Mejor político que parado

Alfredo Pérez Rubalcaba se está aprendiendo los 11 nuevos elementos de la tabla periódica para volver a dar clases de Química y Juan Carlos I está repasando la lista de países de América Latina donde habrá elecciones, porque quizá su hijo y jefe, Felipe VI tendría a bien autorizarle ir a ver a los nuevos presidentes. Sabemos lo que van a hacer estos dos ex, pero ¿a qué se dedicarán Cayo Lara o Gaspar Llamazares el día que Alberto Garzón les jubile en IU? Lara podría reciclarse aprendiendo todo sobre nuevas semillas y huertos ecológicos, pero Llamazares lo tendrá complicado para ejercer la medicina después de tantos años.

Hasta aquí, los cuatro mencionados tenían oficio y beneficio antes de liarse en la vida pública, pero ¿pueden dar un portazo al partido Pedro Sánchez o Eduardo Madina si pierden la Secretaría General del PSOE y pasarse al sector privado? Su vida es y ha sido el partido, más allá de las clases como profesores, donde empezaron después de ser destacados militantes. O el caso de la ministra de Sanidad Ana Mato, que entró en el PP hace más de 30 años de la mano de Verstringe cuando era su profesor en la facultad de Políticas -profesor clave también de Pablo Iglesias en la misma Universidad-. Pobre, ¿qué será de ella el día que se quede sin escaño? Por no hablar de otros prototipos como el de Rafael Hernando, eterna promesa del PP, que entró siendo un teeneger en Nuevas Generaciones avalado por el renombre de su tío, el entonces influyente abogado Rafael Pérez Escolar.

¿Qué harían todos estos y muchos más si se quedarán sin el sueldo del escaño o por el cargo? ¿No hubiera sido mejor que hubieran estado menos tiempo cobrando del Congreso de los Diputados, e incluso que tuvieran una vida profesional antes de llegar a la política? En España hay más 100.000 políticos, aunque solo 71.668 son electos. El resto, según cálculos del INE, son asesores o cargos que llegan a las instituciones por el dedazo de los partidos. Hay muchos, miles también, que son electos en pequeños municipios y que no cobran nada, que ese es otro aspecto más noble de ese trabajo.

Hoy, cuando el desprestigio de la política ha calado hasta cotas nunca vistas en la opinión pública, quienes ejercen en la cosa pública nos generan la contradicción de que no queremos que se dediquen a la política eternamente, pero la sociedad también censura el ingreso en la empresa privada. "En una situación ideal el político debería limitar su tiempo en la política. Más que por ley, creando un estado de opinión por el que el tope fueran no más de tres legislaturas en un cargo", dice Beatriz Rodríguez Salmones, diputada del PP.

Valeriano Gómez, exministro de Trabajo con Zapatero, prefiere la limitación a ocho años y por ley: "Venimos de un momento en el que ha sido relativamente sencillo empezar tu vida en política en un Ayuntamiento, luego en la Comunidad Autónoma y terminar en Madrid, en el Congreso de los Diputados o en el Gobierno. El objetivo sería lograr que el cargo público sea una condición, no una profesión. No veo bien que se pueda ser diputado durante 30 años o alcalde 20 años. Aunque habría que encontrar la manera de valorar la experiencia que se ha adquirido, que es muy importante". Pero esto lo dice un exministro de Trabajo y señoría que llegó a la política hace poco tiempo, al final del Gobierno Zapatero. La mayor parte de su carrera ha transcurrido en el sector privado, al que posiblemente volverá cuando deje el escaño.

La resurrección del debate de quienes se aferran al escaño porque no han hecho otra cosa en su vida, nada más que crecer dentro del aparato del partido o desde el Ayuntamiento de turno hasta el Gobierno, no lo ha generado solo la jubilación de Rubalcaba y el asunto de su reciclaje. El revulsivo definitivo se planteó después del 25-M y cuando los Podemos ya aireaban que ellos no iban a vivir de la política, sino que tenían sus trabajos previos y además, si ganaban renunciaban a parte de sus salarios.

