"No en mi nombre"
"El Gobierno está jugando con fuego. No se puede confundir a los que protestan contra determinados funcionamientos del sistema democrático con los llamados antisistema", explica Vallespín, catedrático de Políticas de la UAM.
La frase de Carmen Chacón resume el rechazo que han expresado hoy en
el Congreso diputados de PSOE, CiU, Izquierda Plural, Amaiur y
Coalición Canaria sobre la ofensiva del Gobierno para criminalizar a
quienes protestan, argumentando que "deslegitiman" la democracia.
Incluso Luis de Guindos ha remarcado a El HuffPost: "Yo soy muy respetuoso
siempre con las manifestaciones. Muy respetuoso".
Fuera de los muros del Congreso hemos podido contrastar también cómo
la preocupación cunde entre intelectuales, políticos y económicos.
Expertos como Fernando Vallespín o José María Zufiaur están alarmados.
"El Gobierno está jugando con fuego. No se puede confundir a los que
protestan contra determinados funcionamientos del sistema democrático
con los llamados antisistema. Los habrá, pero son minoritarios",
explica Vallespín, catedrático de Políticas de la Universidad Autónoma
cuando se le plantea si las manifestaciones están poniendo en peligro
la democracia, teoría alentada activamente desde el Gobierno y sus
alrededores. Carmen Chacón tiene muy claro que "están equivocados. Lo
que hacen es provocar. Si las afirmaciones del PP las hacen en nombre
de todos los diputados, que quede claro que en el mío no es". Ana
Oramas, de Coalición Canaria, casi se lleva las manos a la cabeza: "Es
un disparate acusar de delito contra las instituciones del Estado
lo que habría que juzgar por alteración de orden público. En ningún
momento hubo intención de asaltar el Congreso", afirma con
conocimiento de causa una de las diputadas que estuvo dentro la tarde
el 25S.
La intervención del Fiscal General del Estado, Torres Dulce,
asegurando que "el malestar social no se puede utilizar para
deslegitimar la forma de Estado" no ha hecho más que calentar el
debate, iniciado por la delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, con
su planteamiento de "modular" el derecho de manifestación. La guinda
intelectual ha tratado de ponerla José María Lassalle, secretario de
Cultura:
"El malestar colectivo que se llevó por delante las democracias
liberales en el periodo de entreguerras vuelve a escena".
Joan Coscubiela, diputado de Izquierda Plural y profesor de Derecho
del Trabajo y Seguridad Social también se rebela contra esta campaña:
"En democracia, hasta la impugnación del Estado de Derecho es
legítima, siempre que se haga por vías democráticas. Y las protestas y
manifestaciones son democráticas. Lo dice un jurista. Es impropio de
un fiscal general del Estado hablar de deslegitimación del Estado por
unas protestas. Lo que quieren es limitar, acotar y dificultar un
derecho fundamental como es el de manifestación". A Rafael Larreina,
diputado del grupo Mixto por Amaiur, le resulta intolerable la
injerencia de Torres Dulce: "El fiscal general del Estado se está
saltando una norma básica, que es la separación de poderes. Está
haciendo algo muy grave al abogar por la restricción de las libertades
al querer limitar el derecho de manifestación, cuando precisamente lo
que hay que garantizar en democracia es que la gente se pueda expresar
libremente".
Los movimientos del partido en el poder para poner coto a las
manifestaciones, sobre todo después de presenciar en vivo y en directo
el descontento ciudadano la tarde del famoso #rodeaelcongreso, tampoco
los comparte el diputado de CiU, Josep Sánchez Llibre, que confiesa no
tener "la sensación de que haya que 'moderar' las manifestaciones. No
es el momento de restringirlas, sino todo lo contrario. Las fuerzas de
seguridad tienen que proteger a quienes se manifiestan y estar atentos
para erradicar la violencia".
Se percibe un enorme interés de los grupos políticos por desmarcarse
de las incendiarias intenciones del Ejecutivo. "Las manifestaciones no
se controlan restringiendo el derecho sino dando respuestas a las
grandes cuestiones que nos plantea la ciudadanía. El problema es que
el Gobierno no tiene todo el poder para dar esas respuestas", añade
Valeriano Gómez, portavoz económico del PSOE y economista.
A los políticos no les pasa por alto que la ofensiva del PP solo puede
aumentar la irritación en la calle. Es muy peligroso el juego de
controlar a base de miedo, cuando la queja es lo único que les queda a
millones de ciudadanos. "No conozco que en ningún otro país de Europa
en que estén produciéndose protestas por la crisis, se haya optado por
una nueva regulación más restrictiva", apunta José María Zufiaur,
consejero del Comité Económico Social de la Comunidad Europea, que
añade: "Hasta ahora lo que estamos viendo del Gobierno va en la línea
de la criminalización de las protestas en la calle, que son
perfectamente democráticas. Están haciendo lo que ya hizo el Gobierno
catalán cuando empezaron los recortes y es cargar contra la
ciudadanía. Los excesos verbales de unos pocos, no justifican esas
cargas policiales". Vallespín muestra, precisamente, su extrañeza
ante que "una policía muy madura pueda ponerse nerviosa porque unos
pocos sean más violentos. Ha habido excesos".