Vivienda: de las palabras a los hechos

El Gobierno de Pedro Sánchez tiene una obsesión, hacer de la vivienda el quinto pilar del estado del bienestar junto a la educación, la sanidad, las pensiones y la dependencia. El propio presidente, en el debate de investidura, afirmó que esta sería la legislatura de la vivienda. Por otro lado, la ministra Isabel Rodríguez no deja de recordar que entre las prioridades del Ejecutivo está atender una de las principales preocupaciones de la ciudadanía: el acceso a una vivienda digna y asequible.

En esa dirección, pasando de las palabras a los hechos, van cada una de las decisiones que se toman desde el Ministerio de Vivienda, que ha visto multiplicado nada más y nada menos que por ocho el presupuesto destinado a políticas de vivienda respecto a la anterior administración del Partido Popular. Mientras que el PP solo ve en la vivienda un negocio, nosotros los socialistas vemos ante todo un derecho. De hecho, un derecho constitucional. Mientras las políticas del PP en esta materia siempre se han enmarcado en la especulación, las nuestras hacen todo lo opuesto. La gran muestra de ello es la primera Ley de Vivienda de la democracia, impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez. Nosotros apostamos por construir vivienda pública, mientras que el PP prefiere venderla o regalarla a fondos buitre.

Los que sí creemos en la Constitución consideramos que ésta tiene que cumplirse. Y el incumplimiento de su artículo 47 ha sido flagrante durante muchos años. Este artículo señala la vivienda como un derecho de todos los ciudadanos y ciudadanas, y añade también algo más. Algo que deliberadamente el PP ignora en sus intervenciones al respecto: la obligación de todas las administraciones de trabajar desde su ámbito competencial para hacer efectivo este derecho.

Este mismo jueves, el Congreso debatirá y votará un Real Decreto Ley que tendré el honor de defender para prorrogar la prohibición de los desahucios hipotecarios que afecten a personas vulnerables, es decir, a personas en situación de desempleo, a familias numerosas, a familias monoparentales con hijos a cargo, a familias con personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33%, a familias con mayores de 60 años y a víctimas de la violencia de género. Esto evitará el desahucio de unos 30.000 hogares con personas vulnerables al año, según la propia Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).

Aunque según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en el año 2023 hemos tenido la cifra más baja de desahucios desde que en 2013 se inició el recuento, disminuyendo un 30,3% estos casos. Pero no tenemos que conformarnos. Porque siguen siendo muchas las personas que viven con un elevado riesgo de pobreza y porque nuestra razón de ser es trabajar incansablemente para avanzar hacia una sociedad realmente justa en la que todos y cada uno de sus componentes tengan garantizados unos mínimos imprescindibles para vivir con igualdad de oportunidades respecto a los demás.

Somos conscientes de que queda mucho por hacer, que habrá que seguir haciendo más, mucho más. Pero con las palabras, y sobre todo con los hechos, queda claro que las políticas del PP van dirigidas a unos pocos privilegiados y que las políticas socialistas están pensadas para beneficiar a la mayoría social.