Acusan al juez Peinado de cambiar la declaración de una testigo del 'caso Begoña'
Aseguró que una testigo dijo que se había contratado a Gómez por ser la mujer de Pedro Sánchez, aunque la realidad es que nunca lo dijo.
La declaración de Juan José Güemes, exvicepresidente económico del Instituto de Empresa (IE), ante el juez Juan Carlos Peinado, se ha convertido en un nuevo foco de la polémica que salpica al instructor que investiga a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. Según revela La hora de La 1, en apenas nueve minutos, el magistrado acabó imputando al testigo asegurando que mentía con respecto a otra de las personas que pasaron por la sala de vistas, aunque la realidad es que fue Peinado el que dio otra versión de lo ocurrido.
El interrogatorio se inició con la advertencia formal del juez. "Se le ha citado como testigo inicialmente… Como testigo tiene la obligación de decir la verdad. Si no lo hace, podría incurrir en un delito de falso testimonio".
La palabra "inicialmente" cobraba sentido poco después, cuando el tono de las preguntas cambiaba abruptamente. Peinado cuestionaba entonces ó a Güemes sobre el proceso de selección de Gómez, interrumpiéndole varias veces. "Me está contestando algo que no le he preguntado", le decía el magistrado en busca de respuestas más concretas.
Era entonces cuando Güemes relataba que conocía las “credenciales profesionales y académicas” de Gómez, lo que provocó una nueva pregunta con cierto sarcasmo: "¿Cuáles son esas credenciales?".
Güemes explicaba entonces no conservar el currículum de Gómez, pero sí explicaba que su contratación se formalizó el 1 de agosto de 2018. "La directora de Recursos Humanos manifestó que usted dijo que la motivación para contratarla era que era la esposa del presidente del Gobierno. ¿Eso es así o necesita de una diligencia de careo?".
Güemes negaba esta afirmación y subrayaba que Gómez no fue contratada por su vínculo con Pedro Sánchez. "¿Me está diciendo que Gil de Antuñano mintió en su declaración?", indicaba. El exvicepresidente negaba conocer el testimonio de la que fuera su subordinada.
"Le transmito lo que dijo, para, si es necesario, ordenar un careo. Usted afirma que fue contratada por sus credenciales. Sin embargo, no tiene copia de su currículum ni explica por qué el contrato se formalizó tras la llegada de Sánchez a la presidencia. ¿Cuál fue exactamente la motivación?", indicaba al respecto Peinado. "Se va a convertir de testigo a imputado. Recibirá una nueva citación para comparecer con asistencia letrada", explicaba entonces.
No obstante, lo que dice Peinado no es cierto. Sonsoles Blanca Gil de Antuñano, directora de Recursos Humanos del IE, reconoció que se incluyó una cláusula de conflicto de intereses en el contrato de Gómez. Según explicó, esta cláusula, habitual en situaciones similares donde hay familiares con cargo público relevante, se agregó por su relación con el presidente del Gobierno. Para Peinado, este detalle resultó suficiente para inferir que la contratación se debió al vínculo personal de Gómez, aunque la testigo lo había negado.
Peinado estudia sancionar a los magistrados
Por su parte, Peinado ha abierto otra investigación para determinar si multa a los letrados que han informado sobre las declaraciones celebradas en el juzgado, como prevé la Ley de Enjuiciamiento Criminal para los letrados que revelen información "indebidamente", para los que prevé sanciones de hasta 10.000 euros.
El magistrado ha adelantado a las partes, tras la declaración testifical llevada a cabo la mañana de este viernes, que abría esta pieza separada debido a las declaraciones que habían efectuado a la prensa últimamente, sobre todo tras la declaración de Begoña Gómez como investigada el pasado miércoles.
Unas horas después, las partes han tenido acceso a una providencia, fechada ese día, en la que el juez afirma que "como está siendo notorio y de dominio público, al término de las diferentes diligencias que se vienen practicando", y en especial tras declaraciones de investigados o testigos, "por parte de diferentes letrados de algunas partes procesales, se comentan y revelan el contenido de las mismas".
Detalla que esto se hace "en las inmediaciones" de la sede del juzgado, y que ya había advertido a los letrados de que así se infringía el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Y pone de relieve que el miércoles, tras la declaración como investigada de la esposa del presidente del Gobierno, abogados de las acusaciones populares y de la defensa ofrecieron públicamente, "casi a modo de rueda de prensa", el contenido de lo ocurrido en el juzgado.
Para el magistrado, esta actitud puede dar lugar a la imposición de la "corrección" prevista en la citada ley, que afirma que "las diligencias del sumario serán reservadas y no tendrán carácter público hasta que se abra el juicio oral, con las excepciones determinadas en la presente Ley". "El abogado o procurador de cualquiera de las partes que revelaré indebidamente el contenido del sumario, será corregido con multa de 500 a 10.000 euros", añade la norma.
El letrado de Iustitia Europa, una de las acusaciones populares en la causa, ha anunciado tras conocer esta providencia que pedirá "amparo inmediato" al Colegio de la Abogacía de Madrid "ante este atropello del derecho fundamental recocido en el artículo 20 de la Constitución", ya que "es el derecho a la información y libertad de expresión lo que está en juego"