Al final, y aunque inicialmente el PP se encogió de hombros, como si el asunto de los "de profesión político para toda la vida" no fuera con ellos, el mismo Rajoy ha tenido que entrar en materia. En vista de que se le escapan hasta los votantes fieles -perdieron dos millones y medio de votos- y que no le queda más remedio que meter mano a la corrupción, vuelve otra vez a hablar de regeneración como si fuera algo nuevo, cuando lleva dando titulares anunciando grandes medidas contra la corrupción y el tráfico de infuencias de la puerta giratoria desde el inicio de la legislatura. Sin resultado. Ante los suyos el lunes, y el martes desde Panamá, el presidente se descolgó con que en septiembre -ya estamos dejándolo todo para después del verano- habría que revisar el régimen económico de los partidos y el estatuto de los altos cargos, aunque ya existen normas para impedir los abusos y la corrupción. El problema es su aplicación. Jordi Sevilla, el ministro que puso en marcha la ley de conflicto de intereses, explica que "no siempre se cumple porque la Oficina de Conflicto de Intereses depende del ministerio de Hacienda y no tiene ni la independencia ni la fuerza suficiente para hacerla cumplir".

Casos como el de Alfredo Timmermans, ex secretario de Estado de Comunicación de Aznar, fichado por Telefónica, impulsaron una legislación para evitar estas situaciones. Lo cual no ha impedido que el espíritu de la ley fuera violentado en situaciones como la de la vicepresidenta Elena Salgado, fichada por Endesa, pero por una filial en Chile. "Lo lamentable es que el mundo económico y empresarial te fiche solo para hacer política, para influir. Aunque hay ocasiones en las que también pueden ficharte por la experiencia que has adquirido. Debería de ser un mix variable, pero hoy se ha reducido al concepto de puerta giratoria, lo cuál no es nada agradable -explica el exministro de Felipe González, Juan Manuel Eguiagaray, quien sí tenía trabajo cuando se afilió al PSE-. El tránsito de la vida civil a la política y viceversa debería ser más fácil, que no fueran comportamientos estanco. Un político no tiene por qué ejercer toda la vida de político, aferrarse porque no sepa como volver a su vida civil. Pero también tengo que decir que la experiencia me ha demostrado que depende mucho de cada persona. En los casos de la llamada puerta giratoria, los hay de auténtico oportunismo y bochorno, pero una cosa es hablar de puerta giratoria y otra establecer un sistema de puertas cerradas. Entonces nadie querría pasar del sector privado a la política. Es un debate antiguo, aunque ahora regrese y no se arregla con un decálogo cerrado", remata Eguiagaray.

La cuestión es que tampoco se debería someter a la muerte civil a los políticos que dejan la vida pública -término que utilizó la socialista Meritxell Batet y le compró el popular José Alberto Martín Toledano cuando tan solo unas semanas antes del 25-M PP y PSOE se negaron a que el proyecto de Ley del Ejercicio del Alto Cargo de la Administración del Estado recortara el fenómeno de la puerta giratoria. Aún no podían prever ni la hecatombe del 25-M ni las dimisiones que ha arrastrado y arrastrará en la vida pública.

Claro que sería injusto hablar de este aferrarse al cargo porque no tienes otro sitio adonde ir sólo en los partidos políticos. En los últimos tiempos, en UGT más de uno se despierta cada mañana pensando en que su secretario general Cándido Méndez -20 años en el cargo- va a presentar la dimisión por los escándalos de los ERE o los cursos de formación, que aunque no le atañen a él personalmente "sí que se han producido durante su mandato y él es la cúpula, pero ¿adónde va a ir el bueno de Cándido?" se pregunta un compañero. En CCOO, la cosa no es idéntica, puesto que existe la limitación de mandatos que se aplicó a Antonio Gutiérrez y ahora le tocará a Toxo, que cumplirá el límite máximo, doce años.

Otro estadio aún más aberrante se presenta en las patronales de los empresarios, donde sus directivos y presidente pueden tirarse décadas o toda una vida -el caso de José María Cuevas, que era un funcionario no un empresario- o permanecer como presidente aún estando implicados en asuntos turbios, como fue el caso de Gerardo Díaz Ferrán o el de Arturo Fernández. Pero es materia para otro día y desde luego, no justifica a los políticos que se aferran al sillón de sus entretelas sólo por mantener el sueldo.