Ayuso recurre ante el Constitucional el impuesto a las grandes fortunas del Gobierno
El Ejecutivo madrileño considera que tal medida atenta contra su
capacidad para la gestión de tributos cedidos recogida en la
Constitución.
El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha interpuesto este miércoles un recurso ante el Tribunal Constitucional con el que se muestrario contrario al nuevo impuesto de Solidaridad propuesto el Ejecutivo central porque lo considera invasión de competencias.
La Comunidad de Madrid ha recurrido al impuesto a las grandes fortunas y ha solicitado su suspensión cautelar.
El vicepresidente y consejero de Educación y Universidades, Enrique Ossorio, ha detallado tras la reunión del Consejo de Gobierno madrileño que la medida invade las competencias fiscales y financieras de las comunidades recogidas en la Carta Magna.
En un comunicado, el Ejecutivo de Ayuso denuncia que el nuevo impuesto suplanta las competencias para la gestión de tributos cedidos, como ocurre con el Impuesto sobre el Patrimonio, que en la región está bonificado un 100% desde el año 2008.
La Comunidad de Madrid considera una medida que supone una ruptura de la autonomía financiera de las comunidades, porque afecta a su política fiscal.
Creen que el impuesto atenta contra la seguridad jurídica
El Gobierno de Ayuso también ha alertado en el recurso que el nuevo impuesto atenta contra la seguridad jurídica, porque la aplicación cuenta con efectos retroactivos para todo 2022.
"Esto supone un grave perjuicio para los ciudadanos que no contaban con soportar esta carga fiscal en ese ejercicio, que han realizado operaciones de inversión o que han decidido ahorrar, confiando en que no estaban sujetos a una nueva tributación, y ahora se van a ver obligados a hacerlo", han justificado.
La Comunidad de Madrid también cree que este nuevo gravamen puede provocar pérdidas millonarias para las arcas públicas. Según sus cálculos, dejarían de llegar más de 1.200 millones de inversión extranjera al año.
