Alberto Casero, el diputado del PP por el que salió adelante la reforma laboral, renuncia a su escaño
Ha tomado la decisión después de la propuesta del Tribunal Supremo de juzgarle por malversación y prevaricación.
Tal y como adelanta El País, Alberto Casero, el diputado del PP que se hizo conocido por su error en la votación de la reforma laboral que hizo que la medida se aprobara, ha renunciado a su escaño después de que el Tribunal Supremo haya propuesto juzgarle por malversación y prevaricación.
Este viernes, el magistrado del Tribunal Supremo Andrés Palomo había planteado juzgar a Casero por los mencionados delitos en relación a presuntas irregularidades acaecidas en cinco contratos cuando era alcalde de Trujillo (Cáceres) en 2017 y 2018.
Tras esta petición del Alto tribunal, el ya exdiputado había respondido solicitando la suspensión de militancia en el Partido Popular.
El juez ha dictado un auto de transformación de la causa en procedimiento abreviado, equivalente a procesamiento, en el que otorga diez días de plazo al fiscal para que solicite la apertura de juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento, según informa EFE.
El magistrado ha precisado que los hechos que, con el carácter provisorio e indiciario propios de esta fase, son atribuidos al investigado están relacionados con actuaciones realizadas en su condición de Alcalde del Ayuntamiento de Trujillo y órgano de contratación en el mismo, entre marzo de 2017 y diciembre de 2018 al concertar con diferentes personas y entidades, contratos de servicio, patrocinio o convenios, incumpliendo todo tipo de formalidad exigida al efecto, por la normativa aplicable en cada caso.
El juez apunta que aunque la normativa, en algunos supuestos, no establecía unos exigentes requisitos de validez, “sí establecía formalidades encaminadas cuando menos a que constara su existencia en el Consistorio mediante la apertura del correspondiente expediente conteniendo la debida resolución por parte del órgano de contratación aprobando el gasto, con justificación de su necesidad y la posterior aportación de la factura correspondiente a los trabajos objeto del contrato”, señala el magistrado.
En la investigación, el magistrado entiende que la conducta que se ha relatado encaja dentro del delito de prevaricación administrativa, resultante de los referidos indicios fundados. “No solo supone reiteradas y admitidas irregularidades administrativas, sino un modo de proceder del aforado que identifica su voluntarismo al margen de cualquier interpretación con un resquicio de racionalidad del ordenamiento jurídico”, agrega el juez.
