardia Urbana tendrá acceso por primera vez a la información del llamado Siraj, un banco de datos policial que permite saber si un detenido por hurto tiene condenas previas por el mismo delito, así como el valor de lo sustraído.

Esos datos resultan claves a la hora de enviar a juicio a los autores de hurtos, dado que el tipo de procedimiento depende en buena medida de la cuantía del valor robado y de la existencia de antecedentes; según Collboni, la falta de esa información provoca un millar de anulaciones de vistas al año, mientras que con el nuevo sistema se podrá acortar hasta diez meses el tiempo de espera para ser juzgado.

El ministro de Justicia se ha vanagloriado de este acuerdo entre las administraciones central, autonómica y municipal para atajar un problema que, a su parecer, es "grave", porque aunque la multirreincidencia abarca principalmente delitos que no tienen incidencia en la integridad física de las personas, provoca "una percepción de inseguridad en la ciudadanía".

"Tenemos localizadas a 487 personas implicadas en 6.169 actos delictivos en Barcelona, en 2023", ha apuntado Bolaños, que recuerda que la cantidad de delitos contra el patrimonio contabilizados en la capital catalana supera con creces el de otras ciudades españolas, incluida Madrid.

Más allá ha ido el alcalde de Barcelona, convencido de que los hurtos son el principal "agujero negro" de seguridad en la ciudad desde "hace años", hasta el punto de haberse "normalizado" entre vecinos y comerciantes la expresión "entran por una puerta y salen por otra".

Collboni ha aprovechado para felicitarse por el resultado de las operaciones conjuntas entre Guardia Urbana y Mossos d'Esquadra llevadas a cabo este año en Barcelona, especialmente contra robos y narcotráfico, lo que ha incrementado en un 7,5 por ciento las detenciones e investigaciones penales.

"Una nueva etapa para Cataluña"

Bolaños, Espadaler y Collboni han destacado que el plan de choque contra la multirreincidencia supone una prueba de la plena cooperación entre las tres administraciones para resolver los problemas que afectan a la ciudadanía: se trata, en palabras del ministro, de una "nueva etapa" para Cataluña.

"Dar respuesta a los problemas de la ciudadanía es lo mejor que podemos hacer en un mandato que sitúa a los servicios públicos en el centro de la vida política", ha celebrado también Espadaler.

De acuerdo con el reparto de competencias, el Ministerio de Justicia asumirá el coste de los jueces, letrados de la administración de justicia y fiscales de refuerzo necesarios para poner en marcha los nuevos órganos judiciales, mientras que la Generalitat asumirá el de los funcionarios y la ampliación de espacios para disponer de más salas de vistas.

Bolaños ha precisado que ya se ha puesto en contacto con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que aprueben los nuevos órganos judiciales, lo que entra dentro de sus funciones, y ha resaltado la buena acogida que ha merecido el plan de choque contra la multirreincidencia en el órgano de gobierno de los jueces.

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