La 'honorabilidad' de los corruptos

Cada vez que la palabra honorabilidad se liga a un caso de posible corrupción política, ya no es que muera un gatito, es que es la prueba de que al honorable en cuestión le están enterrando. El concepto que estos días se ha usado con Rato, también se ha empleado con Pujol -al margen del protocolario trato de molt honorable-, y hasta Pablo Iglesias sentenció a su entonces novia con tan lapidario concepto: "No tengo ninguna duda de la honorabilidad de Tania". Después, la sacó de su vida.

"Honorabilidad nos remite a la Edad Media, a la época de los señores feudales, como si fuese un título del que el resto carecemos. Da la impresión de que la honorabilidad existe al margen de las acciones. Es un concepto de clase, como el de ser de familia bien, algo intrínseco. Y esos lugares comunes los usan incluso los que deberían luchar contra ello", reflexiona Gaspar Llamazares en pleno debate sobre los nombres de cargos públicos que figuran en la lista negra de 715 evasores fiscales: allí, el director de la Agencia Tributaria ha amenazado con darlos a conocer a final de año, espetándole al socialista Pedro Saura que "de entre 29.000 contribuyentes, habrá de todo". Eso se ha interpretado como aviso para navegantes, refiriéndose a jueces, políticos de diversos partidos o altos cargos de la Administración.

La extensión de la sospecha que deslizó Santiago Menéndez ha prendido inmediatamente, sobre todo entre algunos diputados del PP, que hoy trataban de lavar su honorabilidad en los pasillos del Congreso, como Martínez Pujalte, quien bastante irritado despotricaba en alto por que se "siembren dudas, pues provoca que te miren con recelo. O se dicen los nombres o te callas, porque yo no he regularizado nada". Pedro Saura es de los que consideran esencial la publicación de los nombres "para esclarecer dudas, por el bien del sistema y porque nos vacuna para que no vuelva a haber amnistías fiscales que dañan la democracia. Se pueden publicar los nombres en una comisión de investigación y modificando la legislación tributaria. No creo que entre esos 300 cargos públicos, haya muchos políticos".

La honorabilidad tiene una segunda lectura que trasciende al mero hecho de mantener una imagen limpia y pura como resultado de una conducta ejemplar y transparente. Va más allá de comportarse tal y como se exige que lo hagan los demás. Para los que dominan el lenguaje político, "cuando se tira de honorabilidad para referirse a una figura o a un compañero, se refieren a que no han utilizado el cargo público en beneficio propio, sino en beneficio de terceros, ya sea el partido o el Estado, como si fuera una descarga. Aunque luego, la realidad arruine la justificación. Se emplea cuando no hay más argumentos, y se suele confundir con la presunción de inocencia", tal y como explica un experimentado asesor presidencial.

En torno al honor y la decepción, ni tan siquiera Montoro ha logrado ocultar sus sentimientos. En conversación sin micrófonos con un nutrido grupo de periodistas, en mitad de la escalera del patio del Congreso, ha reconocido estar "enfadado y dolido", aludiendo sin citarle a Rodrigo Rato, su antiguo jefe y mentor. Porque en salvar el honor, todos quieren ser los primeros. Para quitarse de encima la utilización política que Hacienda viene haciendo de los datos fiscales de los contribuyentes durante esta legislatura, el ministro ha asegurado que él no ha visto los nombres de los 715 señalados, a pesar de que a la vez es capaz de adivinar que no habrá otro apellido tan sonado como el del ex director del FMI.

"La honorabilidad es un concepto subjetivo. En el Estado de derecho solo hay legalidad e ilegalidad", remata Juan Moscoso, del PSOE, quien recomienda leer al filósofo Javier Goma, autor de Ejemplaridad Pública, que observa: "Por un lado, ejemplaridad sugiere ese plus de responsabilidad moral extrajurídica, exigible a todos pero en especial a quienes se desempeñan en cargos financiados por el presupuesto público. Por otro, la ejemplaridad no admite una parcelación en la biografía entre los planos de lo privado o lo público -artificio válido en Derecho, no en la realidad- porque denota aquello que Cicerón denominó 'uniformidad de vida', una rectitud genérica que involucra todas las esferas de la personalidad".

Quien elaboró el argumentario del Gobierno aseverando que el caso Rato es un tema personal es que sigue pensando que los ciudadanos somos idiotas.