Ayuso se enroca en su mentira para defender a Alberto González Amador
Eran pareja cuando se cometieron los hechos investigados y fue él quien reconoció los delitos por fraude fiscal.
Desde que se convirtió en presidenta de la Comunidad de Madrid en 2019 Isabel Díaz Ayuso ha estado varias veces en el ojo del huracán debido a sucesivos escándalos.
Primero fue el caso de AvalMadrid, donde la empresa MC Infortécnica, participada por su padre, no devolvió en su totalidad el crédito de 400.000 euros concedido, luego que su hermano cobrara una comisión de 234.000 euros por hacer de intermediario con la Comunidad de Madrid a través de Priviet Sportive SL, una empresa dedicada al sector textil y ganadero que fue reconvertida en la pandemia para hacer negocios con material sanitario. Además, la sociedad de la madre de Ayuso ha recibido más de un millón de euros y ha obtenido 25 contratos con la Comunidad de Madrid desde que su hija asumió el cargo de presidenta regional.
Los tres casos han dado paso al cuarto capítulo. En este caso gira todo en torno a su pareja y las acusaciones por un fraude fiscal de 350.000 euros que debe a Hacienda. Alberto González Amador, su compañero sentimental, ha tenido en Ayuso una gran defensora que ha negando rotundamente las acusaciones y ha dado la vuelta a la tortilla insistiendo en que el Gobierno central participa en una "manipulación" de la inspección de Hacienda, todo ello con el objetivo, según ella, de dañar su imagen.
Una cuestión que, sin embargo, es falsa. Ayuso lleva dos días tratando de colar el mensaje en cada una de sus apariciones de que no existe el mencionado fraude. Sin embargo, este jueves se ha conocido que Alberto González Amador que el pasado 2 de febrero reconoció los dos delitos de los que se les acusaba para pagar la cifra reclamada por Hacienda y evitar ir a juicio. Una cuestión que incluso hoy, jueves, Ayuso sigue negando.
La mentira de Ayuso
“Ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública”. Así reconoció Alberto González Amador los dos delitos de fraude con los que intentó evadir impuestos tras haber recibido la comisión de casi dos millones de euros por vender mascarillas en lo más duro de la pandemia.
Pese a los mensajes lanzados por el PP y las propias palabras de Ayuso, hace mes y medio su pareja ya reconocía que había un fraude en un correo que envió a la Fiscalía el 2 de febrero.
Tras ver que Hacienda le tenía sobre las cuerdas, trató de llegar a un acuerdo y pagar antes de que el tema escalara. Y es que la pareja de Ayuso había tenido que reconocer a la Agencia Tributaria que había emitido dos facturas por valor de 1,5 millones de euros a nombre de una firma mexicana y otra de Costa de Marfil y que, en realidad no tenían ningún trabajo detrás. De hecho, el propio Alberto González Amador admitió a la inspección que había computado como gastos deducibles 1,5 millones que en realidad no había pagado a nadie.
Sin embargo, se encontró con la ley. Una vez se notifica la inspección a la Fiscalía, no se puede parar el procedimiento y llegar a un acuerdo. Además, Hacienda estaba obligada a informar a la Fiscalía dado que la cantidad defraudada superaba los 120.000 euros, el mínimo que exige la ley para judicializar el caso. Quedaban otros 350.000 euros en facturas falsas que no habían sido justificadas. Con este gesto buscaba evitar un juicio y que el tema trascendiera salpicando a su pareja, que es presidenta de la Comunidad de Madrid.
Por tan solo diez días, González Amador no pudo llegar al acuerdo ya que el 23 de enero la sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid había iniciado las diligencias de investigación penal.
El 7 de febrero, cinco días después de la confesión, el fiscal especialista en delitos económicos concluyó sus diligencias. Es el informe que conocimos a principios de semana. Ese día, el fiscal firma un decreto donde se interpone una denuncia por los presuntos delitos de fraude tributario y falsedad documental.
Cuatro días después, ya el 12 de febrero, se responde al correo electrónico mandado por el abogado de la pareja de Ayuso en el que se indica que se toma en cuestión "la voluntad de su cliente de reconocer los hechos y satisfacer las cantidades presuntamente defraudadas”. De hecho, señalaban que no veían que el que hubiera más personas implicadas en el proceso supusieran problema para lograr “una conformidad penal”. Ya el 13 de febrero, el fiscal encargado del asunto interpone la denuncia contra González Amador y las otras cuatro personas.
