El lastre de la morosidad empresarial

Foto: ISTOCK

España sigue a la cola en materia de morosidad empresarial. Y de manera preocupante. A pesar de las mejoras observadas en los últimos años, el retraso medio de pago sigue siendo de los más altos de Europa (19 días sobre el periodo legal de 60 días) y la tasa de crédito comercial en mora (retraso de pago respecto al plazo legal) se mantiene estable e incluso crece ligeramente (se sitúa en torno al 70% del total del crédito comercial). Así lo viene difundiendo desde hace trimestres el Boletín de Morosidad y Financiación de Cepyme en línea con otros informes que también tratan de medir el fenómeno de la morosidad y su impacto en la economía (ver aquí o aquí).

¿Qué repercusión tiene la morosidad sobre la capacidad de crecimiento del tejido empresarial español? A falta de un estudio en profundidad que ponga cifras a la merma de dicha capacidad de crecimiento -en términos de aportación al PIB y al empleo- una estimación del coste, estrictamente financiero, de la morosidad, sitúa la merma en alrededor de 1.000 millones de euros. Este montante representa cerca del 0,1% del PIB español de 2015. Si bien, el coste del cierre de empresas que no pueden soportar un periodo desproporcionadamente largo sin cobrar de sus clientes puede pensarse que es mucho mayor. De hecho, esta cuantificación prescinde de los costes de los impagos definitivos, así como de todos los costes asociados a la gestión del recobro.

En aquellos entornos donde las empresas no tienen suficiente poder de mercado para repercutir el coste de la morosidad a sus clientes y la estructura y regulación del mercado laboral les impide incidir sobre los costes laborales (lo que podría generar incentivos perversos en la empresa), la morosidad incide directamente sobre el margen empresarial. En esta situación, las empresas tienen dos opciones para defender su margen. O bien reducir sus plantillas - con el subsiguiente aumento de la productividad media por empleado- o bien reducir el propio margen y mantener el empleo, pero internalizando el riesgo de extinción de la empresa, que se produce cuando el dicho margen no permite cubrir todos los costes asociados al capital - financieros, rentas de los inversores, alquileres, etc. - Para muchas empresas, sobre todo pequeñas y medianas, los beneficios para distribuir a los accionistas no llegan al 10% de su facturación.

En España se observa, además, la dificultad del tejido empresarial para reducir los plazos de pago, que se encuentran oscilando desde hace trimestres en torno a un nivel "estacionario". Solo con reformas estructurales de mayor calado, o políticas dirigidas a reducir estos niveles, se podrá revertir la situación. En otras palabras, será difícil que el propio mercado se autorregule en esta materia.

Sería muy deseable que el nuevo Gobierno que salga de las urnas esta vez eleve a categoría de prioridad el problema de la morosidad empresarial. Por aportar una visión constructiva, una medida perentoria para atajar el problema sería alinear la regulación española de periodos legales de pago con el estándar europeo. La regulación de Alemania, Francia e incluso, Portugal, dispone periodos legales de pago menores a 60 días. Otra posible medida, que deberían explorar los expertos en la regulación de esta materia - que los hay, y buenos - sería proporcionar simultáneamente mayores incentivos al cumplimiento en los pagos e introducir mayores penalizaciones para aquellas empresas que incumplan de manera sistemática la regulación sobre plazos de pago (con especial contundencia para aquellas que se encuentran en situación de solvencia y liquidez manifiesta). Finalmente, promover plataformas tecnológicas de compensación multilateral de deudas que engloben a empresas y administraciones públicas podría contribuir muy positivamente a erradicar este problema que, en el largo plazo, no beneficia a nadie.