Hubo que esperar una semana, al 20 de febrero, cuando la Fiscalía Provincial de Madrid remite la denuncia al Juzgado de Instrucción decano de Madrid. Una vez remitida, el 5 de marzo de 2024 el Juzgado Decano de Madrid registra por fin la denuncia a la espera de que se adjudique por reparto a un instructor.
El martes 12 de marzo, justo un mes después de la denuncia, el fiscal encargado manda por mail la denuncia al abogado del novio de Ayuso repitiendo que la existencia de otras personas implicadas no es un obstáculo para que pueda haber un acuerdo. Es el mismo día en el que se destapa el escándalo.
Tras ese momento, la reacción del PP es decir que se trata de un asunto personal e incluso el equipo de prensa del PP de Madrid y de la presidenta filtran a varios medios que en el momento de los hechos no eran pareja. Sin embargo, imágenes publicadas en revistas del corazon señalan que, al menos, estaban juntos en mayo de 2021 cuando hacían vida juntos en Ibiza, festivales de música y se les podía ver de ocio por Madrid.
El primer fraude fiscal, según la documentación, fue el 14 de julio. El segundo, un año más tarde, en 2022. Ya eran pareja en aquel entonces.
Pese a las mentiras que se trataban de colocar en medios de comunicación, el miércoles Ayuso hablaba de una persecución “de todos los poderes del Estado” con Pedro Sánchez detrás, al que invita a ir a "relajarse" a República Dominicana. Ahí cuenta que su novio no ha defraudado y que es Hacienda la que debe 600.000 euros a su novio a pesar de que ya había reconocido el fraude fiscal.
Paralelamente, de nuevo el equipo de la presidenta traslada ya a última hora de la tarde a varios medios de comunicación que fue la Fiscalía y no Alberto González Amador el que propuso llegar a un acuerdo. De hecho, enviaban el último correo del fiscal al abogado en el que se repetía la voluntad de llegar al acuerdo. Obviaban los dos correos electrónicos anteriores en el que partía la confesión de los dos delitos fiscales como origen.
Un congreso con el Gobierno de República Dominicana y dos delegaciones en León
Pese a todo, se siguen conociendo nuevas informaciones sobre Alberto González Amador.
Una de ellas es que el novio de Ayuso representó a QuirónSalud ante el Ministerio de la Mujer de República Dominicana en 2016 como director internacional de Prevención Quirón Salud. Es decir, un año antes de que la empresa se convirtiera en su principal cliente, trabajaba para ellos. Esa filial ahora está presidida por el que fuera su socio en una sociedad en Panamá, Fernando Camino.
En un documento al que ha tenido acceso El HuffPost datado de abril de 2016, consta que Alberto González Amador acudió el 29 de marzo a un congreso sobre perspectiva de género en el sistema de salud "con el objetivo fundamental de intercambiar conocimientos entre técnicos del sistema de salud dominicano y expertos en la materia de mujer y salud Franter-Prevención -Grupo Quirón, de España". En concreto, se trataba de intervenir en la mesa de trabajo “Gestión Eficiente del Sistema de Salud y Seguridad del Paciente", en la que se cita a Alberto González Amador como "director Internacional de Prevención Quirón Salud".
Precisamente, Fernando Camino es el marido de Gloria Carrasco Fernández, una conocida farmacéutica de León que fue la persona que vendió en 2021 al novio de Ayuso la sociedad Masterman & Whitaker Medical Supplies and Health Process Engineering. Se trata de la misma empresa que tanto Hacienda como la Fiscalía creen que es la supuesta sociedad pantalla con la que después trató de evadir impuestos y defraudar al fisco.
En febrero de 2021, dos meses antes de que fuera pública su relación con Isabel Díaz Ayuso, Alberto González compra la citada sociedad, tachada por la Agencia Tributaria como sociedad pantalla, a Gloria Carrasco Fernández. En el citado local se encuentra la farmacia que regenta la propia Gloria Carrasco. Pese a que no es propiedad de Gloria Carrasco ya que pertenece a Comercial Industrial de Aridos S.A. y la farmacia lo alquila, la delegación figura en el mencionado local.